Rechazamos contundentemente las constantes agresiones y violaciones a los DDHH que se cometen contra los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el país

17 junio, 2020

Derechos humanos y Lucha contra la impunidad, Niñas, niños, adolecentes, jóvenes y mujeres

Las Organizaciones articuladas a la Plataforma Colombiana de organizaciones sociales y populares por el protagonismo de niños, niñas y jóvenes, y que suscribimos esta declaración, rechazamos de forma contundente las constantes agresiones y violaciones a los Derechos Humanos que se siguen cometiendo contra los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el país. Uno de los más recientes hechos de esta naturaleza se cometieron en zona rural del municipio de Ituango, Antioquia, el pasado 6 de junio, en la vereda Quebrada del Medio, en donde fueron asesinadas tres personas por presuntos integrantes del Clan del Golfo. Entre las víctimas se hallaban William Pérez de 48 años y dos menores de edad, Carlos Barrera de 17 años y Camilo Sucerquia Durango de 15 años, hijo de una ex integrante de las FARC en proceso de reincorporación. Otro de los hechos se dio la madrugada del 12 de junio en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez de Mesetas, Meta, lugar en el que fue asesinado el joven de 20 años Eliecer Gómez Restrepo, hijo de Erika Restrepo, ex integrante de las FARC y miembro de la comisión de búsqueda de desaparecidos del ETCR[1].

Entre los meses de enero y marzo del presente año y según el monitoreo del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, se identificaron 73 eventos asociados al conflicto armado en los cuales hubo 48 casos de afectación directa a 6.370 niños, niñas y adolescentes[2]. De igual forma, desde que se decretó la cuarentena nacional y según el registro actualizado permanente de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2020 del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz – Indepaz[3], fueron asesinados tres menores de edad quienes tenían vínculos familiares con líderes y lideresas sociales, estos eran: Kevin Gasca de 14 años, Rober Gasca de 11 años y Katerine Narváez de 15 años.

Además, durante el aislamiento se han dado otros casos como el de Yilber Yatacué de 14 años, miembro de la comunidad Nasa, quien fue asesinado por una bala perdida en medio de un combate entre la Fuerza Pública y la Columna Móvil Dagoberto Ramos en el resguardo Tacueyó en Toribío, Cauca[4]; o el caso de dos niñas de 9 meses y 5 años, quienes murieron luego de que hombres armados dispararon contra ellas y sus padres mientras transitaban por la vereda Dos Aguas en Suárez, Cauca[5]. A estos hechos también se suma el asesinato en Puerto Tejada, Cauca, de Anderson Arboleda de 24 años, a manos de un policía que un acto de intolerancia y discriminación acabó a golpes con la vida del joven[6].

El aumento en las cifras de reclutamiento forzado es alarmante, pues durante los primeros cinco meses del año, 128 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados o vinculados a grupos armados[7]. Lo anterior es un fiel reflejo de cómo se victimiza a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ante la omisión cómplice del Estado Colombiano y del Gobierno, que lejos de avanzar en la garantía de sus derechos y la construcción de paz, se reitera en discursos guerreristas y decisiones que alientan la agresión contra los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, sus hijos y familiares.

En este sentido, apoyamos las palabras del jefe de la misión de la ONU para la implementación del acuerdo de paz, Carlos Ruiz Massieu, cuando afirma que se requieren medidas urgentes para proteger a la comunidad y a quienes siguen comprometidos con su proceso de reincorporación[8]. Además, reiteramos la urgente necesidad y obligación que tiene el Estado para aplicar medidas efectivas de prevención y protección para garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Colombia, con especial atención en las zonas más vulnerables que han vivido la violencia del conflicto armado.

Un país, un Estado y un Gobierno que permiten los asesinatos de sus niños, niños, adolescentes y jóvenes, no tiene futuro y avanza presuroso hacia su propia destrucción.

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