«El balance de las conversaciones con el gobierno es negativo, se puede definir como un incumplimiento total, planificado y malintencionado»
Al iniciar este nuevo año, la Asociación Campesina del Catatumbo llega a la Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo (MIA-Catatumbo) con la convicción de que éste es un escenario útil para posicionar las reivindicaciones del campesinado de la región en torno a la consecución de mejores condiciones de vida para todos y todas, lo anterior no sólo por el hecho de que el espacio en si mismo es fruto de la movilización; sino porque, en esta mesa esperamos concretar acuerdos, cronogramas y presupuestos que aporten a la resolución las exigencias del campesinado movilizado en el Catatumbo.
El balance de las conversaciones con el gobierno es negativo, se puede definir como un incumplimiento total, planificado y malintencionado. Por tanto, resulta imposible negar una serie de preocupaciones originadas por más de 8 meses de dilaciones, evasivas e incumplimientos, a los acuerdos firmados por parte del gobierno nacional; como veremos en detalle, las vacilaciones del presidente Santos frente a la necesidad de brindar garantías que blinden la mesa, su persistencia en la formula belicista de la Política Nacional de Consolidación y Reconciliación Territorial (PNCRT), la deslealtad e incumplimiento para con los acuerdos firmados y por supuesto la incesante persecución y estigmatización por parte de paramilitares, militares activos e inclusive por parte de los miembros de la comitiva gubernamental en la MIA-Catatumbo, nos han obligado a hacer el presente llamamiento fundado con base en las siguientes:
DENUNCIAS DE FALTA DE GARANTÍAS
1. La muerte y la impunidad siguen siendo una herramienta del sistema político colombiano contra quienes exigimos apertura y cambio: El mundo vio las imágenes del asesinato de cuatro campesinos que durante la movilización que dio origen al establecimiento de la MIA-Catatumbo, protestaron exigiendo la constitución de una Zona de Reserva Campesina (ZRC); estos cuatro mártires campesinos cayeron por balas provenientes de armas como las que ese día disparó la policía y el ejercito contra los manifestantes, en imágenes captadas en la zona se aprecian policías apuntando sus fusiles contra la multitud desarmada, policías fueron grabados por medios internacionales mientras se ufanaban de haber dado muerte a los campesinos que se manifestaban; con todo estos elementos materiales probatorios no sólo es de esperarse que ya se hubieran generado condenas contra quienes dispararon, con todo el material que se ha entregado a las autoridades es exigible que se condenen a los superiores jerárquicos de los policías y militares que mataron a Edinson Franco, Diomar Angarita, Leonel Jácome y Hermides Palacios.
Sin embargo, después de más de medio año de las muertes de nuestros hermanos, no se ha iniciado ni un solo juicio contra sus asesinos; del mismo modo, oficiales como Marcolino Tamayo o Rodolfo Palomino, siguen en sus puestos de mando o han sido promovidos a cargos de mayor rango.
Ahora, después del levantamiento del paro se sumaron a estas cuatro muertes la de nuestro compañero Jorge Eliecer Calderón Chiquillo, quién fue un connotado participante de la movilización al cuál el Ejército Nacional le disparó y dio muerte, en un falso combate. Adicionalmente Duvis Antonio Gálvis, quién fungía como líder comunal en el municipio de Sardinata vinculado a la MIA-Catatumbo y quién era conocido por su oposición al ingreso de la PNCRT al territorio, fue asesinado en circunstancias que aún se hayan sin investigar, en inmediaciones a un área patrullada por el Ejército Nacional.
En suma, podemos decir que la muerte impune de campesinos y los vínculos de estos crímenes con la intervención irregular de policías y militares, ha sido una constante de este proceso político de oposición; por ende, consideramos que de entrada estas circunstancias socaban el fundamento mínimo de las garantías exigibles en cualquier democracia, es decir: el respeto a la vida del contradictor.
2. Los encarcelamientos persisten y los campesinos presos por montajes judiciales aumentan con el pasar de los días: No son pocos los compañeros que hoy tienen la calidad de presos políticos, encarcelados mediante montajes judiciales, castigados por pensar diferente; sin embargo, sobresalen los casos de Freddy Chona, un boga, líder de su comunidad, reconocido por su activa participación en la reciente movilización popular y que ha sido referenciado de manera mentirosa como supuesto hombre de confianza de un comandante insurgente; William Mora, periodista, miembro activo de los procesos comunitarios en la región, fue encarcelado por su vehemencia política y también es acusado de pertenecer a un grupo insurgente; Elivaneth Uribe, joven miembro de los equipos de apoyo en campo de la Ascamcat, capturado en el marco del paro, falsamente presentado como guerrillero, otro compañero castigado por disentir; de hecho, existen zonas de la región donde ésta práctica se ha convertido en una violación sistemática de derechos contra jóvenes y adultos, por ejemplo, podemos señalar el número ascendente de capturados en la vereda La Primavera, municipio de Tibú, gracias a montajes judiciales, como una forma de hacer de la represión una constante intimidatoria contra los campesinos.
Adicionalmente, nuestros compañeros Ramón del Carmen Ortega, Edgar León Sanguino, Osneider Balmaceda, Jeison Antonio López Coronel, José del Carmen Maldonado Serrano y Henry Franco Jaimes; siguen sufriendo en su calidad de presos políticos todo tipo de arbitrariedades judiciales y vejámenes propios de la crisis carcelaria nacional.
Estos encarcelamientos injustificados se suman a los montajes judiciales que sufren líderes campesinos y académicos críticos como Huber Ballesteros y Francisco Tolosa respectivamente.
3. Atentados y hostigamientos contra los voceros de Ascamcat: Otra prueba de la necesidad del desmonte del paramilitarismo como prerrequisito de la paz y la democracia: Tanto un allanamiento ilegal a la casa de la líder campesina Olga Quintero como un disparo que impactó contra el vehículo en el que ella se movilizaba, justo por el costado en el que esta se encontraba; son pruebas de que el latifundio, la economía de enclave y algunos sectores de las FF.MM siguen recurriendo al magnicidio como herramienta política.
Del mismo modo, los constantes seguimientos y los hostigamientos generalizados a todo el equipo negociador, indican que el paramilitarismo mantiene una capacidad operativa que exige del gobierno nacional multiplicar las lacónicas medidas preventivas adoptadas hasta la fecha; sin embargo hasta hoy la mayoría de nuestros compañeros y compañeras carecen de medidas preventivas acordes con el riesgo de una situación en la que públicamente autoridades militares y grupos paramilitares han ofrecido recompensas por ellos y ellas.
4. En este sentido es preciso que para brindar garantías en términos de derechos humanos, civiles y políticos, se avance en la búsqueda de rutas que permitan concentrar el trabajo de entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección, en resolver de manera pronta las problemáticas descritas.
5. La amenaza de reanudar fumigaciones indiscriminadas o las erradicaciones violentas de hoja de coca en la región es un saboteo directo a la mesa: Puesto que la crisis social, ambiental y humanitaria que se generaría con una escalada violenta de este tipo por parte del estado, es de forma casi segura, otro detonante para el descontento, la exclusión, la frustración y la rabia acumulada por años en los corazones del campesinado. En este sentido se hace imperativo ratificar el acuerdo de suspensión de la erradicación y suspensión de fumigaciones por parte del gobierno nacional.
6. El gobierno nacional mantiene una agenda paralela a la de MIA-Catatumbo en la región, esto socava la credibilidad de los acuerdos y sus ejecutorias: Esta muestra de falta de voluntad política para respetar la agenda y los acuerdos a los que se llegue en la MIA-Catatumbo, se prueba con iniciativas como la de actualización cartográfica para la exploración minera, proyectos de reparación colectiva en La Gabarra y proyectos productivos ofertados en corregimientos como San Pablo y La Cecilia; pues al avanzar de manera paralela e inconsulta en temas que están aún bajo debate en la MIA-Catatumbo, se disminuye el alcance y la relevancia de lo pactado por las partes en la mesa.
7. Sin destinaciones presupuestales específicas para el 2014 no hay garantías de financiación de los acuerdos de la MIA-Catatumbo: Parte de los lugares comunes del gobierno en las maniobras dilatorias esgrimidas en los meses anteriores es la falta de recursos, ahora, si las previsiones presupuestales relativas no se han hecho, el gobierno nacional estará destinando al fracaso y la parálisis su participación en la MIA-Catatumbo.
Es por esto que es necesario que los ministerios de Hacienda y Agricultura, así como el DPS nos aclaren cuales son las destinaciones presupuestales que tienen previstas para este año. Aun el gobierno nacional no se ha pronunciado sobre qué porcentaje del 2×1000 para el sector agropecuario se piensa destinar en inversión a la región.
DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTOS A LOS ACUERDOS
1. Como parte de los múltiples retrasos o incumplimientos de los acuerdos pactados, nos preocupa que a la fecha, ni se ha informado el avance del proceso de socialización del proyecto de acuerdo de constitución de ZRC-C con los miembros del Concejo Directivo del Incoder, ni mucho menos, se han abierto los espacios para que el campesinado participe en dicho proceso. Del mismo modo, a la fecha el gobierno nacional debería haber dado a conocer el concepto jurídico del proyecto acuerdo de constitución de la ZRC-C y esto no ha sucedido.
2. En el mismo sentido y como parte de los incumplimientos más recientes del gobierno nacional, éste no asistió al análisis y la evaluación del avance de los Acuerdos de Confianza en la sesión del Comité de Seguimiento a los Acuerdos de Confianza, prevista para el 29 y 30 de enero de 2014. Situación que atrasa los cronogramas previstos y sobre todo, que aplaza la satisfacción de necesidades básicas del campesinado en la región.
3. Del mismo modo, encontramos que el acuerdo de reparación a las familias víctimas de la erradicación violenta se encuentra aún sin ejecutar y a la fecha no hemos podido superar la fase de monitoreo inicial. Esta parálisis de debe a que por parte del gobierno nacional hay una persistencia en vincular al proceso a la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial (UACT). Por nuestra parte aunque conocemos que la UACT en particular y el «Plan de Consolidación» (PNCRT) en general, no están adscritas formalmente al Ministerio de Defensa; entendemos que tanto al UACT, como el diseño en la PNCRT son una extensión de la política de guerra del gobierno nacional formulada por el Consejo de Seguridad Nacional.
Así mismo, la violencia y descomposición generalizada de las Fuerzas Militares en la región del Catatumbo, así como el accionar de mandos militares que oscilan entre la legalidad y la ilegalidad, hacen para nosotros y nosotras, inaceptable la base sobre la que, según sus propios documentos está orientada la política de consolidación territorial, esto es: el aseguramiento militar del territorio. La dinámica descompuesta del conflicto en esta región, el paramilitarismo y las violaciones recientes al DIH; hacen que la presencia de las FFMM y de la UACT, no genere la confianza necesaria para garantizar la vida, la seguridad y la dignidad de los campesinos y campesinas victimas. Los campesinos no queremos bajo ninguna modalidad la cuestionable injerencia de a la UACT en nuestro territorio, no queremos que nuestros verdugos sean encargados de repararnos.
Adicionalmente podemos decir que para nosotras y nosotros es claro que la UACT, es una entidad adscrita al DPS y no al Ministerio de Defensa, sin embargo como hemos dicho; el fundamento de la PNCRT aún cuando no se formule formalmente desde el Ministerio de Defensa, es un proceso pacificación militar y aseguramiento bélico del territorio; por ende es nuestro deber constitucional, rechazar la guerra y aportar a la paz, rechazar la PNCRT y exigir que se abran espacios institucionales para cumplir los acuerdos de reparación pos-erradicación, desde la lógica en la que fueron firmados.
En este sentido, las comunidades campesinas hemos redactado unas misivas donde como un acto de dignidad hemos preferido abdicar en nuestro interés de aplicar el acuerdo, si el gobierno persiste en seguir deformando lo pactado en favor de la injerencia militarista. Esperamos que como respuesta a nuestra decisión el gobierno no decida echar por la borda el acuerdo alcanzado y que más bien, este se ejecute por el DPS directamente o por otra entidad encargada de desarrollo rural.
4. Del mismo modo, la terquedad del gobierno nacional y su obstinada pretensión de imponer la participación de la UACT en el desarrollo de los acuerdos, ha conducido a que la ejecución de los acuerdos de los proyectos tipo «IPDR» esté también en entre dicho. A la fecha de manera abiertamente desleal el gobierno ha subordinado la aplicación de los acuerdos sobre IPDR a la firma de un convenio entre los campesinos y la UACT para que, según la modificación del artículo 10 del Acuerdo 308 de 2013, los campesinos nos obliguemos con la UACT a la «erradicación total» de los cultivos de coca.
Esto como hemos dicho, representa, no sólo una intromisión de la UACT en asuntos de desarrollo rural, sino que además es una falta de respeto para con la agenda pactada en la MIA-Catatumbo; pues, aún cuando tenemos en proceso de discusión un «Programa de Sustitución de Ingresos Derivados del Uso Ilícito de la Coca», el gobierno de manera inconsulta pretende «amarrar» los acuerdos de confianza a un acuerdo de «erradicación», quitándole con esto alcance a la discusión agendada.
En este sentido las comunidades campesinas confiamos en que el gobierno nacional modifique lo impertinente de su posición, recapacite y entienda que la imposición y la marrullería, no son una ruta eficaz para solucionar los conflictos que nos convocan en la mesa.
En este sentido, a modo de conclusión y según las faltas de garantías y los incumplimientos expuestos queremos extender este llamamiento:
A todas las Comunidades Campesinas y a la comunidad Catatumbera en general: para que nos mantengamos atentas para continuar en la defensa del territorio y de la vida, mediante la movilización, la solidaridad y la dignidad.
A las familias victimas de la erradicación violenta de hoja de coca: Para que nos mantengamos como referente de dignidad e interés de construcción de paz y para que sigamos rechazando la militarización de la política de desarrollo rural.
Al Pueblo Barí: Para que persistamos en nuestros acuerdos alrededor de la defensa del territorio y, para que juntos construyamos un Catatumbo incluyente en términos sociales; e intercultural, simbólica y políticamente hablando.
A la comunidad nacional e internacional: para que sea testigo de la falta de garantías para el ejercicio de derechos civiles en éste país, para que se oponga a que Colombia sea un país donde la manifestación de la diferencia está prohibida y para que aporte activamente exigiendo al gobierno Santos que el ejercicio de la contradicción política sea efectivamente garantizado en las movilizaciones campesinas.
Al Gobierno Nacional: Para que desista de las tramoyas militaristas y no fuerce la competencia de la UACT, esta es competente sólo para ejecutar la PNCRT y aquí no nos encontramos ejecutando esta política. Del mismo modo llamamos al gobierno para que ejecute los acuerdos firmados y para que garantice en este 2014 recursos para los acuerdos que han de firmarse.
Asociación Campesina del Catatumbo.
San José de Cúcuta, 5 de febrero de 2014.