Por homicidio en persona protegida y secuestro simple agravado profieren condena contra el coronel Wilson Ramírez Cedeño y otros 11 militares pertenecientes al Batallón de Ingenieros No. 14 Batalla de Calibío
El Juzgado Penal Del Circuito Especializado de Descongestión de Cartagena, profirió condena a 37 años de prisión, multa de dos mil ochocientos salarios mínimos legales y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el termino de 16 años contra él coronel Wilson Ramírez Cedeño, quien para la fecha de los hechos fuera el Comandante del Batallón de Ingenieros No.14 Batalla de Calibío, adscrito a la Decimo Cuarta Brigada. Esta misma condena fue impuesta al cabo Silvio Sánchez Ocoro y al soldado profesional William Najera Better, al hallarlos responsables en calidad de coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro simple agravado, del campesino Parmenio Manuel Hernández, en hechos ocurridos el día 28 de diciembre de 2007, en la vereda la Poza, jurisdicción del municipio de Canta Gallo Sur de Bolívar, donde tropas del pelotón Aniquilador 1, pertenecientes al Batallón Batalla de Calibío en desarrollo de la operación Majestad ejecutaron extrajudicialmente al campesino.
Por estos mismos hechos y en este mismo fallo, fueron condenados el Capitán Javier Alarcón, y los soldados profesionales William Álvarez Otero, Raúl Weimar Valencia, Hernán Darío Mosquera, Cayetano de Jesús Gutiérrez, Julio Jaime González Basilio, Leonel Gómez Mosquera, Eduardo Ruíz Tovar y Carlos Vega Arrieta, por los delitos de Homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado y falsedad ideológica en documento público a 39 años de prisión, multa de 2800 salarios mínimos e inhabilidad para el ejercicios de derechos y funciones públicas por 17 años.
El coronel Ramírez Cedeño y el capitán Javier Alarcón, fueron destituidos en octubre de 2008 de sus cargos los cuales desempeñaban en el Batallón de Ingenieros No. 14 Batalla de Calibío adscrito a la Brigada XIV, el primero como comandante del batallón y el otro como oficial del inteligencia (S2), en la purga realizada al interior de las fuerzas militares para apaciguar el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales que se hicieron públicas con los crímenes cometidos con los jóvenes de Soacha. El coronel Ramírez Cedeño, a pesar de su destitución como militar se encuentra recluido en centro de reclusión militar del Cantón Militar de APIAY desde que se hizo efectiva la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía Octava Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla el 28 de septiembre de dos mil doce, cuando fue llamado a juicio. Por su parte, el Capitán Alarcón se encuentra prófugo de la justicia. Los otros militares condenados por el secuestro y la ejecución extrajudicial del campesino, también gozan del privilegio de estar recluidos en Centros de Reclusión Militar –CRM-; incluso algunos de ellos se encuentran en el CRM del mismo Batallón Calibío, de donde salieron a perpetrar este crimen.
Estos militares están siendo investigados en otros procesos judiciales por otros casos de ejecuciones extrajudiciales –falsos positivos-, con lo que se evidencia la sistematicidad de esta práctica criminal incentivada por ascensos, felicitaciones en las hojas de vida, y permisos al interior de las fuerzas militares.
En el reciente informe de Human Rights Watch, «El rol de los altos mandos en falsos positivos», presentado públicamente hoy 24 de junio, se destaca que la Brigada XIV actualmente está siendo investigada por la comisión de 51 casos de ejecuciones extrajudiciales en cabeza del general Jorge Segura y el Coronel Juan Carlos Barrera.
Este fallo es proferido luego de 8 años de una ardua lucha de las víctimas contra la impunidad, exigiendo sus derechos a la verdad, la justicia y reparación integral.