Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia – Junio 2021

9 julio, 2021

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Actualidad, Construcción de paz y memoria, Derechos humanos y Lucha contra la impunidad

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizó una visita durante el 8, 9 y 10 de junio en varias ciudades del país, para observar de cerca la situación y violación de derechos humanos que han vivido manifestantes, periodistas, defensores y defensoras, misiones médicas, y la sociedad en general, por parte de miembros de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), durante las jornadas de movilización y protesta en el marco del Paro Nacional. Tras la visita, la CIDH publicó un informe de 48 páginas con observaciones y recomendaciones al Estado colombiano, expresando su gran preocupación ante la crisis que atraviesa el país y que se ha agravado por las violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de la Fuerza Pública; condenando el uso excesivo de la fuerza y los abusos de autoridad, las agresiones a periodistas y misiones médicas; además de los diferentes tipos de violencias basadas en género, etnia y raza.

Dentro de las recomendaciones realizadas por la CIDH, organizaciones sociales y de derechos humanos han destacado una serie de ellas^[1]:

Promover y reforzar, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo genuino, con enfoque territorial, que permita la escucha de todos los sectores, en especial a aquéllos que han sido más afectados por discriminación histórica, social y estructural en el país.
Respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población.
Separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares.
Promover el estándar interamericano según el cual los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra las personas que participan de las manifestaciones y protestas, en especial jóvenes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, mujeres, personas LGBTI y personas defensoras de derechos humanos.
Adoptar las medidas necesarias para reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales, incluyendo mecanismos de denuncia, atención, investigación y reparación con perspectiva diferenciada, de proximidad y de atención por personal especializado.
Adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado, por medio de la investigación, de forma imparcial, exhaustiva y expedita de las denuncias de violación de derechos humanos; así como juzgar y sancionar a los responsables. De igual manera, reparar a las víctimas y sus familiares.
La CIDH continuará monitoreando el desarrollo de las protestas sociales al tiempo que expresa su más amplia disposición para brindar asistencia técnica al Estado para el seguimiento de las recomendaciones, para lo cual anuncia la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad.

El Gobierno Nacional, en su actuar negacionista de la realidad, rechazó las recomendaciones de la CIDH demeritando el trabajo de acompañamiento durante la visita y el trabajo de investigación realizado en diálogo con manifestantes y organizaciones. El Presidente Iván Duque declaró sobre la injerencia del informe que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”^[2], enfocando su postura en los bloqueos de las vías del país, sin referirse a las violaciones de derechos humanos registradas contra la población civil. De igual forma lo hizo la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, quien no tuvo reparos en aclarar que el cumplimiento de las recomendaciones no es obligatorio y añadir que a algunas de las recomendaciones les hace falta “objetividad”^[3].

Cabe recordar que antes de que la CIDH llegará al país, el Gobierno colombiano había negado una visita, decisión de la que se tuvo que retractarse y aceptar finalmente. El negacionismo de Estado frente a una crisis evidente a nivel internacional, ha hecho que dirigentes de la comunidad internacional se manifiesten frente a la grave situación que vive Colombia y que ha sido contrastada en el informe presentado, por eso, luego de que este fuese publicado, senadores de Estados Unidos se pronunciaron expresando su respaldo al trabajo realizado por la Comisión y pidiendo al presidente Joe Biden, que direccione al Departamento de Estado y a USAID, para que prioricen su asistencia a Colombia^[4], condicionando a un verdadero cumplimiento y garantía de derechos humanos por parte del Estado y sus instituciones con la sociedad.

Desde Humanidad Vigente resaltamos el arduo trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita de trabajo, e instamos al Estado al acatamiento de las recomendaciones emitidas, con el fin de respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que ejercen su derecho a la protesta, reparar integralmente a las víctimas y evitar que los graves hechos reconocidos por la CIDH vuelvan a repetirse.