No es coherente afirmar que las niñas violadas admitieron el hecho
la Casa de la Mujer rechaza enfáticamente las declaraciones del General Navas frente al caso del subteniente del Ejército, Raúl Muñoz Linares, militar acusado de haber violado a dos niñas en Arauca.
«…esos delitos los habría cometido el pasado 2 y 14 de octubre con presunto consentimiento de las niñas»: COMANDANTE DEL EJÉRCITO, GENERAL ALEJANDRO NAVAS RAMOS.
Es inadmisible que un militar, comprometido bajo la gravedad del juramento a responder por la seguridad y dignidad de un país, diga en un medio masivo de comunicación que las violaciones sexuales en contra de las dos niñas en Tame, Arauca el pasado mes de octubre, se perpetraron con presunto consentimiento de las víctimas.
La Casa de la Mujer impugna esas afirmaciones. En primer lugar nadie admitiría un delito en contra de su propia vida y en segundo, la Casa le recuerda al comandante Navas que según el artículo 209 del Código Penal colombiano, la edad de consentimiento para tener relaciones sexuales, es de 14 años:
«La razón de los preceptos acusados reside en la protección de los menores de catorce años, quienes no gozan de una suficiente capacidad de comprensión respecto del acto carnal y, por tanto, aunque presten su consentimiento para realizarlo o para llevar a cabo prácticas sexuales diversas de él, no lo hacen en las mismas condiciones de dominio y auto – control propios de la persona mayor». Corte Constitucional. Sentencia C-1095 de 2003, M.P.Ñ Marco Gerardo Monroy Cabra
Lo que significa que bajo ninguna circunstancia es coherente afirmar que las niñas violadas pudieron haber admitido el hecho.
Exigimos además un duro castigo para el criminal, quien aprovechó su condición de autoridad —circunstancia de agravación punitiva, artículo 211, inciso b— para intimidar, maltratar y violar a sus víctimas.
Igualmente la Casa debate las aserciones de otro comandante de las Fuerzas Militares, almirante Édgar Cely, quien afirma que es importante «tener filtros más severos para la selección e incorporación del personal de uniformados». La Casa, como organización feminista, no considera que la solución esté en una mejor clasificación del personal, sino en la transformación de las prácticas patriarcales que desde los entrenamientos militares orientan a los varones a subvalorar a las mujeres, pasando por encima de su dignidad y de sus derechos humanos. Apodos como «gallina», «nenita», «mujercita»; entre otros más osados y para ellos humillantes, son solo algunos ejemplos con los que se busca «ofender» a los soldados, pues la comparación con lo femenino resulta ser un insulto.
No se trata simplemente de escoger «mejor», se trata de transformar conductas de machos que todo lo pueden, de dar otro valor a la fuerza; de elaborar discursos que rompan con el imaginario de «hombres conquistadores» porque llevan puesto un uniforme; de hombres con poder porque portan armas. El arduo trabajo está en dar verdadero y justo valor a lo qué significa llevar consigo la responsabilidad de velar por la seguridad de un país, y por ende garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Con vergüenza debemos recordar que, según datos de medicina legal y retomados por el periódico El Tiempo, en el 2009, 63 miembros de la fuerza pública estuvieron comprometidos en denuncias por abuso sexual, y este año el caso de las dos niñas víctimas de violación en Arauca saca a flote otras 18 denuncias en contra de actores armados legales.
Si las investigaciones conducen a evidenciar la responsabilidad del subteniente Muñoz en el homicidio de una de las niñas, instamos al Estado a que la decisión jurídica frente a la respectiva condena, tenga en cuenta que se trata de un delito con pena agravada por haber sido cometido contra una mujer por el hecho de ser mujer.
Bogotá, noviembre de 2010