Menores de 18 años víctimas en el marco del Paro Nacional (28 de abril – 28 de junio)

Hoy, 28 de junio, se cumplen dos meses desde que iniciaron las manifestaciones en el marco del Paro Nacional. Durante este periodo el país y la comunidad internacional han sido testigos de diferentes formas de violencia ejercidas por la Fuerza Pública, particularmente la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), en contra de las y los manifestantes y en general, la sociedad civil; agresiones que han ido desde mutilaciones oculares, violencia sexual, privaciones arbitrarias de la libertad, desapariciones, hasta asesinatos. 

El Paro Nacional ha estado marcado por un gran activismo por parte de la juventud, de allí que una de las formas más reprochables de actuación por parte de la fuerza pública ha sido la represión y la violencia ejercida en contra de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) menores de 18 años, y que no ha sido suficientemente visibilizada. Ejemplo de ello, el caso de los menores afectados en Puerto Resistencia, los cuales tuvieron que ser sacados de sus hogares, pues tenían signos de ahogamiento a causa de los gases lacrimógenos que tiró el ESMAD. Entre estos menores afectados se encuentra una víctima fatal de tan solo 18 meses. De esta forma desde los datos de la Campaña Defender la Libertad, hemos documentado las cifras de NNAJ afectados en estos dos meses de manifestaciones:

• 8 víctimas de violencia homicida.
• 35 víctimas de desaparición.
• 22 víctimas de agresión física.
• 134 víctimas de detención arbitraria.
• 2 víctimas de violencia sexual.

Estos hechos demuestran un desconocimiento de la condición de extrema vulnerabilidad y como consecuencia, necesidad de protección de la niñez por parte de agentes estatales, la cual se encuentra acentuada en escenarios de riesgo como enfrentamientos desproporcionados de la Fuerza Pública con manifestantes, en los cuales el Estado adquiere una obligación especial de cuidado derivada del artículo 44 de la Constitución Política y los estándares internacionales. Esta obligación implica un especial deber de los agentes estatales de proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de los NNAJ, de lo contrario se estarían quebrantando principios constitucionales y obligaciones internacionales. 

En esta misma línea, La Corte IDH ha reconocido que existe una responsabilidad agravada del Estado cuando sus agentes propician violaciones de derechos humanos contra niñas, niños y adolescentes, debido a la gravedad que revisten los actos de violencia en perjuicio de la niñez, especialmente en contextos violentos. El Tribunal Interamericano ha declarado la responsabilidad internacional de los Estados, incluso Colombia, como por ejemplo en el caso de la Masacre de Santo Domingo o el caso de la Masacre de Ituango, cuando agentes estatales han atentado contra la vida e integridad de NNAJ por el uso desproporcionado de la fuerza.

Por lo anterior, rechazamos las violaciones de derechos humanos en contra de NNA que se han perpetrado en el marco de las protestas del Paro Nacional desde el 28 de abril y exigimos la investigación con debida diligencia y sanción de los responsables a través de juez competente que en ningún caso puede ser la jurisdicción penal militar. Instamos al Estado a reparar integralmente a las víctimas y sus familiares, con un enfoque transversal de niñez. Hacemos un llamado al Estado colombiano a garantizar el derecho a la protesta pacífica, especialmente de niñas y niños que han decidido alzar su voz en contra de las injusticias y con la intención de exigir respeto, garantía y cumplimiento de sus derechos.