“Martín Sombra” miente a la JEP y contradice la verdad judicial e histórica sobre la masacre de Mapiripán

• La Corte IDH, la Corte Suprema de Justicia y juzgados nacionales establecieron responsabilidad estatal en la Masacre.

El 13 de julio de 2023, se hizo pública una diligencia reservada de versión voluntaria de la SRVR de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, con Elí Mendoza alias «Martín Sombra» en el macrocaso 07 sobre «reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado».

Durante esta diligencia, y a pesar de la falta de relación con el caso investigado por la JEP, el compareciente Elí Mendoza se refirió a la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida en julio de 1997, asegurando, sin mayor evidencia y en un acto que contradice numerosas decisiones judiciales, que dicha masacre fue cometida por hombres bajo su mando en el frente «Aureliano Buendía» de la exguerrilla Farc-Ep, y que en ese entonces acostumbraban a responsabilizar a otros por sus acciones.

Las declaraciones de Elí Mendoza, contrarían el pronunciamiento público realizado pocos meses después de la masacre por el entonces comandante paramilitar Carlos Castaño, quien reivindicó 49 muertes y  anunció que habría “muchos más Mapiripanes”; y también los hechos probados y esclarecidos por diferentes instancias judiciales nacionales e internacionales.

A lo largo de 26 años, han sido condenados 24 integrantes de grupos paramilitares y seis agentes estatales y otros continúan bajo investigación; decisiones judiciales que en conjunto han confirmado la responsabilidad de grupos paramilitares e integrantes de las fuerzas militares en una operación conjunta. En estos términos fue establecido por el Juzgado Tercero Municipal de Villavicencio que condenó a los paramilitares Elkin Casarrubia Posada y Dumar de Jesús Guerrero Castillo por estos hechos, luego de su aceptación de cargos.

Igualmente, por estos hechos, fueron condenados el excoronel del Ejército Hernán Orozco Castro y el exgeneral Jaime Humberto Uscátegui, excomandante de la VII Brigada del Ejército, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2014. En el procedimiento de Justicia y Paz (ley 975 de 2005) varios exintegrantes de los grupos paramilitares aportaron detalles de la masacre.

A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), concluyó el 15 de septiembre de 2005 la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la masacre, en razón de la actuación conjunta de agentes estatales con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia AUC, decisión que estuvo precedida por un reconocimiento parcial de responsabilidad.

Las afirmaciones de Elí Mendoza son mentiras evidentes en el plano de la justicia transicional, lo cual, sumado a la filtración selectiva de una audiencia reservada, sólo contribuye a distorsionar públicamente la verdad sobre un episodio de violencia grave para el país, con el interés de favorecer a los perpetradores, re victimizando a las víctimas, sus reivindicaciones y sus memorias.

Hacemos un llamado a la JEP para que active el incidente de verificación de incumplimiento del régimen de condicionalidad al compareciente Elí Mendoza, dado que la falsedad de sus declaraciones configura un grave incumplimiento de las condiciones de sometimiento a la Jurisdicción transicional.

Asimismo, este acto constituye una revictimización y pone en riesgo a víctimas y familiares que, durante más 26 años, han luchado por el reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

• Víctimas de la Masacre de Mapiripán ante Corte IDH
• Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR)
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
• Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVCJ)