Lecciones aprendidas para un proceso de paz sólido

Imagen tomada de: El Tiempo

Los colombianos y colombianas hemos visto cómo en las últimas décadas se han adelantado procesos de paz con los distintos grupos armados que han participado en el conflicto armado: el M-19 (1989 – 1990), el Ejército Popular de Liberación -EPL- (1991), las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- (2003-2006), las FARC-EP (2012-2016) y otros más, y ahora el Ejército de Liberación Nacional -ELN- (2023). La mayoría de estos procesos ha tenido como tema central la desmovilización y la incorporación a la vida civil; las amnistías, indultos o penas alternativas para los actores (incluso también para los agentes estatales como en el proceso con las FARC-EP) y algunas reformas institucionales coyunturales que no han resuelto las causas del conflicto. 

Pese a las fuertes reformas institucionales que se promovieron después del acuerdo con el M-19, y que dejaron una nueva Constitución Política para el país, el conflicto armado se mantuvo como una constante, con picos y bajas, al tiempo que se constató la ausencia del Estado en muchas regiones y localidades del territorio nacional. Ahora, más de 3 décadas después, el gobierno del Presidente Petro, en el marco de la paz total, dispuso adelantar un nuevo esfuerzo de conversaciones encaminadas a edificar la paz. Así, entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022, en Caracas, Venezuela, las delegaciones del Gobierno de Colombia y del ELN, iniciaron el primer ciclo de trabajos de la Mesa de Diálogos de Paz. 

La Mesa no partió de cero, sino que decidió retomar el proceso iniciado en el 2016 bajo el gobierno Santos y truncado en el 2018 por el gobierno Duque, y ratificó su decisión de “construir sobre lo construido”. Con el respaldo de varios países, garantes y acompañantes, las partes alcanzaron acuerdos sobre la Agenda de Diálogos, la Institucionalización de la Mesa de Diálogos de Paz, las Acciones y Dinámicas Humanitarias, y Pedagogía y Comunicaciones para la Paz.

El segundo ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN se dio del 13 de febrero al 10 de marzo de 2023 en México como país sede. Las Delegaciones firmaron el ‘Acuerdo de México’, con una Nueva Agenda de Diálogos de Paz, que incluye: 1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz; 2. Democracia para la paz; 3. Transformaciones para la paz; 4. Víctimas; 5. Fin del conflicto armado; y 6. Plan general de ejecución de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y el ELN.

La ruta para alcanzar esas aspiraciones marca un compromiso del Gobierno Nacional y del ELN de construir un gran “Acuerdo Nacional” que una a todos los sectores de la sociedad. Un pacto que lleve a cabo las transformaciones que requieren las regiones y el país; hacia la democracia plena; a la paz integral y a la generación de condiciones de equidad social y económica. Todo ello con la permanente y activa participación de la sociedad. No un acuerdo de paz construido entre dos partes, sino un acuerdo de paz con todas y con todos. No un acuerdo para el desarme y las amnistías de los enfrentados militarmente, sino un acuerdo para superar las deudas históricas con los más desfavorecidos y alcanzar las reformas sociales, económicas y políticas para vivir en paz, en igualdad de condiciones y en equidad. Aquí encontramos la nuez de este proceso de paz y tal vez las identidades que lo hacen diferente a los demás intentos institucionales por la superación del conflicto armado interno.

En el tercer ciclo de conversaciones cumplido en La Habana, Cuba, entre el 2 de mayo y el 9 de junio de 2023, las delegaciones del Gobierno Nacional y del ELN alcanzaron acuerdos en dos ejes fundamentales: 1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz, y 2. Cese al fuego, bilateral, nacional y temporal (CFBNT).

Lo referido a la participación de la sociedad se plasmó en el Acuerdo N°9, del 9 de junio, disponiendo que el objetivo es construir una agenda de transformaciones para la paz, a través de un gran acuerdo nacional que permita superar el conflicto político, social, económico y armado que vive el país.  En dicho acuerdo las partes caracterizan el tipo de participación social que promoverán desde la Mesa: que sea activa, propositiva, incluyente, deliberativa, vinculante y eficaz para la búsqueda de las soluciones y con los diferentes enfoques para garantizar las propuestas de la niñez, la adolescencia, la juventud y demás sectores con capacidades diversas. Se planea desarrollar esta fase hasta el mes de mayo de 2025. Casi dos años para que las iniciativas de la sociedad se viertan en la Mesa y se estructure el plan integral de transformaciones que reclama el país. 

Para operativizar este propósito, se crea el Comité Nacional de Participación (CNP), del que harán parte 30 sectores con 81 representantes de diferentes organizaciones, movimientos sociales, organizaciones, gremios e instituciones y en el que intervendrán permanentemente 4 integrantes, tanto de la delegación del gobierno como del ELN. De entrada, un Comité conformado por cerca de un centenar de personas de diversas vertientes, suena poco operativo para movilizar a la sociedad en procura de su activa y eficaz participación en el proceso. De la eficacia de su gestión y de las condiciones de seguridad que se les brinde a los participantes, dependerá en buena parte el desarrollo de las conversaciones y negociaciones.

Por otra parte, en lo que se refiere al cese el fuego bilateral, nacional y temporal, tan ansiado por la inmensa mayoría del país y que se ha consensuado por las dos partes, se establece en el Acuerdo N°10 del 9 de junio. Así, bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario, el Gobierno y el ELN acordaron una ruta que tiene como propósito fundamental disminuir la intensidad del conflicto, desarrollar acciones humanitarias y, de esta manera, favorecer la participación de la sociedad en el proceso de paz. Con este objetivo común, se establecieron tres fechas claves a seguir en el marco del proceso de diálogo para avanzar de forma positiva. 

Primero, se estableció que entre el 9 de junio y el 5 de julio se consolidarían los canales de comunicación entre las partes por medio del Representante Especial del Secretario General de la ONU en Colombia; se adelantarían labores pedagógicas sobre lo pactado, se daría inicio al Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) y se terminarían de aprobar los protocolos sobre las condiciones del cese. Segundo, a partir del 6 de julio se ordenaría el cese de operaciones ofensivas. Por último, el 3 de agosto se iniciará la implementación plena del CFBNT, con el funcionamiento del MMV y, a partir de esa fecha se contarán los 180 días de vigencia del cese el fuego, los cuales podrían extenderse de común acuerdo entre las partes.

El MMV convenido por las dos partes estará integrado por delegados del Gobierno Nacional, del ELN, de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Conferencia Episcopal Colombiana y su función será monitorear y verificar el cumplimiento del Acuerdo de CFBNT y sus objetivos. Se crea en este mecanismo una instancia nacional que coordina unas instancias regionales y locales. La instancia nacional del MMV estará integrada por cuatro miembros de la Misión de Verificación de la ONU, por tres delegados de cada una las partes (gobierno nacional y ELN) y dos integrantes de la Conferencia Episcopal Colombiana, siendo el vaso comunicante con la Mesa de Diálogos de Paz respecto del ejercicio nacional y local del seguimiento al cumplimiento o no de lo pactado en el cese el fuego.

Un aspecto particular que se acordó en este punto tiene que ver con la constitución de una veeduría social. Se trata de la participación de las organizaciones locales y regionales, enlazadas en red, que se ocuparán de reportar al MMV posibles incidentes entre las partes o la presencia de actores armados que puedan atentar contra la vida y seguridad de las comunidades y de esta manera resquebrajar el acuerdo de cese el fuego. Un rol de suma importancia pero polémico, pues por una parte se invita a las comunidades de las zonas más afectadas por el conflicto armado a que participen como veedoras del acuerdo del cese el fuego, pero, por la otra, si no se establecen condiciones óptimas de seguridad para que las organizaciones veedoras puedan cumplir su rol, sin riesgo de persecuciones o atentados contra su vida, se estará generando una mezcla que puede exacerbar las crisis humanitaria contra estas comunidades.

El panorama nacional que se abrió con el Acuerdo de La Habana es esperanzador, da impulso a los diferentes sectores de la sociedad para que se involucren y sean también protagonistas del proceso de paz, al tiempo que se concreta una vieja aspiración de las poblaciones que han sufrido los rigores de la contienda armada de acallar las armas con aplicación de un principio humanitario, mientras las voces, unidas todas, se alzan para construir por la vía del diálogo y el consenso nacional, una paz con contenido económico, social y político, con miras a superar las causas estructurales que le han dado vida a este persistente conflicto armado interno.