Las víctimas de la masacre de Mapiripán rechazamos las afirmaciones de ‘Martín Sombra’ ante la JEP
Imagen tomada de: Centro Nacional de Memoria Histórica
El pasado 13 de julio se conoció una de las versiones voluntarias—VV— ante la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— de Elí Mendoza alias «Martín Sombra», ex-integrante de las extintas FARC-EP, VV que debía ser reservada y en la que asegura que junto con una tropa suya fueron los responsables de la masacre de Mapiripán en 1997. Su testimonio es muy diferente a lo que conocemos de las condenas judiciales por parte de tribunales nacionales e internacionales, los cuales han detallado cómo la masacre fue parte de la estrategia paramilitar en el departamento del Meta y en toda la región de la Orinoquia.
No puede ser coincidencia que pocos días antes de conmemorarse los 26 años de la masacre se filtren las declaraciones de Martín Sombra contradiciendo la verdad jurídica e histórica que se ha evidenciado. Al Meta llegaron desde el Urabá más de 180 hombres armados transportados en aviones, utilizando instalaciones militares y protegidos por la fuerza pública. A su llegada a Mapiripán entre el 15 al 20 de julio de 1997 tomaron el control, aislando a la población civil, asesinando cruelmente a 49 personas, cometiendo actos de violencia inimaginable y desplazando a la mayoría de sus habitantes, tiempo durante el cual no se recibió ningún tipo de ayuda por la fuerza pública.
La CorteIDH en el 2005 concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos cometidas por paramilitares con la participación y tolerancia estatal. Paramilitares como Salvatore Mancuso y Carlos Castaño fueron condenados por la planeación y ejecución de esta masacre, así mismo el general Jaime Uscategui y Lino Sánchez, entre otros, quienes tienen condenas en firme por desatender premeditadamente sus obligaciones constitucionales.
Las víctimas de esta masacre consideramos que tales afirmaciones no aportan a esclarecer la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. Por el contrario, pareciera que Martín Sombra tuviera la intención de limpiar la imagen de los verdaderos victimarios y obtener beneficios para él y para quienes no han desaprovechado sus palabras para desacreditar los esfuerzos de las víctimas y sus organizaciones acompañantes.
Hacemos un llamado a la JEP para que abra el proceso de incumplimiento de régimen de condicionalidad y emprenda una investigación exhaustiva respecto a los intereses que le asistieron al compareciente y con las cuales nos revictimiza nuevamente.
Firman:
- Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta —ASOMUDEM—
- Humanidad Vigente Corporación Jurídica