La población araucana no sólo debe soportar los rigores del conflicto armado sino la agresión directa del Estado, a través de su fuerza pública.

DENUNCIA PÚBLICA

A los doce (12) homicidios contra miembros de la población civil en el departamento de Arauca, ocurridos en el mes de abril, se suman cuatro (4) casos de tortura, amenazas y violaciones ocurridos al interior de instituciones policiales y/o en zonas altamente militarizadas en el departamento de Arauca.

      1.Cinco casos de tortura hemos documentado durante los últimos dos meses:

• Dos casos en el municipio de Fortul, donde hay responsabilidad del Ejército y la Policía Nacional. El primero de ellos, un joven ganadero del municipio de Arauquita, detenido ilegal y arbitrariamente el 20 de febrero, por miembros del Ejército Nacional en inmediaciones de las veredas Agua Viva y Caño Negro, y entregado posteriormente a miembros de la Policía Nacional quienes lo trasladaron a la Estación de esa municipalidad, allí recibió insultos, acusaciones de pertenecer a la guerrilla, fue obligado a desnudarse supuestamente para requisarlo, ya dentro de un calabozo, los policías le prendieron fuego a unos papeles y se los tiraron adentro con el fin de asfixiarlo y obligarlo a aceptar las acusaciones que le hacían. Finalmente, después de 5 horas de detención ilegal fue dejado en libertad, no sin antes ser obligado a firmar un documento de buen trato; El segundo caso, el 23 de febrero, la Policía Nacional detuvo a un joven en la glorieta a la salida del casco urbano, lo llevaron a la estación allí lo golpearon, insultaron y le lanzaron gases dentro del calabozo, queriéndolo obligar a acogerse al plan de desmovilización.
• En el municipio de Saravena, hemos documento dos casos. El primero, a mediados de abril, un joven detenido por la Policía Nacional y llevado a la Estación, además de ser golpeado en la cabeza, le echaron gases a fin que aceptara volverse integrante de la red de informantes. Finalmente lo dejaron ir, pero lo conminaron a no poner la denuncia a cambio de devolverle la motocicleta en la que fue detenido; el otro hecho, el 30 de abril, a las 6:00 P.M., un miembro del pueblo indígena UWA, fue detenido por miembros de la Policía Nacional frente al hospital del Sarare, golpeado con la culata de un fusil fue obligado a subirse a una de las motos y conducido a la Estación. Dentro de la institución policial fue golpeado, mojado, le tiraron gases y le echaron un ácido en la cabeza, todo esto con el fin de que él confesara pertenecer a una de las organizaciones rebeldes.
• Para cerrar esta escalada de violencia estatal contra la población civil, el día 1 de mayo, siendo las 5:00 p.m., fue violada sexualmente una mujer campesina en el municipio de Arauquita, a quien por respeto a su dignidad no expondremos su nombre. Esta campesina de 32 años, nacionalidad venezolana y con una discapacidad auditiva y vocal, fue accedida sexualmente de manera violenta por un miembro del Ejército Nacional, Batallón Especial Energético y Vial No. 16 “Lanceros del Pantano de Vargas”, orgánico de la Décima Octava Brigada, creado con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes del municipio de Arauquita, restablecer el orden público y proteger el activo estratégico de la nación, especialmente el proyecto petrolero “CARICARE”, operado por la transnacional OXY.El hecho ocurrió en inmediaciones del sitio conocido como el Puente Quinay en la vereda Playa Rica del municipio de Arauquita, cuando la campesina regresaba a su casa después de su jornada de trabajo y en el camino fue abordada por el militar, quien luego de intimidarla y golpearla con su arma de dotación, la obligó a desnudarse y procedió a accederla de manera violenta.En nuestro territorio el cuerpo de las mujeres ha sido visto como botín de guerra por parte de los actores del conflicto, quienes han implementado la violación sexual como arma de tortura, así lo catalogó Amnistía Internacional, al denunciar que ésta «en ocasiones es perpetrada como un acto final de humillación al contrario vencido, en otras como venganza por actos similares y a veces como una estrategia de terror impuesta a poblaciones civiles para crear mayor caos en medio de un conflicto”.2 .Por otra parte, a la media noche del 1 de mayo, amaneciendo el día 2 de este mes, dos hombres encapuchados que se movilizaban en una moto de alto cilindraje, tiraron varios panfletos frente de la Casa Lúdica y Centro de Convivencia en el Barrio Ramírez del municipio de Fortul. En los panfletos a nombre de las “Águilas Negras” se puede leer “A partir del momento estaremos circulando en el territorio ARAUCANO con en el fin de obtener orden y reconocimiento por parte de la comunidad, también eliminar a todas aquellas personas que no aportan un buen bienestar como los drogadictos, y quien promueva prostitución en jóvenes”.

Estos no son hechos aislados, corresponden a una estrategia criminal de agresión que el Estado ha implementado sistemáticamente a nivel nacional, con la que se pretende generar zozobra y terror en la población, con el fin de doblegarlas a los designios del capital nacional y extranjero, dejando sus territorios libres a la continuidad del despojo y saqueo por parte de las empresas minero energéticas.

Así mismo, pretende implementar el miedo como arma de guerra, acallar las voces que denuncian la crisis social, humanitaria, económica y ambiental que afrontan las comunidades, y con ello, desarticular el histórico tejido social que se atreve a proponer un proyecto de vida colectivo contrario a la explotación y opresión que el modelo económico ha implementado en el país.

Como Fundación de Derechos Humanos, alertamos a las autoridades competentes para que tomen las acciones pertinentes de manera oportuna a fin de parar este tipo de prácticas perversas por parte de la fuerza pública, evitando con ello que volvamos a experiencias del pasado reciente donde se realizaron Crímenes de Lesa Humanidad por parte del Estado, a través de sus fuerzas militares y sus estructuras paramilitares.

Exigimos la investigación seria y responsable de los hechos aquí denunciados, garantizando con ello el derecho a la verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición, a las víctimas y la comunidad en general.

A la población araucana le hacemos el llamado a estar muy atentos de lo que ocurre en los territorios y mantenerse oportuna en la denuncia y rechazo de los casos que pongan en riesgo la vida, integridad, libertad y permanencia; de igual manera a asumir las medidas de cuidado y autoprotección.

A la comunidad nacional e internacional, la invitamos a continuar monitoreando la grave crisis social y humanitaria a la que ha sido llevada la región, y ayudar a visibilizarla.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA

NUESTRA ACCIÓN SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA

Leer comunicado en PDF:2-05-19