La Confluencia suspende su participación en el proceso de formulación de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la labor de Defensa de los DERECHOS HUMANOS

Desde el mes de mayo de este año la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, reunidas en la Confluencia, hemos atendido la convocatoria del actual gobierno para formular de manera concertada y con el acompañamiento de la comunidad internacional, una Política Pública Integral de Respeto y Garantía para la Labor de Defensa de Derechos Humanos. Esta decisión la asumimos, además, con la esperanza de que el Gobierno Nacional adoptara medidas eficaces y suficientes para frenar la violencia en contra del liderazgo social y de las personas defensoras de DDHH.

De igual manera, convinimos con el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, en avanzar simultáneamente en la implementación de los mecanismos ya existentes, entre estos los establecidos en el Acuerdo General de Paz: los puntos 2.1. (derechos y garantías para el ejercicio de la oposición y de los nuevos movimientos) y 3.4. (garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, incluido el desmonte del paramilitarismo), el cumplimiento de los acuerdos firmados con las comunidades en el marco de los PNIS y los PDETs creados para frenar la violencia sistemática que arrecia en varias regiones.

Sin embargo, hasta el momento no hemos constatado una voluntad política real por parte del Gobierno Nacional para avanzar en esta dirección, lo cual se evidencia en el agravamiento de la crisis humanitaria, la reactivación del conflicto armado y de dinámicas de violencia sociopolítica, y la expansión del paramilitarismo y de la criminalidad ligada al narcotráfico. Nos preocupa la cada vez más evidente connivencia de sectores de la fuerza pública con dichos grupos.

Es inaceptable la reiterada estigmatización contra organizaciones sociales, las guardias indígenas, campesinas y cimarronas por parte de altos funcionarios de gobierno, así como la creciente judicialización de líderes y lideresas sociales que defienden la vida, el agua y el territorio.

Un ejemplo de este contexto es el departamento del Cauca, en donde se ha puesto a prueba la real voluntad del Gobierno Nacional para concertar con las comunidades las medidas que garanticen su seguridad, respetando los mecanismos propios de autoprotección en el marco de la autonomía de los pueblos indígenas, afrodescendientes, y comunidades campesinas. Por el contrario, ante el agravamiento de la situación, el Gobierno decide enviar 2500 efectivos militares más, desconociendo la voz de la gobernadora indígena Cristina Bautista, recientemente asesinada, cuando dijo, “los armados no son bienvenidos a nuestra casa”.

La participación directa de miembros de la fuerza pública en los ataques contra líderes sociales y políticos, queda en evidencia con el asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, la ejecución extrajudicial del indígena Flower Trompeta Pavi en Corinto, o la intervención de mandos del Ejército en planes para el asesinato de personas en proceso de reincorporación (como Dimar Torres en el Catatumbo), lo que configura el regreso de la práctica de los “falsos positivos”, motivadas en directivas reservadas expedidas desde la misma Comandancia del Ejército. A esto se suman las órdenes de altos mandos para realizar alianzas con grupos armados ilegales con el propósito de atacar a otros actores armados (como el ELN), como lo señalan diversas fuentes periodísticas.

Ante la incapacidad o falta manifiesta de voluntad para tomar las medidas de protección y de garantías de seguridad para detener la violencia sistemática en contra de los liderazgos sociales, las personas defensoras de los derechos humanos y quienes se encuentran en proceso de reincorporación, y el exterminio de los pueblos indígenas, consideramos que el Ministro de Defensa, la ministra del Interior, el Comandante General del Ejército deben dimitir de sus cargos.

A este contexto se agrega el tratamiento de orden público dado a la movilización y a la protesta social, particularmente de los estudiantes universitarios, el uso desproporcionado de la fuerza que deja saldos de cientos de heridos, detenidos y mutilados; y el irrespeto a los campus universitarios, donde la fuerza pública ingresa violentamente pisoteando el principio de la autonomía universitaria.

En estas condiciones suspendemos la participación en el proceso de formulación de un instrumento de política pública de respeto y garantías para la labor de defensa de los derechos humanos hasta tanto no veamos en nuestro interlocutor la voluntad genuina de respetar y garantizar la vida, los derechos fundamentales y las libertades de todos sus ciudadanos.

Por tanto, supeditamos la continuidad de nuestra participación en este proceso, a la evidencia de dicha voluntad y avance en las siguientes medidas mínimas:

1. Concertar y detener militarización. Bajo el concepto universal de Seguridad Humana Integral, concertar las garantías de seguridad y medidas de autoprotección exigidas por las comunidades indígenas, campesinas afrodescendientes y organizaciones sociales en los territorios. Esto incluye detener el proceso de militarización y envío de nuevos destacamentos militares al Departamento del Cauca y demás territorios.

2. Cambio de funcionarios. La remoción del Ministro de Defensa Guillermo Botero, la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, el Comandante del Ejército Nacional Nicacio Martínez

Espinel , sobre este ultimo hay 40 mil firmas que han solicitado su separación del cargo[1], y el reemplazo por funcionarios con reconocida tradición civilista y compromiso con los derechos humanos.

3. Convocatoria extraordinaria de escenarios de Garantías.

3.1.  Convocatoria de dos Mesas Nacionales de Garantías Ampliadas. La primera, de rendición de cuentas sobre las medidas adoptadas por el gobierno para parar los asesinatos de los líderes, lideresas, personas defensoras de los DDHH, indígenas, campesinos y afrocolombianos. La segunda, sobre la doctrina militar y el papel de la Fuerza Pública en materia de garantías para la defensa de los derechos humanos. Con la participación de los sectores afectados. Solicitamos que estas Mesas sean, presididas por el presidente de la República y que participen funcionarios de alto nivel de las diversas instituciones de gobierno y de Estado concernidas.

3.2.  Convocatoria inmediata de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, presidida por el Presidente de la República para la formulación y puesta en práctica del Plan para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y crimen organizado.

3.3.  Realización de reunión de la Sub Comisión de garantías y derechos humanos de la Mesa única Nacional.

4. Activación inmediata de una ruta de atención, prevención y protección en los territorios donde la situación es más crítica (Por lo menos en los departamentos del Cauca, Catatumbo, Nariño, Chocó, sur de Córdoba) con tiempos, recursos e indicadores de resultados, lo que incluye la puesta en vigencia del decreto 660 de 2018 (Plan Integral de Seguridad y Protección para Organizaciones y Comunidades en los Territorios).

5. Implementación de la Resolución 1190 de 2018 de garantías para la movilización y la protesta social e instalación de la Mesa Nacional y las Mesas Departamentales de Verificación y Seguimiento al respeto y garantía del ejercicio de la protesta social, contempladas en dicha norma.

Sea esta la oportunidad para agradecer a la Comunidad Internacional el acompañamiento que ha venido brindando a este proceso. Les solicitamos que continúen haciéndolo en el marco de estas exigencias mínimas, con las cuales abrigamos la esperanza de poder frenar la violencia contra el liderazgo social, contra los pueblos étnicos, comunidades campesinas y otros sectores que reivindican sus derechos y libertades, como lo consagran la declaración universal de los derechos humanos y la Constitución Política Colombiana.

Reiteramos nuestro compromiso con la construcción de una paz completa, la formulación concertada de una política pública de respeto y garantías a la labor de defensa de los derechos humanos, la adopción de medidas inmediatas de prevención, protección e investigación para las personas defensoras de derechos humanos en los territorios más afectados por la violencia y comprometidos con la implementación integral del Acuerdo de Paz