Juez niega libertad a militares procesados por la ejecución extrajudicial del campesino Aicardo Antonio Ortiz Tobón
El pasado viernes 20 de febrero de 2015, una juez penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Medellín, negó la solicitud de libertad interpuesta por la defensa de los militares Luciano Alfredo Rojas Jaramillo y Elby Fernando Molina Ortiz, quienes son procesados por la ejecución extrajudicial del campesino Aicardo Antonio Ortiz Tobón ocurrida en la madrugada del 8 de julio de 2008 en la Vereda el Jabonal Alto Corregimiento San Francisco del Municipio de Yondó Antioquia, por militares pertenecientes al Pelotón Aguerrido número 3 del Batallón de Ingenieros número 14 Batalla de Calibío al mando del teniente Edgar Iván Flórez Maestre.
La defensa de los militares quien es un representante de la DEMIL, solicitó a la juez la libertad porque según él, se había vencido el plazo razonable que establecen las leyes internacionales para que una persona se encuentre privada de la libertad sin que sea solucionada su situación jurídica, y con argumentos tales como la insuficiencia de los jueces y las dilaciones que se han presentado en el trascurso de este proceso que lleva más de cinco años en etapa de juicio.
Pero la realidad en este proceso judicial, es que se trata de un crimen considerado como una grave violación a los derechos humanos y que además compromete a agentes del Estado colombiano en cabeza del ejército nacional. Según el estudio juicioso y concienzudo que realizó la Juez del Expediente, verificó que en este proceso se han llevado a cabo 45 sesiones de audiencias, en 5 años; en las que se han practicado más de 45 pruebas, que es un caso complejo en el que hay multiplicidad de procesados – se encuentran vinculados 7 militares, dos de ellos se ha acogido a sentencia anticipada y un civil que sirvió de guía fue condenado el año pasado por el homicidio del campesino, lo que ha dado lugar a varias rupturas procesales y a cambio de juez como lo ordena la ley. Sumado a esto, existe además una multiplicidad de defensores quienes en reiteradas oportunidades han solicitado el aplazamiento de las audiencias, y situaciones de hostigamiento, amenazas a testigos y a sujetos procesales como lo destacó también la representante de víctimas de Humanidad Vigente.
De otra parte, la juez en su pronunciamiento resaltó, que a pesar de existir una orden expresa emitida por el juez de conocimiento de mantener a los militares procesados en el centro de reclusión militar del Batallón Pedro Nel Gómez ubicado en el municipio de Bello Antioquia, el director de dicho establecimiento desacatando la orden del juez autorizó el traslado de los procesados al Cantón Sur de la ciudad de Bogotá, al parecer para que pasaran las fiestas navideñas cerca a sus familias, lo cual imposibilitó que se pudiera realizar la última audiencia programada para diciembre de 2014.