Informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas destaca avances en derechos humanos en Colombia, pero alerta sobre retos urgentes
Imagen tomada de: ONUDerechosHumanosColombia
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2024. La presentación estuvo a cargo de Juan Carlos Monge, el nuevo representante de la Oficina en Colombia, y contó con la participación de Lourdes Castro, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos; Iris Marín, Defensora del Pueblo; Ana María Rodríguez, Directora de la Comisión Colombiana de Juristas y Elizabeth Williams, Embajadora de Canadá, quienes abordaron las perspectivas y retos en la implementación de políticas de paz y derechos humanos en el país.
El informe no solo analiza la situación de derechos humanos, sino también enfatiza en el impacto de la violencia territorial y el conflicto armado, y aborda la implementación del Acuerdo de Paz en materia de las políticas de paz, de seguridad y desmantelamiento. Frente a este último punto, se habla de haber logrado avances significativos en la implementación de dichas políticas, pues según los datos contenidos en el informe, hubo una disminución del 15% en los homicidios de personas defensoras de derechos humanos (89 víctimas) y del 27% en el número de masacres verificadas por la Oficina (72 casos) respecto a 2023. Durante la presentación, se resaltó la disposición del Gobierno para acoger las recomendaciones que la Oficina ha entregado y por fortalecer la articulación de estrategias en la lucha contra la violencia en los territorios, creando nuevas instancias de diálogo con actores armados no estatales con los cuales se han implementado acuerdos parciales que buscan mitigar el impacto de la violencia en las comunidades más afectadas.
Asimismo, el informe destacó una serie de avances como la ratificación del Acuerdo de Escazú y otros Protocolos; el relanzamiento del proceso de garantías a través de la Mesa Nacional y las mesas territoriales en 24 departamentos; el proceso de transformación de la Policía Nacional y la incorporación de estándares de derechos humanos en el uso de la fuerza; la adopción de medidas cautelares y trabajo de la JEP en los macrocasos; y la disposición de más recursos a municipios con mayores índices de violencia. El representante subrayó avances en el reconocimiento de los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes, la implementación de políticas para la igualdad de género y la ampliación de programas de protección a líderes y lideresas sociales. Estos esfuerzos han contribuido a fortalecer el tejido social en varias regiones del país, pese a los desafíos que persisten.
Sin embargo, la crisis humanitaria en los territorios persiste y sigue afectando gravemente los derechos fundamentales de comunidades étnicas y campesinas. Aunque las cifras muestran una reducción en los homicidios contra personas defensoras de derechos humanos y en los casos de masacres, hubo 18 miembros de comunidades indígenas asesinados durante 2024, además de 6 víctimas indígenas y 6 víctimas afrodescendientes en casos de masacres, evidenciando la alta vulnerabilidad estas comunidades en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Valle del Cauca.
La Oficina alertó sobre el impacto de la presencia territorial de grupos armados que siguen afectando a dichas comunidades a través de estrategias violentas de control social. El equipo de trabajo de Naciones Unidas verificó 216 casos de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y jóvenes, entre ellos, 100 pertenecientes a comunidades indígenas y 25 a comunidades afro. Además, se evidenció un aumento del 58% en lo que denominaron como situaciones de confinamiento forzado en departamentos como Chocó, Cauca y Putumayo, lo que deja ver que aún existen retos estructurales que requieren una respuesta del Estado.
Desde la Oficina, se recomendó fortalecer la articulación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales para lograr que el Estado logre ser garante de los derechos humanos para las comunidades. Asimismo, establecer un proceso articulado, participativo y que perdure en el tiempo para establecer políticas de paz en las regiones, prevenir las violencias basadas en género, contra comunidades étnicas y avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz para consolidar una paz estable y duradera, y seguir construyendo un camino hacia la reconciliación y la garantía plena de los derechos humanos en el país.
Descarga aquí el Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia, 2024 y conoce lo más destacado en la siguiente infografía: