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Zona de Reserva Campesina: demandas, paramilitares y violaciones de DDHH

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20 mayo, 2010
    Un proceso judicial viene y otro va, mientras que los integrantes de la ACVC no pierden la esperanza de levantar la suspensión de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarrra (ZRCVRC).

    SDC13677Esta zona que comprende los municipios de Yondó y Remedios, en Antioquia, Canta Gallo y San Pablo en Bolívar fue declarada de reserva campesina el 10 dediciembre de 2002, pero cuatro meses después fue suspendida arbitrariamente por el Gobierno, el 10 de abril de 2003.

    Hasta el sol de hoy, después de ese jueves negro de suspensión, un equipo jurídico de Humanidad Vigente, ha estado acompañando a la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) a través de una demanda de nulidad que se presentó hace más de cinco años; también, con todos los procesos que se deben desarrollar ante el Gobierno Nacional y los estrados judiciales para levantarla suspensión.

    Adicional al trabajo jurídico se ha venido acompañando a la ACVC en el espacio político creado por el Gobierno Nacional y en el que participan instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil; así mismo, con el apoyo de Misereor se ha logrado la difusión internacional de la grave situación que se vive en la región del Cimitarra y en general en el Magdalena Medio que «viola los derechos económicos, sociales, culturales y el accesoa la propiedad de la tierra», argumenta el coordinador del proyecto Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas en Colombia, Luis Alfonso Ruiz.

    Con una mirada más amplia, lo que busca la ZRCVRC es que los campesinos puedan administrar su territorio, decidir cómo van a utilizarlo, a gozarlo y cómo van a establecer la propiedad; además estos terrenos no serían una posesión colectiva, cada campesino tendría derecho a clarificar su propiedad. Así lograrían proteger este terreno que es un gran productor de alimentos.

    Adicionalmente, junto a entes internacionales, también se habían planteado proyectos de reforestación, acueductos veredales, cría y levante de especies menores y mayores y una propuesta de desarrollo de las condiciones de vida de las campesinas y los campesinos de la región que comprendía según la resolución 028 de 2002 «dotación de infraestructura básica, dotación de servicios, recuperación y protección ambiental, difusión del Estado Local y seguimiento y control de derechos humanos».

    Si tan bueno es, porqué se suspende

    El componente político, mejor, los intereses políticos no dejaron de hacerse presentes en este proyecto que tenía un presupuesto cercano a los dos mil millones de pesos. Dinero que fue gestionado por el Programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio, la WWF y el Gobierno Nacional, entre otros.

    La suspensión se produjo por las acciones que emprendieron algunos políticos de la región teniendo como líder al ex senador Carlos Arturo Clavijo que «cumplía los lineamientos del paramilitarismo», según el coordinar del proyecto.

    Argumento que se fundamenta en la sentencia del 30 de septiembre de 2008 del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia que condenó a 3 años y nueve meses a Clavijo tras comprobarle vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con el ex jefe paramilitar Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’.

    Mediante comunicados dirigidos a la Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) se hizo la petición de la suspensión de la zona declarando que la «ACVC, gestora de la reserva campesina, tenía vínculos con la guerrilla y que esa relación podría generar problemas de orden público (…), estas acusaciones que provienen de la inteligencia militar utilizando testigos y reinsertados mentirosos que fueron utilizadas para desmontar o suspender la ZRC, ha venido siendo develada por las decisiones de jueces y fiscales que precluyeron las investigaciones, se abstuvieron de imponer detenciones preventivas, cancelaron las ordenes de captura emitidas y las absoluciones que ha favorecido a los directivos de la ACVC que injustamente fueron privados de su libertad y vinculados a estos amañados procesos penales», afirma el coordinador del proyecto.

    Lo ilegal de la decisión del INCODER, es que no tenía ni tiene competencia para suspender la ZRC del Cimitarra, teniendo en cuenta que la Constitución en su artículo 238 establece que esa es una función exclusiva y excluyente del poder judicial a través de los jueces administrativos y magistrados del Consejo de Estado.

    Carlos Arturo Clavijo y los políticos solicitantes de la suspensión de la zona hicieron parte del movimiento del NO AL DESPEJE que se opuso a la creación de una zona de distensión con el ELN, debido a la clara injerencia del paramilitarismo.

    Más de 10 años de esfuerzo campesino

    Forjar una zona de reserva campesina no es tarea fácil, requiere de muchos trámites, de entidades que apoyen y elaborar un plan bien estructurado. Por eso, desde el año1997 la ACVC empezó un trabajo de organización de la Zona que fue una labor participativa de todas las comunidades, las Corporaciones Regionales de Santander, Antioquia y Bolívar, el Programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio y la WWF que desde 1990 protege el medio ambiente, entre otras organizaciones.

    En resumidas cuentas, la iniciativa fue de los campesinos que tomaron la decisión de apostarle a la ZRC. En seguida, el Incoder recibió la solicitud y emprendió un estudio para evaluar qué tan viable era declararla zona de reserva, de acuerdo a las características de la población y del territorio. Luego se hizo el trámite legal ante el INCORA, y no fueron pocos los obstáculos[1] que tuvieron que sortear los campesinos, como las presiones de los opositores de la ZRC, los mismos directivos de la entidad; para lograr en diciembre de 2002 que se produjera resolución 028 que constituyó y delimitó la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra, dicha que duro sólo 4 meses.

    El coordinador del proyecto concluye que «con o sin zona hay que comenzar a solucionar problemas de la propiedad de la tierra, quiénes son los poseedores, qué terrenos son susceptibles de ser adjudicados, cuáles tuvieron propietario y ya no lo tienen. En fin, dar continuidad al proceso de fortalecimiento de los DD.HH».

    Y con mucho optimismo cierra su idea afirmando que los campesinos «siguen con el mismo entusiasmo y conquistando paso a paso cada día las victorias necesarias para consolidarse», lo más importante: «parece que va a venir pronto la orden de la suspensión de la suspensión de la zona», valga la redundancia para que la ZRCVRC deje de ser un sueño y comience a beneficiar a quienes se lo merecen, los campesinos y campesinas que habitan, con sentido de pertenencia, la región.                                                    

    [1]Como la Comunicación que enviara la ACVC al entonces presidente Andrés pastrana, diciembre 4 de 2000, en donde hace un vehemente llamado al cumplimiento de los acuerdos del éxodo de 1998, entre estos el establecimiento de la ZRC: carta de la ACVC

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