Humanidad Vigente se solidariza con las comunidades del Meta afectadas por Ecopetrol.

Humanidad Vigente Corporación Jurídica se solidariza y acompaña las mujeres hombres, niñas y niños de las organizaciones ambientalistas, comunidades campesinas, la Corporación CORPOHUMADEA y la Mesa Hidroambiental del departamento del Meta quienes de manera legítima vienen defendiendo  los derechos fundamentales de las comunidades rurales al agua, el territorio  y la vida ante la explotación petrolera realizada por Ecopetrol que viene devastando el territorio y contaminado las fuentes hídricas que proveen el consumo de agua a comunidades del Meta.

Expresamos nuestra profunda preocupación ante el incremento de la explotación petrolera y el modelo extractivo de minerales en Colombia que ocasiona graves enfermedades a las comunidades  e incrementa el despojo de las tierras tanto física como culturalmente al tiempo que se militarizan los territorios vulnerando la dignidad y la soberanía de los pueblos.

Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional  que el pasado viernes 07 de febrero en la Vereda la Esmeralda, mientras hombres y mujeres protestaban pacíficamente en contra de los daños ambientales y de salud que sufren las comunidades ante el daño que está ocasionando ECOPETROL  se inicio a un altercado, que desemboco con una confrontación mayor en el Centro Poblado de San Isidro de Chichimene donde alrededor de 23 personas sufrieron graves lesiones a su integridad física, algunas de ellas presentaron quemaduras de 1º, 2º y 3er grado, problemas pulmonares, cortaduras y golpes además, más de 30 menores de edad sufrieron lesiones pulmonares por los gases lacrimógenos utilizados por agentes de la policía nacional pertenecientes al Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD quienes ingresaron violentamente a las viviendas del Centro Poblado de Chichimene; alrededor de 25 personas fueron detenidas, maltratadas verbal y psicológicamente por parte de efectivos de la fuerza pública.

Gracias a la articulación e intermediación de la Corporación CORPOHUMADEA, del Comité Cívico de Derechos Humanos del Departamento del Meta y el apoyo del Colectivo de  Abogados José Alvear Restrepo y el Representante a la Cámara por Bogotá Iván Cepeda, se realizó una articulación que arrojó como resultado una comitiva hasta San Isidro de Chichimene compuesta por el Dr. José Rafael Cáliz, Delegado de la Gobernación del Meta, el personero municipal de Acacias, un representante de la Policía y un representante de CORPOHUMADEA, el objetivo de este encuentro, era tener un  acercamiento con la comunidad que se encontraban aun evitando que ECOPETROL ingresara los 2 taladros de perforación, las 25 personas que permanecían detenidas, fueron liberadas en la tarde del sábado 8 de Febrero, como parte de los acuerdos con la comunidad. 

Denunciamos de igual manera que el día sábado 8 de febrero de 2014, efectivos supuestamente de la Policía nacional patrullaron con celulares, en los cuales tenían fotografías de algunas de las personas que días anteriores habían participado de la manifestación rechazando de manera contundente la inconformidad de las comunidades.

Valoramos la labor que adelantan las organizaciones ambientalistas y comunidades campesinas del departamento del META e instamos a la empresa ECOPETROL  a atender las denuncias de las comunidades y  cumplir con la responsabilidad social y  ambiental que exige este tipo de explotación, atendiendo  las necesidades de las comunidades y el medio ambiente.

Ante lo anterior

Exigimos Se otorguen garantías para las y los líderes sociales de la Mesa Hidroambiental y de la Corporación CORPOHUMADEA que acompañan este proceso de movilización con el fin que no sean criminalizados ni perseguidos.

Rechazamos rotundamente el proyecto de explotación que realiza la empresa ECOPETROL, dado el daño ambiental que está ocasionando en las comunidades campesinas quienes al día de hoy, enfrentan graves problemas de salud.

Exigimos al gobierno nacional, a quienes de forma reiterada las comunidades han convocado a prestar mayor atención a este asunto que atañe e involucra la protección de las fuentes hídricas ante las posibles violaciones al derecho a la vida,  habitar y disfrutar de un ambiente saludable.

Exhortamos al Gobierno de Colombia a revisar las políticas de promocion y otorgamiento de concesiones mineras en todo el territorio nacional, adecuando la legislación vigente en esta materia para evitar la instalación y operación de empresas que pueden contaminar el ambiente y causar daños irreversibles a los ecosistemas y  comunidades.

Seguiremos acompañando a las comunidades en su proceso de organización y movilización ciudadana como un medio fundamental para proteger el derecho a la vida y al territorio.