Gobierno ha avanzado en la apuesta por la paz, pero debe fortalecer su presencia y seguridad en los territorios: Informe ONU 2023
Este 28 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUDH) para Colombia, presentó el informe sobre situación de derechos humanos en Colombia durante el año 2023. La presentación estuvo encabezada por la representante en Colombia, Juliette de Rivero y contó con la participación de delegados y delegadas de diferentes sectores sociales, embajadas e instituciones de Estado como: Luz Stella Aponte, delegada de la Plataformas de Derechos Humanos en Colombia; Juan Carlos Villate, personero del municipio de Tame, Arauca; Lourdes Castro, Consejera de Derechos Humanos; Camilo Umaña, viceministro de Justicia; Helena Storm, embajadora de Suecia; y de Anupama Rajaraman, directora de la Misión en Colombia de USAID.
El informe de ACNUDH analiza la situación de los derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, con énfasis en el impacto de la violencia en los territorios, en las políticas de paz y de seguridad, y sobre la implementación del Acuerdo de paz en materia de derechos humanos. Durante este periodo no solo la Oficina pudo fortalecer lazos con el país tras la visita del Alto Comisionado Volker Türk, sino que se contó con más mecanismos como el Exámen Periodico Universal, por lo cual se reconoció la gran importancia que ha tenido el nuevo Gobierno, siendo un actor activo, propositivo y de escucha, dispuesto a acoger recomendaciones en procura de un cambio social en los territorios. La adopción de nuevas políticas, la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección y la reforma agraria, y la elaboración de un plan de acción para el programa de Garantías de mujeres Defensoras, son algunos de los avances reconocidos por la Oficina.
Aún así, durante el 2023, la Oficina realizó aproximadamente 962 misiones en terreno, en las cuales logró identificar una serie de afectaciones y preocupaciones, que ya venía denotando desde agosto de 2023, cuando dio a conocer el informe del primer semestre de 2023. Durante el año recibió y analizó un total de 233 alegaciones por homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales logró identificar 105 casos, identificando un aumento de la violencia durante el segundo semestre del año, pues en los primeros seis meses se recibieron 113 alegaciones y se verificaron 46 casos. De los 105 casos, 87 fueron contra defensores, 14 contra defensoras y 4 LGTBIQ+; 28 indigenas, 13 afrodescendientes y 42 campesinos. Los departamentos más afectados fueron Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Arauca.
Sobre las masacres, la Oficina verificó un aumento en casos del 6,5% respecto al 2022, pues se recibieron 123 alegaciones y 98 casos verificados, las cuales dejaron 320 víctimas, entre ellas, 242 hombres, 46 mujeres, 25 niños y 7 niñas. De igual forma, de las 320 víctimas, 18 de ellas pertenecían a grupos étnicos, 15 de comunidades indígenas y 3 afrodescendientes. La Oficina verificó que los departamentos en dónde se produjeron más hechos fueron Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca.
La situación de la niñez también presenta un panorama sobre el cual se debe poner especial atención para implementar mecanismos de prevención y protección. La Oficina verificó 134 casos de reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados, específicamente, 86 niños, 42 niñas y 6 sin confirmación de género, aunque se reitera que existe un subregistro de los mismos. De los 134 casos, 75 víctimas pertenecían a pueblos étnicos, 41 indígenas y 4 afrodescendientes. La mayoría de los casos de reclutamiento, uso o utilización de niños y niñas documentados se dieron en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca y Nariño. Así mismo, la Oficina recibió 100 alegaciones de violencia basada en género, incluyendo violencia sexual, en el marco del conflicto armado y logró verificar 53 casos en Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Meta, Nariño y Norte de Santander.
El informe permite ver que aunque se ha logrado avanzar en la apuesta por la paz implementando nuevas políticas, la violencia persiste en algunos territorios, por lo que preocupa la expansión territorial y las estrategias de control social de los grupos armados en contra de la población civil, una situación sobre la cual se ha reiterando la importancia de abordar como un desafío prioritario, pues estos hechos ya traen graves consecuencias para la población civil de 28 de los 32 departamentos del país. Se hace necesario recordar al Estado colombiano su deber en la protección y garantía de derechos humanos, además de la urgente necesidad de mejorar los mecanismos de articulación territorial para implementar políticas de paz; de fortalecer la capacidad de respuesta estatal; y de desarrollar un nuevo modelo de protección para personas defensoras.
Ante este panorama, la Oficina reiteró la importancia que ha tenido el nuevo Gobierno abriendo la posibilidad a mantener diálogos fluidos, jugando un papel clave en la escucha y la validación de recomendaciones, las cuales ha venido acogiendo y que espera que pueda seguir haciendo, dejando una nueva serie de recomendaciones enfocadas a desplegar una presencia integral en puntos estratégicos, fortaleciendo la capacidad institucional del Estado y de instancias de gobierno propio de las comunidades étnicas; a fortalecer la articulación entre las políticas de paz total, de seguridad, de desmantelamiento y de drogas; a incluir en los diálogos con actores armados no estatales el cese de acciones contra los derechos de la población civil, particularmente de la niñez y las violencias basadas en género.
Conoce y descarga el informe:
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas – Colombia