Secuestro y combates afectan niñas, niños y adolescentes en Nariño
Comunicado de prensa.
En los dos primeros meses del año diferentes hechos derivados del conflicto armado han vulnerado gravemente los derechos y la vida de las niñas y niños de la región.
Humanidad Vigente y el Proyecto Aporte al Bienestar Integral de las Niñas Rurales, llaman la atención sobre la manera como el recrudecimiento y reconfiguración el conflicto armado en el departamento de Nariño, está afectando a las niñas, niños y adolescentes.
El 31 de enero de 2011 fueron asesinados 5 integrantes de la comunidad indígena de los Pastos del Resguardo de Túquerres y heridos 16 más, en el Corregimiento de Santander, municipio de Túquerres – Nariño. Lamentablemente, entre las víctimas se encontraron dos menores de edad.
Ese mismo día en el resguardo Indígena Awá, Hojal La Turbia, en Nariño, el niño indígena José Richard Rodríguez, de 14 años de edad, fue víctima de una mina antipersonal que causó su muerte. Posteriormente, el 7 de febrero de 2011, otra mina antipersonal estalló en el mismo resguardo indígena, causando graves lesiones a 2 adultos y a la niña María Fernanda Canticus Pascal, de 16 años.
De otro lado, el 13 de febrero de 2011, un niño indígena de 4 años de la comunidad de los Pastos fue secuestrado en la vereda la Boyera, en zona rural de Cumbal (Nariño). Finalmente, el niño fue rescatado por las autoridades, sin embargo, con este hecho se evidencia la vulnerabilidad de la niñez nariñense.
Igualmente, el pasado 15 de febrero, niñas y niños de la comunidad indígena Awá se vieron afectados cuando avionetas acompañadas por helicópteros propiedad del gobierno colombiano, fumigaron durante más de 30 minutos la comunidad del Predio el Verde, Resguardo Indígena del Gran Sábalo, municipio de Barbacoas – Nariño.
Según la denuncia presentada por la Unidad Indígena del pueblo Awá – UNIPA, niñas, niños y jóvenes de la comunidad que se encontraban en el centro educativo, unos en horas de clase, otros tomando su refrigerio; en este mismo momento más de 80 indígenas, entre ellos niños lactantes, asistían a jornadas de vacunación y controles de crecimiento y desarrollo en la IPS Indígena. Todos ellos, al sentir pasar las avionetas salen a mirar y son rociados por gotas de glifosato. Aún se desconoce cuáles serán los efectos a largo plazo para su salud.
Por su parte, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Naciones Unidas Colombia, Ocha, alertó que desde el 21 de febrero se registran combates entre el Ejército y las FARC en los resguardos indígenas Awá de Magüi y Cuchilla del Palmar, municipio de Ricaurte, lo que ha generado un desplazamiento masivo de más de 200 familias de la etnia Awá que se se encuentran albergadas en escuelas y centros educativos en los resguardos, ante la amenaza del fuego cruzado y el riesgo generado por la existencia de MAP y MUSE.
De otro lado, el 22 de febrero, una bebé de apenas 2 meses de nacida fue secuestrada en la vereda El Tambor, municipio de Tangua, a 15 minutos de Pasto. Finalmente, La niña fue rescatada y entregada a su familia el 25 de febrero. Aunque este hecho no estuvo directamente relacionado con violencia socio política, éste se suma a la creciente vulnerabilidad de los menores de edad en la región.
Ante este panorama nos unimos a los llamados de alerta que han emitido organizaciones sociales de la región como el CPDH-Nariño y los comunicado emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Naciones Unidas Colombia, Ocha, donde se insta al Estado colombiano a tomar medidas de protección y atención urgentes.
El Estado colombiano esta llamado a proteger de manera prevalente los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). El interés superior de los niños prima sobre los demás por lo que se hace necesario que las autoridades de orden nacional, y regional dispongan políticas, programas, rutas de atención y protección urgentes que garanticen la vida e integridad física, moral y psicológica de los NNA de Nariño.
La Convención sobre los Derechos de los Niños, ratificada por Colombia el 28 de enero de 1991 establece en su artículo 35 que «los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma». Los sucesos de los últimos meses en el departamento de Nariño dejan claro que el Estado colombiano no ha garantizado suficientemente esta protección para las niñas y los niños y en especial los indígenas que deben gozar de dicha protección.
Por otro lado, el artículo 38. en el numeral 4 establece que «De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado». Hacemos un llamado al Gobierno colombiano por adelantar todos los esfuerzos en términos de política pública que hagan efectivos los derechos proclamados por esta Convención, que en los últimos meses no han sido aplicados en el departamento de Nariño.