En el Día de las Manos Rojas el Estado le sigue fallando a la niñez y la juventud vinculada al conflicto armado
Hoy conmemoramos el “Día Mundial de las Manos Rojas”, recordando la firma del “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados» en el 2002. Este protocolo prohíbe el uso de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado y fue aprobado mediante la Ley 833 del 10 de julio de 2003, aunque el instrumento internacional entró en vigor en Colombia hasta el 25 de junio de 2005[1].
Uno de los fines del Protocolo es asegurar la protección de la niñez; en el artículo 4 establece que “Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años.”[2] Sin embargo, en el tomo “No es un mal menor” del Informe Final de la Comisión de la Verdad se retrata la grave situación a la que se tuvo que enfrentar la niñez y la juventud, además de las alarmantes cifras sobre afectaciones en contra de esta población en el marco del conflicto armado colombiano.
Una de las afectaciones en contra de la niñez y la juventud colombiana ha sido el reclutamiento que deriva en su uso y utilización en el marco del conflicto armado. Las niñas, niños y jóvenes eran persuadidos, engañados y/o amenazados para ingresar a los grupos armados; allí eran sometidos a jornadas de entrenamiento en y sobre acciones militares, siendo obligados a aprender sobre el manejo de armas, estrategias de combate, labores de inteligencia, entre otras. Tanto niñas, niños y jóvenes también eran usados para cumplir con actividades delictivas como amenazar, extorsionar y transportar drogas y armas[3].
Según información de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y Human Rights Data Analysis Group, entre 1990 y 2017, por lo menos 16.238 personas menores de 18 años fueron víctimas de reclutamiento, siendo los principales responsables las FARC-EP con 12.038; grupos paramilitares con 2.038 casos, el ELN con 1.391 casos, otras guerrillas con 174 casos, la Fuerza Pública con 109 casos[4], entre otros. No obstante, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha indicado que, entre 1999 y junio del 2021, ingresaron al programa especializado 6.992 niñas, niños y jóvenes desvinculados de diferentes grupos armados: FARC-EP 3.878, ELN 1.298, AUC 1.054, BACRIM 337, GAOR 214. otros 101 y por establecer 101[5].
Cada año se conmemora este día por la prohibición del uso de niños, niñas y jóvenes en los conflictos armados. Una conmemoración que con el anterior panorama y la situación que vive la niñez a día de hoy parece no tener una verdadera validez para el Estado colombiano, pues continúan las graves violaciones de derechos humanos en contra de niñas, niños y jóvenes, particularmente de regiones marcadas históricamente por el conflicto armado y zonas distantes de los cascos urbanos y la presencia institucional a nivel nacional. Si bien, con el nuevo gobierno se vislumbran posibilidades de alcanzar medidas efectivas para proteger y salvaguardar los derechos de la niñez y la juventud, es necesario ahondar en los contextos específicos regionales y solventar las diferentes problemáticas sociales, culturales y económicas que han permitido que los casos de reclutamiento por parte de grupos armados prolifere en todo el país, pese a la existencia de protocolos y mecanismos internacionales.
[1] https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18272
[2] https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18272
[3] https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/descargables/2022-08/CEV_NNA_DIGITAL_2022.pdf
[4] Ibíd
[5] Ibíd