Ejecuciones Extrajudiciales, afectaciones diferenciadas y verdad judicial en el Caso 03 de la JEP
Con base en el informe No. 5 entregado por la Fiscalía General de la Nación, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante el auto 005 del 17 de julio de 2018, asumen conocimiento del Caso No. 003. Este se refiere a hechos relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
El inicio de este macrocaso surge de la necesidad de investigar y esclarecer la verdad sobre los crímenes cometidos, garantizando la justicia, reparación y garantías de no repetición. Se busca identificar a los máximos responsables y partícipes de estas hostilidades, así como determinar el patrón de macrocriminalidad relacionado con los hechos acaecidos en el conflicto armado y de los cuales se presentaron civiles desaparecidos y bajas en combate.
Por lo anterior, la SRVR determina los hechos y conductas de muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, las cuales son atribuibles a miembros retirados y activos del Ejército Nacional, quienes pertenecen a unidades militares adscritas principalmente a la Primera División y posteriormente al Comando Conjunto “No. 1 Caribe”. De aquí se desprende la responsabilidad por estas conductas en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar, La Guajira, Córdoba y Sucre.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas -SRVR-, por medio del Auto SUB D-SUBCASO COSTA CARIBE-008 del 31 de marzo del presente año, imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 miembros retirados del Ejército Nacional, entre ellos tres mayores generales y dos brigadieres generales, por 604 ejecuciones extrajudiciales en la Costa Caribe entre 2002 y 2008.
El Auto emitido por la JEP, marca un precedente histórico al determinar la responsabilidad de altos mandos militares en la comisión de ejecuciones extrajudiciales en contra de niñas y niños, en especial de aquellos potencialmente vulnerables entre los que se encuentran los pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades campesinas, afrodescendientes y sectores en pobreza extrema, y deja en evidencia cómo esta práctica criminal destrozó la vida de cientos de familias, generando revictimización, estigmatización y negando el derecho que tienen a la verdad, acceder a la justicia y la reparación integral que contemple garantías de no repetición.
En el auto reportaron que la mayor parte de las víctimas fueron hombres jóvenes, pero las niñas, niños y mujeres también sufrieron afectaciones particulares que deben ser visibilizadas. Entre las víctimas identificadas se encuentran 26 niñas, niños y adolescentes; y 14 mujeres, tres pertenecían a pueblos indígenas: dos al pueblo Wiwa y una al pueblo Wayúu, esta última menor de 18 años. Además, se descubrió que el Frente 59 de las FARC reclutó a varias niñas, algunas de las cuales fueron ejecutadas presuntamente a manos de agentes estatales. Entre estas víctimas se identifican tres menores de edad. Además, se documentó el asesinato de otras 13 personas, quienes también fueron presentadas como bajas en combate fuera del periodo priorizado; entre las víctimas se encuentra una adolescente asesinada en 1995 en el municipio de San Pablo, Bolívar; y quien fue presentada como guerrillera dada de baja en combate[1].
También se puede dar cuenta de otra menor de 15 años, que fue asesinada y presentada ilegítimamente como baja en combate[2], así como los cuerpos que fueron recuperados en el cementerio de San Juan del Cesar, de los cuales se logró establecer que eran menores de edad. Además de una víctima perteneciente al pueblo Wiwa que se encontraba en situación extrema de vulnerabilidad al estar en su sexto mes de gestación. Según el informe presentado, hasta la fecha aún faltan por identificar a 122 víctimas.
De acuerdo con la JEP, “estos crímenes evidencian cómo integrantes de las unidades tácticas implicadas ignoraron su deber de proteger a la infancia, como lo exige el Derecho Internacional Humanitario, y son una muestra clara de la afectación del conflicto armado en los derechos de la niñez. En muchos casos, los niños y niñas fueron atraídos por militares o reclutadores, quienes se aprovecharon de su vulnerabilidad[3].
Dentro del mismo auto, la SRVR detalla quiénes fueron los integrantes de las unidades militares que operaron en la Costa Caribe. Estos militares incurrieron de manera sistemática y consecuente en el asesinato y desaparición de civiles. Sus acciones también dieron lugar a otros hechos victimizantes, entre ellos, la grave afectación del tejido social de las comunidades. La SRVR examinó una muestra de las bajas reportadas por 19 unidades militares en esta región en el periodo de 2002-2008. De este modo, se detalla que entre enero de 2002 y diciembre de 2008 se reportaron 796 muertes como resultados operacionales. De las 604 personas reportadas oficialmente como dadas de baja en combate, el 75,8% de esos casos resultaron ser muertes ilegítimas, es decir, víctimas que no participaron en hostilidades y fueron presentadas falsamente como combatientes.
El primer caso de “falsos positivos” en Colombia se reportó en la década de 1970. Aunque no hay información ni datos específicos sobre este primer caso, luego, durante el periodo de 1978-2002, se documentaron varios casos, entre ellos el de los 11 jóvenes de Toluviejo, Sucre, entre el 9 de julio y el 7 de agosto del 2007, cuando habitantes del municipio llevaron a los jóvenes diciéndoles que les iban a ofrecer trabajo con promesas falsas. Luego de esto, fueron mostrados ante los medios de comunicación por parte de las Fuerzas Militares de la zona como bajas en combate, haciéndolos pasar como guerrilleros.[4]
Desde allí se inició un ataque sistemático en contra de la población y se conformó una estructura que funcionó como una red de “nodos criminales” articulados, con el fin de incrementar los resultados operacionales y mejorar la percepción pública de seguridad. Los militares, con la intención de recibir incentivos, ascensos, viajes, medallas, participaban en estos actos vulnerando los derechos humanos de civiles y personas en situación de vulnerabilidad; quien se negaba a participar en estos actos era sometido a un sistema de presiones y amenazas. Incluso hay reportes que indican que hubo soldados expulsados del Ejército en 2008 por negarse a participar en las ejecuciones extrajudiciales.
La Costa Caribe ha sido una región que se ha caracterizado por el conflicto armado, el poder político privatizado por específicos clanes y los conflictos por la tierra. Esto generó las condiciones necesarias para que el conflicto armado se desarrollará en esta región entre 1990 y 2010, e incluso hasta la fecha se presentan reportes de zonas en conflicto y de nuevos grupos ilegales. En esta región se presenta un contexto de fuertes contradicciones sociales y represión estatal, con presencia de distintos actores de la guerra. Durante los años noventa, las FARC-EP y el ELN controlaban territorios estratégicos del Caribe colombiano; luego llegó el paramilitarismo que se posicionó en los Montes de María y en la Sierra Nevada de Santa Marta, convirtiendo estos territorios en escenarios de violencia generalizada y masiva.
También hubo presencia del narcotráfico, fuerza pública, terratenientes y políticos aliados con el paramilitarismo, dejando a la deriva a la población civil, en especial a la población rural: campesinos, indígenas y afros. Todas estas personas en condición de vulnerabilidad, siendo víctimas de masacres, despojos, desplazamientos, violencia sexual, entre otros. Esto también propició el despojo de tierras para proyectos minero-energéticos y para cultivos de uso ilícito.[5]
A finales de la década de los 90 y principios de los 2000, en esta región se desarrolló una estrategia de guerra irregular en contra de las guerrillas, impulsada por una específica concepción de seguridad del Estado. En efecto, bajo el mandato del Andrés Pastrana Arango y el apoyo de Estados Unidos, se creó el Plan Colombia destinado a fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública para lucha contra el narcotráfico y los grupos insurgentes, este plan continuó en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, a través de la Política de Seguridad Democrática, lo que fortaleció la tarea del Ejército Nacional y avanzando en la profesionalización de oficiales y suboficiales; luego esta estrategia se enfocó en operaciones conjuntas de las fuerzas armadas. A pesar de los “esfuerzos” del Ejército Nacional por mantener la seguridad en el país, durante esta misma época de 2005-2008, en la región había fuerte presencia de las FARC-EP a través del Bloque Caribe o “Martín Caballero”, compuesto por el frente 19 “Prudencio Padilla”, el Frente 35 “Jaime Pardo Leal” o “Antonio José de Sucre”, el Frente 37 “José María Córdoba” o “Benkos Bioho”, el Frente 41 “José Prudencio Padilla” o “Cacique Upar” y el Frente 59 “Resistencia Guajira”.
El patrón de macrocriminalidad usado por los agentes estatales para llevar a cabo las ejecuciones extrajudiciales se expresa en dos grandes modalidades; el primero, son pobladores de la región que eran señaladas como integrantes o colaboradores de los grupos armados a quienes los militares “catalogan” como enemigo para justificar sus asesinatos. Estas personas eran víctimas de señalamientos y estigmatización que provenían de distintas fuentes, sobretodo de integrantes de grupos paramilitares e informantes anónimos, también las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, retenían a las víctimas identificadas como supuestos enemigos y mediante actos de fuerza eran entregados a las unidades militares, para ser asesinados y desaparecidos.
La segunda modalidad se llevó a cabo mediante homicidios y asesinatos de pobladores de la región, en especial de aquellos que se encontraban en situación de especial vulnerabilidad, a quienes se les prometía dinero y trabajo. Entre las víctimas se encontraban vendedores ambulantes, taxistas, mototaxistas, peluqueros, albañiles, personas en condición de discapacidad, pescadores e incluso desmovilizados de grupos paramilitares. Para la ejecución de estos crímenes, se establecieron ciertos criterios que, en teoría, excluían a menores de edad y a personas del mismo pueblo. No obstante, la evidencia demuestra la extrema gravedad de los hechos, ya que se han reportado niñas y niños entre las víctimas, lo que contradice y desmiente esos supuestos filtros, revelando el carácter sistemático e indiscriminado de estas prácticas.
En conclusión, este auto examina el modus operandi de los agentes estatales, entre los que se cuentan Mayores Generales retirados del Ejército como Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quienes estuvieron al mando de la X Brigada Blindada, el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Coronel Juan José Rondón y el Batallón de Artillería No. 02 “La Popa”, junto con los brigadieres generales (r) Fabricio Cabrera Ortiz, comandante de la X Brigada Blindada, y Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Batallón La Popa entre diciembre de 2007 y mediados de 2009, declarados máximos responsables de acuerdo con el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 1 de 2017. La JEP examinará estos hechos tipificados dentro del Código Penal colombiano, teniendo en cuenta el Derecho internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho penal internacional.[6]
Por otro lado, la Subsección D de la SRVR, responsable de emitir el auto, solicitó información al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, con el fin de iniciar nuevas diligencias judiciales que aporten en la reconstrucción de la verdad, y en garantía de los derechos de la niñez como sujetos de especial protección constitucional.
Los hechos reconocidos y las responsabilidades que tienen en la comisión de los mismos los integrantes del Ejército Nacional, sobre todo los altos mandos, resultan inaceptables por su extremada gravedad, pues dan cuenta de una Fuerza Pública corroída hasta su médula por lógicas criminales, que asesina al pueblo que debía proteger y al que se debe. Esta situación también interpela a la sociedad colombiana para seguir luchando en contra de la impunidad, el negacionismo y el olvido, donde la niñez sea protagónica en la construcción de paz como fruto de la verdad y la justicia, condición necesaria para un país con plenos derechos en el que hechos tan deleznables nunca más vuelvan a cometerse.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=iIgjDKNdTPc
[2] https://es.scribd.com/document/847644873/Auto-SUB-D-008-de-2025-ADHC-Costa-Caribe-2
[3] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/jep-imputa-crimenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-28-miembros-retirados-del-ejercito-nacional-entre-ellos-tres-generales.aspx
[4] https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/victimas-ejecuciones-extrajudiciales-toluviejo-comision-verdad
[5] https://www.comisiondelaverdad.co/caribe-conflicto-armado-poder-politico-y-conflictos-por-la-tierra