Dificultades para el retorno y la restitución de las víctimas de Mapiripán

En Mapiripán, Meta, el retorno y la restitución de tierras son cruciales para lograr justicia y reconciliación. Tras años de desplazamiento forzado por la violencia y el conflicto armado, las comunidades siguen siendo invisibilizadas, revictimizadas y no han podido retornar. Avanzar y concluir exitosamente este proceso, no solo es un reto logístico y social, sino un símbolo de esperanza para quienes han enfrentado la violencia estatal.

Retornar no es solo volver físicamente a un lugar, ya que el territorio y las realidades han cambiado. El desafío es entender qué ha pasado con la tierra y cómo enfrentarlo para avanzar hacia la reconciliación. Sin embargo, el proceso enfrenta problemas como la falta de infraestructura básica, servicios públicos, salud, educación y la ausencia de garantías de seguridad y de protección a los derechos de las víctimas.

Hay contradicciones en el funcionamiento del Estado colombiano a pesar de los cambios legales que habilitan el tránsito de la guerra a la paz. Algunas de estas contradicciones han sido heredadas por el actual gobierno y ello obstaculiza el avance en la restitución de tierras.

También es importante considerar el impacto en el medio ambiente y las relaciones sociales en Mapiripán, pues el territorio es una construcción social que refleja el poder y los significados históricos.

La restitución de tierras enfrenta desafíos legales y burocráticos, como la ocupación ilegal de terrenos y la falta de servicios básicos. Además, la presencia de actores armados y la complicidad de algunos sectores del Estado han generado desconfianza, incrementando el riesgo para las comunidades que desean regresar.

El retorno y la restitución de tierras son pasos hacia una reforma agraria redistributiva. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es una herramienta clave para abordar estos problemas, ya que establece un procedimiento específico para devolver tierras a las víctimas del desplazamiento forzado. La UARIV y la URT son las entidades responsables de coordinar estos procesos.

Lamentamos que instituciones nacidas para acompañar el tránsito de la guerra a la paz, como la Jurisdicción Especial para la Paz­­–JEP–, impongan a las víctimas de las masacres, requisitos y tiempos que limitan su participación, mediante la saturación organizacional de la apropiación colectiva de la información que surge en los macrocasos y en las Secciones del Tribunal Especial para la Paz. Lo anterior quiere decir que el dialógico y el principio de estricta temporalidad, son argumentos constantemente esgrimidos para limitar los anhelos de justicia, reparación y no repetición de las víctimas.

Es crucial resolver estos problemas tomando en cuenta los enfoques de derechos humanos, medio ambiente, generacional y de género. Esto implica proteger, incluir y asegurar el acceso a servicios básicos para las personas desplazadas y retornadas. La reforma agraria redistributiva es clave para mejorar las condiciones de vida de las víctimas, fortalecer sus organizaciones y garantizar que no se repitan las injusticias del pasado.