Día Nacional de las Víctimas de Crímenes de Estado una exigencia vigente de justicia
El Día Nacional de las Víctimas de Crímenes de Estado, surge como iniciativa de las organizaciones de víctimas, movimientos sociales y plataformas de derechos humanos, las que en el 2008 convocaron a una movilización nacional en distintas ciudades del país con la finalidad de exigir verdad, justicia y garantías de no repetición, frente a graves crímenes como las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la tortura y el desplazamiento forzado cometidos por agentes estatales en el marco del conflicto armado.
Hablar de crímenes de Estado implica reconocer que, en determinados momentos de la historia, el poder público, representado en instituciones como el Ejército Nacional de Colombia y otros agentes estatales, incurrieron en conductas contrarias a la Constitución Nacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estas graves violaciones no solo afectaron la vida e integridad de miles de personas, sino que fracturaron la confianza hacia las instituciones del Estado. Crímenes como las ejecuciones extrajudiciales, las alianzas y connivencia con estructuras paramilitares, y la persecución contra líderes sociales y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, rompieron el tejido social y dejaron heridas muy profundas.
Esta conmemoración reafirma principios democráticos esenciales como la dignidad humana, la responsabilidad estatal y el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. En el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR -, la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-, ha asumido la investigación y sanción de graves crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado, incluyendo aquellos que son atribuibles a agentes estatales. A corte del 31 de diciembre de 2025, la JEP manifestó que hay acreditadas 13.738 víctimas individuales, 421 sujetos colectivos y 150 comparecientes máximos responsables que han reconocido responsabilidad y verdad Plena[1].
No obstante, los índices de impunidad siguen siendo altos, y los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz aún tienen la obligación de aportar verdad plena, reconocer responsabilidad y cumplir efectivamente con el régimen de condicionalidad. La conmemoración del 6 de marzo también recuerda que los avances institucionales deben traducirse en sanciones propias, reparación integral y garantías de no repetición, pues solo así será posible enfrentar de manera real la impunidad y dignificar a las víctimas y sus familias.
El Día Nacional de las Víctimas de Crímenes de Estado es, ante todo, un acto de memoria. Nombrar a las víctimas, reconstruir sus historias y dignificar sus trayectorias de vida es una forma de resistencia frente al olvido e impunidad. Nombrar a las víctimas, significar, dignificar y reconstruir los procesos sociales que se vieron truncados a causa de estos crímenes de Estado, que en su mayoría ha quedado en la impunidad, le da un sentido especial a la memoria, pues no es solamente una evocación al pasado, sino que una herramienta para la transformación del presente y la construcción de un futuro en el que las instituciones y agentes del Estado, cumplan con su obligación de proteger los derechos del pueblo y las comunidades.
Conmemorar implica reconocer el papel de las organizaciones de víctimas, de la sociedad civil, y de las defensoras y defensores de derechos humanos, que, durante años, han insistido en la necesidad de investigar estos hechos y de romper los pactos de silencio, logrando que se reconozca la responsabilidad estatal en la comisión de estos crímenes. Gracias a su persistencia, muchos casos han salido a la luz, se han obtenido algunas decisiones en favor de las víctimas y se han impulsado reformas institucionales orientadas a evitar la repetición de estas graves violaciones.
En conclusión, el 6 de marzo es un llamado colectivo a la reflexión, al compromiso y a la acción. Recordar a las víctimas de crímenes de Estado es reafirmar que ninguna razón política, militar o de seguridad puede justificar la violación de la vida y la dignidad humana. También, es reconocer que la paz estable y duradera solo es posible cuando exista verdad plena, justicia efectiva y garantías reales de no repetición. Y es, sobre todo, un acto de solidaridad con quienes continúan esperando una respuesta, reafirmando que su lucha por la memoria y la dignidad es también la lucha por una sociedad más justa, humana y con instituciones públicas que protejan los derechos y la vida, y nunca más recurra al crimen o a las violaciones de los derechos humanos como política de Estado.