Día Internacional de la Niña: Para Colombia, más que una conmemoración un llamado a la acción

Cada 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, una fecha que busca visibilizar las distintas realidades que viven, promover el cumplimiento de sus derechos y exigir acciones concretas para garantizar su pleno desarrollo. Sin embargo, en Colombia estos derechos siguen siendo una deuda. Las niñas continúan enfrentando múltiples formas de violencia, como la violencia sexual, física, psicológica y estructural, entre otras, las cuales han limitado su acceso a la educación, a la salud, a la participación y a una vida libre de discriminación. Esta situación refleja la persistencia de profundas desigualdades y la falta de respuestas efectivas del Estado y de la sociedad para protegerlas y generar condiciones que les permitan crecer con dignidad, autonomía y oportunidades reales de desarrollo.

Las violencias contra las niñas y jóvenes son una constante que refleja la falta de garantías efectivas para la protección de sus derechos. El boletín del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), “Datos para el cambio: situación de violencias contra las niñas, niños y adolescentes”, con cifras al 2023, evidencia un panorama alarmante. Para ese año, 25.459 niñas fueron valoradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal por motivos asociados a distintas formas de violencia. A esto se suman los datos del Instituto Nacional de Salud, que entre 2018 y 2023 reportó 701 casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 69% corresponden a mujeres^[1]. Estas cifras muestran que las agresiones contra las niñas no solo persisten, sino que se mantienen como una expresión estructural de desigualdad y desprotección que sigue afectando sus vidas y su desarrollo.

A pesar de las alertas y cifras registradas en años anteriores, durante 2025 la situación parece no cambiar. Una de las principales afectaciones que enfrentan las niñas y adolescentes en Colombia son las violencias basadas en género. De acuerdo con el consolidado de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025 se registraron múltiples vulneraciones contra esta población. Solo en casos de violencia intrafamiliar se reportaron 1.026 niñas y adolescentes afectadas, siendo Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Boyacá, los departamentos con mayor número de denuncias^[2]. Estas cifras evidencian que la violencia en el entorno familiar sigue siendo un riesgo cotidiano para miles de niñas y que los mecanismos de protección aún resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.

Durante el mismo período, la Defensoría del Pueblo registró 3.479 casos de delitos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes, concentrados principalmente en Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca. A esto se suman 67 casos de explotación sexual y 16 de trata de personas^[3], lo que evidencia la gravedad y persistencia de las violencias que enfrentan. Estas cifras corresponden a un análisis inicial del año, por lo que el panorama podría resultar aún más crítico al cierre de 2025, si no se fortalecen las medidas de prevención, atención y protección por parte del Estado.

Otra de las formas más graves de vulneración de los derechos de las niñas y adolescentes en Colombia es el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales, una práctica que las expone a múltiples escenarios de violencia y explotación. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante 2024 se registraron 227 niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados organizados o estructuras delincuenciales de crimen  de alto impacto, y entre enero y mayo de 2025 ya se contabilizan 26 nuevos casos^[4]. Esta situación no solo implica la pérdida de su libertad y de su entorno familiar, sino que con frecuencia deriva en abusos sexuales, explotación laboral, uso en actividades ilícitas, desplazamiento forzado y estigmatización social, profundizando las afectaciones psicológicas y el desarraigo que enfrentan. Estas cifras confirman la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención y protección en los territorios más afectados por el conflicto armado y la presencia de actores armados ilegales.

La persistencia de estas violencias demuestra que las acciones implementadas hasta ahora no han logrado transformar las condiciones que vulneran los derechos de las niñas y jóvenes. Es urgente que el Estado y la sociedad asuman una responsabilidad real para prevenir, atender y erradicar las violencias que las afectan y generar entornos donde puedan crecer libres, seguras y con oportunidades reales para desarrollar todo su potencial con garantías efectivas para el ejercicio de sus derechos, en su condición de sector poblacional de especial protección constitucional. Garantizar su bienestar implica reconocerlas como personas con plenos derechos y sujetas políticas protagonistas de sus vidas y la de sus comunidades, avanzando hacia un país que las escuche, las proteja, las acompañe y les propicie la realización de sus sueños y proyectos de vida.

^[1] https://portalsuin.icbf.gov.co/sites/suin/Documents/Boletines%20Datos%20para%20la%20acci%C3%B3n/Datos%20para%20el%20cambio%20violencias%20-%20VF_OBNSUIN.pdf

^[2] https://www.defensoria.gov.co/-/panorama-de-las-violencias-de-genero-en-colombia-enero-a-mayo-de-2025

^[3] Ibíd

^[4] https://www.defensoria.gov.co/-/reclutamiento-en-colombia-durante-el-primer-semestre-de-2025