Detrás de la COP16 ¿Paz con la Naturaleza?

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP 16, hace parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB, por sus siglas en inglés), tratado internacional que entró en vigor en 1993 con el propósito de conservar la diversidad biológica, procurar un uso sostenible y garantizar la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos de las especies, y es diferente a la COP 29 que es la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de los países que se han adherido a la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de 1992, que se reúne cada año para evaluar los avances y negociar respuestas multilaterales respecto a este fenómeno y que se llevará a cabo entre el 11 y el 24 de noviembre en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán.

La CDB se realiza cada dos años y en esta ocasión se celebró en Cali la versión número 16, de allí la razón por la que se nominó como COP 16, en donde se reunieron líderes de todo el mundo para establecer agendas, compromisos y acciones sobre la biodiversidad, su conservación y su uso sostenible. Para Colombia, esta conferencia tiene una importancia crucial, ante los desafíos ambientales y sociales que enfrenta su biodiversidad, como la deforestación y el impacto de industrias extractivistas que afectan gravemente el territorio y los derechos de sus habitantes, en especial de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

La COP16 se planteó sobre tres ejes fundamentales. Primero, revisar los avances y movilizar recursos para alcanzar las metas establecidas en el ‘Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal’ en 2022, durante la edición número 15. Segundo, establecer un mecanismo para el reparto justo de los beneficios por el uso de recursos naturales, plantas, animales, microorganismos y otros seres vivos. Y, por último, fortalecer la relación entre la biodiversidad y el cambio climático, tomando decisiones al respecto.

Para Colombia, la transición energética, la preservación de su patrimonio natural y la crisis climática, son asuntos fundamentales sobre los cuales se debe trabajar a nivel global a través de un modelo de cooperación que permita dar atención urgente a las necesidades sociales de comunidades étnicas y campesinas, superando también las afectaciones producto de la violencia estructural y el conflicto, impulsando la bandera de “Paz con la Naturaleza”, apuesta enfocada en transformar el sentido del relacionamiento económico con la naturaleza, haciendo de esta un pilar que permita evitar la inversión en la guerra, destinando los recursos para atender las consecuencias de la crisis climática. 

Con todo, en las COP convergen los intereses de múltiples sectores de la sociedad como los oficiales de los Estados, gremiales, corporativos y económicos, quienes tradicionalmente han manejado al país detrás del telón, en una zona “azul” designada y restringida solo para las negociaciones formales entre delegados de los países y el sector empresarial. O también, los sectores sociales, étnicos, campesinos, ambientales, movimientos sociales y de derechos humanos, quienes históricamente han sido invisibilizados y silenciados en su lucha por la defensa del territorio, el ambiente y las comunidades afectadas por la degradación ambiental, en una zona “verde”, para visibilizar propuestas, alternativas y para fomentar la participación ciudadana a través del debate, los encuentros, el intercambio de experiencias y de resistencias frente al modelo extractivo.  

No obstante, el que las decisiones se hayan tomado a puerta cerrada, en un espacio restringido al cual no tuvieron acceso las comunidades más afectadas a nivel territorial y ambiental en el país, impidió formular políticas públicas que se ajusten a las necesidades de todos. De ahí la exigencia para que el desarrollo económico no se siga haciendo a costa de las personas ni del territorio, lo que implica la defensa de los derechos humanos, la justicia ambiental y la protección de la vida enmarcados en la apuesta de Paz con Naturaleza, poniendo el foco más allá del simbolismo que representa la COP, con una dosis de realidad sobre lo que hay detrás el lobby político y social que mantienen quienes tienen el poder, perpetuando la contaminación ambiental por la emisión de gases, la sobreexplotación de suelos, el uso de químicos y la destrucción hídrica, la contaminación de ríos, lagos y mares. 

Y es que los intereses de los grandes poderes económicos y políticos están llevando al mundo a un colapso ecológico que ya afecta a millones de personas, comunidades y pueblos, siendo ellas las primeras víctimas del saqueo de su patrimonio hídrico y natural, y que son victimizadas por enfrentar la destrucción de sus tierras y sus territorios y la depredación del ambiente por la sobre explotación y el extractivismo. Este modelo por destrucción y despojo, genera hambre y desplazamiento continuo de comunidades étnicas y rurales a lo largo del país, alimenta el conflicto armado y causa la muerte de niñas, niños, jóvenes, mujeres, líderes y lideresas sociales, lo que ha hecho que Colombia siga siendo el país más peligroso para las personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos.

De ahí que se contribuye poco al avance en la solución de la destrucción de la biodiversidad, si las decisiones se toman sólo por quienes son los principales responsables (Estados, empresas y capital) de la crisis terminal que se experimenta. Se requiere la participación activa de la sociedad civil y de los movimientos sociales para garantizar que las soluciones propuestas sean inclusivas, sostenibles y garanticen y respeten los derechos humanos, especialmente en un país donde la lucha por el territorio y el medio ambiente sigue siendo una cuestión de vida o muerte. No se puede pensar en plantear el “canje de la deuda por naturaleza” y mucho menos aceptarlo, pues sería continuar en el mismo modelo depredador económico y político transnacional. Si el mercado ha destruido la biodiversidad y ha generado la crisis climática que amenaza con acabar la vida, las salidas no pueden ser nuevas fórmulas de mercado, así se adjetiven como “verdes”. Por el contrario, para que haya paz con la naturaleza y con la vida, hay es que trascender la lógica del mercado, de acumulación y ganancia, porque la naturaleza y la vida no son una mercancía. Y es que precisamente los compromisos sobre el reparto justo de beneficios por el uso de recursos naturales y la implementación de mecanismos de participación ciudadana estuvieron mediados por las mismas empresas contaminantes que priorizan sus intereses económicos sobre el cuidado de la naturaleza, por lo que realmente quedaron, en muchos aspectos, como recomendaciones que no necesariamente son vinculantes y, por ende, no garantizan cambios estructurales.

Albergar la COP16, ha sido una oportunidad para que Colombia, un país mega diverso, reafirme su postura en línea con la implementación de políticas ambientales que protejan la biodiversidad y promuevan la justicia climática y territorial. Sin embargo, ha sido un escenario mediado y solapado por empresas que se adaptan a los cambios en las leyes, pero no transforman sus intereses económicos y sociales que priorizan el beneficio propio sobre la vida. Por ello parece efímera la bandera de la COP16 sobre la construcción de «Paz con la Naturaleza» como un compromiso plenamente asumido por la comunidad internacional, pues el modelo económico global basado en el mercado y el extractivismo, impide la implementación de políticas concretas y vinculantes, que reconozcan a la naturaleza como un sujeto de derechos, con pueblos y comunidades cuidadores de la vida y del medio ambiente, en una coexistencia armónica, justa, equilibrada y diga. Esto seguramente se logrará cuando en vez de mercados y economías verdes se avance en el reconocimiento y pago de la deuda ecológica que el mundo desarrollado debe a los pueblos, y la justicia ambiental, social, étnica y de género sean una realidad.