Desapariciones forzadas en Colombia: en búsqueda de la justicia
Entre las conclusiones del informe, la CCEEU destaca que el Estado colombiano no está cumpliendo con las obligaciones que se derivan de la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, específicamente en lo relativo a la obligación de adelantar investigaciones exhaustivas e imparciales hasta que se aclare la suerte de las víctimas, y proveer a los familiares de un mecanismo judicial rápido y efectivo como medio para encontrar a los desaparecidos.
Así mismo, señala que El estado tampoco está cumpliendo con la obligación de atender integralmente a las víctimas y sus familias incluyendo atención psicosocial que les ayude a superar los impactos y daños causados por la desaparición de un ser querido. Mientras subsista esa situación, el Estado seguirá siendo responsable por la comisión de este tipo de violaciones y por la profundización de la grave situación de derechos humanos que vive el país.
De igual forma, denuncia la CCEEU que las desapariciones forzadas se han mantenido de manera constante a lo largo del tiempo y continúan ocurriendo en la actualidad. En muchos casos, las desapariciones quedan invisibilizadas cuando ocurren conjuntamente con otras violaciones, como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública de manera sistemática entre 2002 y 2008, las cuales estuvieron casi siempre acompañadas por la desaparición forzada de la víctima. De acuerdo a la información registrada por la Mesa, entre enero a diciembre de 2011, ocurrieron por lo menos 28 desapariciones forzadas, incluyendo tres personas defensoras de derechos humanos.