Desaparición forzada, flagelo que persiste contra niñas, niños y jóvenes en Colombia

La desaparición forzada es una práctica criminal que ha sido utilizada en Colombia como estrategia de guerra sucia contra personas pertenecientes al movimiento social, trabajadores y trabajadoras de derechos humanos, campesinos y campesinas, comunidades étnicas, estudiantes, y contra la niñez y la juventud en general. Este último sector poblacional se ha visto fuertemente afectado por la desaparición forzada.  Las niñas, niños y jóvenes que han vivido este flagelo, además se han tenido que enfrentar a otras violaciones de derechos concurrentes como: el abandono, la estigmatización, la trata de personas, la explotación sexual, el secuestro y el reclutamiento forzado, y las ejecuciones extrajudiciales. Ante el incremento de la  desaparición forzada de personas menores de 18 años y con el fin de contar con cifras más cercanas a la realidad que sufre la niñez y la juventud, se solicitó a distintas entidades compartir sus registros de víctimas de este crimen.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad del Estado encargada de trabajar en la prevención y protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia, se pronunció indicando que cuentan con un Sistema de Información Misional-SIM, en el cual registran 3995 hechos de desaparición forzada durante 2021, es decir, un promedio de 11 casos cada día. Mientras que en los cuatro primeros meses de 2022 se registraron 2754 casos, es decir 22 casos cada día, lo que representa un aumento del 100%. El rango etario que registra el ICBF pone como víctimas principales a los niños y las niñas entre 0 a 5 años y de 12 a 17 años. Durante 2021, el Instituto contabilizó en el SIM 1910 casos cuyas víctimas tenían entre 0 a 5 años; 632 víctimas entre los 6 a 11 años: y, 1453 víctimas entre los 12 a 17 años. Mientras que durante los primeros cuatro meses del 2022, el sistema del ICBF registró  1111 casos con víctimas entre los 0 a 5 años; 524 entre los 6 a 11 años; y, 1118 entre los 12 a 17 años.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuenta con un registro nacional de desaparecidos, en el que se hace seguimiento de casos y  la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente-MBU. Conforme a esta entidad durante el  2021 se registraron 110 víctimas entre los 0 a 4 años; 89 entre 5 a 9 años; 1055 entre 10 a 14 años; y 1127 entre 15 a 17 años, para un total de 2381 víctimas. Mientras que de enero a julio de 2022, se han registrado 66 víctimas entre los 0 a 4 años; 49 entre los 5 a 9 años; 567 entre los 10 a 14 años; y 537 entre los 15 a 17 años, para un total de 1219 víctimas de desaparición. Medicina Legal señala que este fenómeno puede estar asociado a raptos relacionados con trata de personas o dinámicas de microtráfico, donde buscan reclutar a los menores.^[1]

Ligado al seguimiento que se ha realizado, la Fiscalía General de la Nación a través del Sistema de Información de Gestión de casos del Sistema Penal Oral y Acusatorio-SPOA, reporta que desde enero de 2020 hasta el 28 de junio de 2022 se registraron 1200 denuncias por presunta desaparición forzada.^[2]  y la mayoría de estos casos denunciados y reportados por la Fiscalías se encuentran en la etapa preliminar de indagación, es decir, no se ha producido decisión de fondo frente a los responsables por los hechos denunciados.

Si se contrasta la información de registros suministrada por las anteriores entidades referenciadas se encuentra una diferencia desproporcionada para el periodo que pretende abarcar la información brindada por la entidad, el cual es de más de dos años; y más preocupante aún, cuando es la Fiscalía  el organismo encargado de investigar y judicializar este terrible crimen.

La desaparición forzada también se relaciona con el conflicto armado que ha vivido Colombia por más de 60 años. Entendiendo su génesis en la violencia sociopolítica, es clave conocer el registro de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas-UBPD, el cual indica que desde enero de 2020 hasta el primer semestre de 2022, han recibido la solicitud de búsqueda de 807 niñas, niños y jóvenes, 175 niñas, 428 niños y 204 sin identificar. De igual forma, la UBPD detalla que la mayoría de víctimas están entre los 15 y 17 años, precisando que 10 menores de 18 años han sido reportados como  combatientes desaparecidos en el marco de acciones bélicas; 258 por desaparición forzada; 7 por ejecución de civiles por presunta participación en acciones del conflicto; 2 por  ejecución de civiles reportados como muertos en combate, ejecución extrajudicial;  2 ejecuciones de no combatientes; 9 por enrolamiento; 3 por fusilamiento entre filas; 3 por hijos e  hijas de combatientes entregados en cuidado de terceros; 1 por otras causas; 285 por reclutamiento forzado; 6 por secuestro; 27 por más de una causa; y de 189 no se posee información de la causa de desaparición.  Del total de 807 víctimas, la UBPD solo ha podido ubicar a 5 de ellos.^[3]

Tanto el ICBF, Medicina Legal y la UBPD destacan que la mayoría de víctimas se encuentran rondando los 14 a 17 años. Estos datos demuestran que los y las jóvenes son parte de la población más victimizada y agredida por el flagelo de la desaparición forzada. Si bien, distintas entidades del orden nacional han establecido mecanismos de prevención y protección de los derechos fundamentales de las niñas, niños y jóvenes, como lo son la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Mecanismo de Búsqueda Urgente, el Registro Nacional de Desaparecidos y la Administración de Bienes de Personas Desaparecidas^[4]; estos parecen no aplicarse a tiempo o quedarse cortos ante una forma de violencia que efectivamente ha aumentado en los últimos años por el contexto social, político y económico al que se enfrenta la niñez y la juventud en todo el territorio nacional.

Estos crímenes contra las niñas, niños y jóvenes en su inmensa mayoría quedan en la total impunidad, así es como la organización Human Rights Everywhere presentó el informe “Cartografía de la Desaparición Forzada en Colombia”, estableciendo que en el país hay una tasa de impunidad del 99.5% de los casos, este documento detalla que de las 7700 investigaciones que se han abierto por desapariciones forzadas en Colombia solo han  tenido sentencia condenatoria 337, es importante resaltar que no todos los casos de desaparición son denunciados,^[5] dejando un gran interrogante no solo por las niñas, niños y jóvenes desaparecidos, sino también por la disparidad en las cifras registradas por cada institución.

La desaparición forzada constituye una grave violación a los derechos humanos y si es perpetrada como una práctica criminal sistemática generalizada se considera Crimen de Lesa Humanidad. Fue gracias a la lucha de los familiares de las personas desaparecidas, quienes también son consideradas víctimas, se logró que la Asamblea de Naciones Unidas mediante la Resolución A/RES/65/209 del 20 de diciembre de 2010  aprobara la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, al tiempo que se aprobó el  30 de agosto como día internacional de las víctimas de desaparición forzada, fecha que es para recordar no solo a las víctimas sino para hacer visible estos hechos de violencia que comprometen la responsabilidad de los Estados. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la desaparición forzada llegó a Colombia en la década de los 70, tras recibir la denuncia oficial del primer caso, el cual data de septiembre de 1977 en la Ciudad de Barranquilla, donde una militante de izquierda fue desaparecido y nunca se volvió a tener rastro de ella^[6].

El incremento de la desaparición forzada ha demostrado que nos encontramos ante un Estado responsable por omisión frente a su deber de protección integral de los derechos prevalentes e interés superior de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, donde además las entidades que deben velar por la protección de la niñez no son eficaces y los protocolos de búsqueda no son de fácil acceso para sus familiares, al tiempo que la sociedad en su conjunto es indiferente ante el sufrimiento y agresión de la que es víctima su población menor de edad, a pesar que en el año 2020 el gobierno creó el  “Protocolo de Alerta urgente para la búsqueda, localización y recuperación de niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos”, el cual tiene como objetivo lograr una respuesta institucional y de coordinación a nivel nacional para la pronta recuperación del menor desaparecido, estos esfuerzos aún no son suficientes pues se observa que el delito de desaparición forzada continúa en aumento.

^[1] https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa

^[2] Oficio con Radicado No 20229430002711 Oficio No SPPEI-10210 del 30 de julio de 2022 con asunto: “Respuesta radicado No 20226170308782”

^[3] Oficio con radicado UBPD-1-2022-006304 del 29 de junio de 2022 en respuesta al asunto: “Respuesta a Radicado #UBDP-2-2-2022-002781”

^[4] La desaparición forzada de personas en Colombia, Cartilla para víctimas pág. 7 USAID

^[5] https://www.aa.com.tr/es/mundo/ong-afirma-que-el-99-5-de-las-desapariciones-forzadas-han-quedado-en-la-impunidad-en-colombia/1646046#:~:text=BOGOT%C3%81%2C%20Colombia&text=Arellana%20resalt%C3%B3%20que%20tener%20solo,que%20es%20un%20fen%C3%B3meno%20nacional.

^[6] https://centrodememoriahistorica.gov.co/desaparicion-forzada/