Bombardeos: una práctica de guerra que se ha vuelto sistemática contra las niñas, niños y jóvenes en Colombia

#SemillasDeVidaYPaz

El pasado 2 de marzo, se realizó una operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación contra la estructura de las Farc comandada por alias ‘Gentil Duarte’^[1]. La operación fue un bombardeo en cercanías al río Ajajú, zona rural de Calamar, Guaviare, allí fueron abatidos diez miembros de la estructura, además de que el general Sergio Tafur, comandante del ‘Comando Conjunto de Operaciones Especiales’, unidad adscrita a la Cuarta División  confirmó el rescate de un menor de edad que presuntamente había sido reclutado por el grupo armado^[2]. Para el momento no se había determinado, sexo y edad de los abatidos; el ministro de Defensa, Diego Molano presentó la operación como exitosa y sin tregua contra los criminales^[3].

Tras hacerse pública la operación, el Comando General de las Fuerzas Militares, emitió un nuevo comunicado en el que informó que el número de abatidos en la operación contra la estructura armada ilegal de ‘Gentil Duarte’ había aumentado, añadiendo un apartado en el que denuncia el reclutamiento forzado de menores de edad^[4], si hacer mención alguna a que dentro de los abatidos hubiese niñas, niños y jóvenes. Situación que se confirmó solo siete días después, luego de que el pasado 9 de marzo a través del medio ‘Tercer Canal’ y la cuenta de Twitter del senador Roy Barreras, se anunciara que familiares de una docena de niños desaparecidos en la zona, denunciaron que al parecer había cuatro de ellos en el campamento bombardeado^[5].

Repitiéndose una vez más otra situación que se ha vuelto sistemática,  de grave infracción al DIH, en la que las niñas, niños y jóvenes, son víctimas de operaciones de guerra ejecutadas por las Fuerzas Militares con conocimiento previo dado las actividades de inteligencia de que en la zona objetivo había presencia de población que debe ser protegida, desconociendo de manera flagrante los principios básicos de protección, prevención y precaución. En 2019, el senador Roy Barreras, en medio de un debate de moción de censura al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, denunció que en un hecho similar, fueron asesinados ocho menores de edad -pudieron ser más- luego de que haber bombardeado indiscriminadamente un campamento de disidentes de las Farc-ep en San Vicente del Caguán, Caquetá^[6]. La situación se agrava cuando se revisa que desde el 2010 se cuenta con por lo menos registro de otras siete acciones similares en que mueren niños, niñas y jóvenes por bombardeos efectuados por la Fuerza Pública^[7].

De hecho, el Estado colombiano ha sido declarado responsable internacionalmente por parte de tribunales internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia^[8], cuyos hechos se centran en un bombardeo realizado por el Ejército colombiano contra un caserío en el municipio de Tame, Arauca. En esta oportunidad, la Corte Interamericana identificó que el Estado colombiano había violado los principios del derecho internacional humanitario al atacar a población civil, generando múltiples daños, entre estos asesinatos de niños y niñas.

Entre tanto, la ‘Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia’ pudo recopilar diferentes versiones con los familiares quienes denunciaron y confirmaron por lo menos la muerte de una adolescente de 16 años^[9]. Por su parte, medicina legal ha confirmado la muerte de la menor de 16 años, junto con la identificación de dos mujeres jóvenes de 19 y tres hombres jóvenes entre los 19 y 20 años; además, de dejar abierta la posibilidad de que algunos de los cuerpos sean de ciudadanos venezolanos -quienes también pueden ser menores de edad-, pues en Colombia no existe su registro de carta dental^[10].

Frente a esta grave denuncia,  el hoy ministro de Defensa, Diego Molano, quien fuera director durante tres años del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de la implementación de la política pública y restablecimiento de derechos de las niñas y niños, en entrevista con medios radiales, defendió la operación militar que calificó de legítima; pese a reconocer que había información de que en el lugar había jóvenes a los que calificó como “máquinas de guerra” responsables de atentar contra la Fuerza Pública y la población civil, agregando que la misma se realizó conforme a las consideraciones del Derecho Internacional Humanitario^[11], desconociendo la responsabilidad que tiene el Estado como garante de derechos y sus obligaciones internacionales de proteger la integridad de la población vulnerable, como en este caso son las niñas y los niños, quienes deben ser reconocidos y tratados como sujetos de derecho y especial protección.

Ante estos hechos, es importante reiterar la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas y los niños en contextos de conflicto armado. Al respecto, el Secretario General de las Naciones Unidas publicó un informe relacionado con la situación de las niñas y niños en el conflicto armado colombiano, indicando que, en el país, las cifras de reclutamiento forzado son alarmantes y que bajo este panorama, se hace necesario recordar que “los niños, niñas y adolescentes vinculados o anteriormente vinculados a fuerzas y grupos armados deben ser tratados principalmente como víctimas”^[12].

Según cifras oficiales de la Unidad de Atención a Víctimas, con fecha a corte del 31 de enero del año 2021, “de las más de 9 millones de víctimas, 9.133 están registradas por el delito de reclutamiento ilícito”^[13]. Conforme al Observatorio de Niñez y Conflicto Armado, se ha señalado que durante el 2020 se presentó un incremento de casi el 500% de casos reportados de reclutamiento forzado, comparado con el mismo periodo del año 2019^[14]

El Estado colombiano tiene el deber de proteger y prevenir el reclutamiento forzado de los niños y niñas en el marco de las obligaciones constitucionales como lo recita el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia^[15], el cual establece los derechos de las niñas y de los niños como fundamentales y la prevalencia de sus derechos sobre los de los demás. Así mismo, el Estado ha adquirido obligaciones internacionales de carácter general de garantía consagradas en diferentes instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El deber de prevención implica que, ante una situación de riesgo de violaciones de derechos humanos -en este caso reclutamiento forzado-, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para evitar que el riesgo se materialice^[16].

Es de suma importancia tener presente que la Defensoría del Pueblo había advertido a través de alertas tempranas y del informe ‘Dinámicas de reclutamiento forzado contra la niñez en el país’, publicado en julio de 2020, que el departamento de Guaviare era una zona de alto riesgo para el reclutamiento forzado de niñas y niños^[17]. Por lo tanto, el Estado colombiano conocía de esta situación de riesgo para las niñas y niños, como consecuencia, se configura un deber reforzado de adoptar todas las medidas para prevenir estos hechos, aun cuando sean perpetrados por grupos armados al margen de la ley, pero no hizo nada.

Como otro punto que debe resaltarse es que, con base en los principios del Derecho Internacional Humanitario, todas las actuaciones militares deben llevarse a cabo bajo estricta precaución, es decir, que una operación militar debe causar el menor daño posible respecto a la ventaja militar esperada^[18]. En este marco y bajo el interés superior de los niños y de las niñas, debe darse prioridad a preservar la vida de toda la niñez que se encuentre vinculada a los grupos armados, entendiendo que se trata de víctimas del conflicto..

Atacar y bombardear a niños, niñas y jóvenes parece haberse convertido en una política de Estado, y referirse a ellos y ellas como “máquinas de guerra”, dejando de lado todos los deberes y responsabilidades que tiene el Estado en cabeza del gobierno con esta población. El llamado no debe ser solo al rechazo sino a la acción y transformación  conjunta en pro de salvaguardar los derechos de la niñez colombiana y acabar con el imaginario de que los menores reclutados son “máquinas de guerra” declaraciones que solo generan odio, estigmatización, exclusión y revictimización.

Exhortamos al gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque y a la Fuerza Pública a respetar el derecho a la vida de todos los colombianos, especialmente a esta población que cuenta con protección especial. El Estado y sus instituciones como Medicina Legal y la Fiscalía deben asumir con responsabilidad su trabajo para la identificación de las víctimas y el esclarecimiento que conduzca a la verdad sobre quiénes y cuántos son los niños, niñas y jóvenes víctimas de estas operaciones de guerra.

Desde la Plataforma Colombiana de Organizaciones Sociales y Populares por el Protagonismo de Niños, Niñas y Jóvenes (Plataforma Tres Voces), las organizaciones que la conformamos:

• Consideramos que las niñas, niños y jóvenes reclutados son víctimas de la guerra y el Estado debe garantizar su vida y sus derechos
• Exigimos que pare el asesinato y el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes por parte de grupos armados legales e ilegales
• Requerimos un diálogo con Presidencia de la República para establecer garantías para la vida de la niñez y la juventud
• Solicitamos a la sociedad ampliar las estrategias de cuidado, prevención y protección de la vida de la niñez y la juventud
• Hacemos el llamado a los medios de comunicación a escuchar las propuestas de la niñez y la juventud en la defensa de la naturaleza, la vida y la paz
• Proponemos un diálogo político local y nacional sobre los impactos de la guerra, las violencias estructurales y la pandemia en los derechos de la niñez y la juventud en Colombia

Organizaciones de la plataforma:

• Humanidad Vigente Corporación Jurídica
• Escuela Taller Sur
• Corporación Vínculos
• CAPS (centro de atención psicosocial)
• Benposta Nación de muchachos
• COALICO
• Fundación Creciendo Unidos
• CENSAT agua viva
• Corporación Amiga Joven
• Corporación Educativa COMBOS
• Corporación Con-Vivamos
• Corporación IFT (investigación y formación para la transformación)
• Asociación Palco-La Esquina Radio
• Asociación Red Antorchas
• Fundación Solidaria la Visitación
• Asociación FUNSAREP
• Pensamiento y Acción Social, PAS
• Fundación CECUCOL (centro cultural comunitario las colinas)
• COSAJUCA (colectivo socio-ambiental juvenil de Cajamarca)
• Taller Abierto
• Taller de Vida
• SEDEN (servicio de defensa a la niñez)
• Comisión intereclesial de justicia y paz.
• Circo Momo
• Promotores Juveniles de Isnos

Terre des hommes Alemania

^[1] https://www.cgfm.mil.co/es/blog/en-guaviare-neutralizados-13-integrantes-de-la-estructura-residual-de-alias-gentil-duarte

^[2] https://caracol.com.co/radio/2021/03/03/judicial/1614803969_558811.html

^[3] https://twitter.com/Diego_Molano/status/1366889139396882435?s=20

^[4] https://noticias.caracoltv.com/colombia/familias-en-guaviare-denuncian-que-varios-ninos-murieron-en-bombardeo-contra-disidencias-de-las-farc

^[5] https://twitter.com/RoyBarreras/status/1369424769519652864?s=20

^[6] https://humanidadvigente.net/en-colombia-los-derechos-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-tienen-caracter-prevalente-y-es-un-deber-del-estado-y-de-sus-gobernantes-respetarlos-garantizarlos-y-protegerlos/

^[7] https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/no-es-la-primera-vez-que-mueren-ninos-en-bombardeos-de-la-fuerza-publica-articulo-890185/

^[8] Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259.

^[9] https://www.rcnradio.com/colombia/varios-menores-habrian-muerto-en-bombardeo-del-ejercito-en-el-guaviare

^[10] https://www.pulzo.com/nacion/venezolanos-habrian-sido-abatidos-bombardeo-calamar-guaviare-PP1036927

^[11] https://www.lafm.com.co/colombia/menores-reclutados-por-grupos-ilegales-se-convierten-en-maquinas-de-guerra-mindefensa-tras

^[12] Secretario General de las Naciones Unidas. Los niños y el conflicto armado en Colombia. S/2019/1017. 31 de diciembre de 2019. Recomendación 1.

^[13] https://caracol.com.co/radio/2021/02/12/judicial/1613152871_255168.html

^[14] http://coalico.org/wp-content/uploads/2020/09/Bolet%C3%ADn-ONCA-No.-23.pdf

^[15] Constitución Política de Colombia, 1991. Artículo 44.

^[16] Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287.

^[17] Defensoría del Pueblo. Dinámica del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Julio de 2020. Disponible en: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Dinamica-reclutamiento-forzado-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-%20adolescentes-Colombia.pdf?g_show_in_browser=1

^[18] Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259.