El balance en materia de derechos humanos a la Reforma Rural Integral.
El pasado mes de marzo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- presentó un informe sobre el monitoreo que se ha realizado a los impactos del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC-EP durante su primer año de implementación, enfatizado en el goce efectivo de los derechos humanos en las áreas más afectadas por el conflicto. La reforma rural integral y los procesos de sustitución de cultivos son dos de los nodos del análisis.
La OACNUDH observó que uno de los principales problemas a resolver en regiones como Norte de Santander, Nariño y Putumayo, en donde ya existen procesos de sustitución, ha sido la carencia de asistencia y acompañamiento por parte del Estado para la comercialización de los nuevos productos. Al respecto, el Alto Comisionado de las Nacionaes Unidas le hacen un llamado al Estado para fomentar las economías locales, y tejer alianzas con la comunidad internacional y el sector privado; ya que las comunidades rurales han manifestado su frustración al ver el poco impacto que se ha generado a través de esta política y la asfixia económica a la que se ven sometidas nuevamente.
Adicionalmente, la falta de una respuesta efectiva del Estado que permitiera llevar ágil y eficazmente una nueva institucionalidad y garantizara la prestación de servicios públicos en las zonas en las que antes ejercía control y autoridad la guerrilla de las FARC-EP, ha facilitado que nuevos grupos armados se disputen los territorios y el control de las economías ilícitas, aumentado dramáticamente los índices de homicidios. En años anteriores, una de las principales causas de los asesinatos hacía líderes sociales y defensores de derechos humanos era la oposición a las políticas de gobierno. Este informe permite resalta que en la actualidad los móviles prevalentes de los homicidios están relacionadas con la defensa del proceso de paz y de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y de reforma rural integral, específicamente PDET.
El ente internacional manifiesta que “la competencia por el control de las economías ilícitas se refleja en el aumento en las tasas de homicidios en varias regiones, incluyendo las declaradas como ZOMAC. Por ejemplo, en Mesetas, Meta, Magui Payán, Nariño, así como en El Carmen en Norte de Santander, el número de homicidios registrados por la Policía Nacional en 2017 mostró un incremento de 1095, 966 y 916 por ciento, respectivamente, al número registrado en 2016”[1], cifras que ilustran un recrudecimiento del conflicto armado ligado a la débil o nula presencia estatal.
Valga mencionar el lamentable asesinato de María Magdalena Cruz el pasado 30 de marzo en el municipio de Mapiripán (Meta), lideresa social y campesina, impulsora del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en la vereda Brisas Itiare. Junto al asesinato en diciembre de 2017 de Carlos Arturo Mena, defensor de derechos humanos, serían al menos 2 los homicidios perpetrados en el municipio por antiguos miembros de las FARC que no se acogieron al proceso de paz y, al contrario, han declarado su oposición violenta al desarrollo de cualquier programa de implementación. El campesinado y las comunidades étnicas vuelven a quedar contra la espada y la pared, si no se acogen a las políticas de sustitución de cultivos no recibirán ningún beneficio y podrán ser objeto de erradicaciones forzadas; si impulsan las políticas de sustitución ponen en riesgo inminente su vida.
El informe reconoce los obstáculos del proceso de Restitución de Tierras en zonas de intereses de empresas agro-industriales y minero-energéticas. De igual forma, el riesgo de seguridad que corren los reclamantes de tierras en sectores donde la economía ilícita y los grupos criminales son una constante, ya que “el 64 por ciento de los asesinatos ocurrieron en las Zonas más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC) y en zonas con una presencia histórica de las FARC-EP” [1].
Por otro lado, la OACNUDH pudo identificar que los recursos anunciados por el gobierno para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) aún no están disponibles, generando una sensación de desconfianza al proceso de paz que se podría traducir en una enorme frustración en las poblaciones que habitan las regiones más apartadas y marginadas del país.
Por tanto, es necesario que el gobierno haga un entendimiento integral de las políticas transicionales devenidas del acuerdo de paz, y garantice financiación y una pronta y efectiva implementación de programas como los PDET, entendiéndolo como un instrumento no sólo de rehabilitación y reactivación social y económica de los territorios que contribuirá a la transformación de la desigualdad estructural del país, sino como elemento fundamental para disminuir la presencia de economías ilícitas y grupos armados, entendiendo justamente que la marginalidad y la desigualdad han sido factor determinante del conflicto armado.
[1]http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2017.pdf