Avances sobre el Acuerdo de Escazú en Colombia
El pasado 26 de abril del año en curso, la Corte Constitucional convocó una audiencia pública en el proceso de control al Acuerdo de Escazú, con el fin de examinar y determinar su concordancia con la constitución política colombiana, luego de que el Acuerdo haya sido acogido el 11 de octubre de 2022 por el Congreso de la República y aprobado a través de la ley 2273 del 2022 por el presidente Gustavo Petro, volviéndose parte de las leyes del país.
El “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” denominado Acuerdo de Escazú, representa una oportunidad para que el país avance en la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Este Acuerdo sirve para mejorar los estándares alcanzados sobre la protección del ambiente en el país, y, sobre todo, para mejorar la protección de los líderes y lideresas ambientales que trabajan por su cuidado. Tema de vital importancia para Colombia, considerado el más peligroso para los líderes y defensores ambientales, pues solo en el 2022 se registraron 60 asesinatos de ambientalistas en el país[1].
Durante la audiencia pública se escucharon diversas voces. Hubo participación de representantes del gobierno nacional, figuras políticas, el sector empresarial, representantes de organizaciones ambientalistas y delegados de comunidades indígenas, campesinas y afro. La audiencia se desarrolló un eje temático en la relación del Acuerdo de Escazú con los principios de seguridad jurídica y soberanía nacional.
Las distintas intervenciones a favor del Acuerdo argumentaron que: 1) El acuerdo no afecta los principios de seguridad jurídica y de soberanía nacional porque no limita o desconoce derechos adquiridos; 2) No faculta a ningún organismo internacional para intervenir en las decisiones relacionadas con el medio ambiente; y, 3) No establece un foro internacional particular para dirimir las controversias que surjan entre los Estados parte con motivo del acuerdo.
Por otro lado, los argumentos en contra del Acuerdo de Escazú se basaron en que: 1) Al permitir la reexaminación y revisión de proyectos, actividades y procesos que tengan incidencia en el medio ambiente, puede llegar a afectar la seguridad jurídica de los ejecutores de proyectos que han obtenido las autorizaciones ambientales respectivas; 2) Posibilitaría que organismos internacionales se pronuncien sobre decisiones internas del país, lo cual denotaría una intervención externa en asuntos nacionales; y, 3) Regularía varias materias ya previstas en la legislación interna, por lo que podría generar una disparidad normativa o la reproducción innecesaria de normas.
Al respecto la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, dijo que el Acuerdo de Escazú “no va a terminar llevando al Estado colombiano a una lógica de pasar por encima de su propia constitución, de sus propias normas. Va a hacer que Colombia sea parte de una comunidad de estados responsables que quieren conjuntamente elevar el estándar de derechos humanos”[2].
Por su parte, la directora de WWF Colombia, apuntó que “el Acuerdo de Escazú representa para las organizaciones que trabajamos en justicia climática, en justicia ambiental (…) un instrumento legal para fomentar, no sólo una inclusión social, sino un reconocimiento de los derechos humanos, derechos territoriales, derechos al acceso a la información y transparencia. Que conlleva a la conservación, a afrontar presiones en los mismos territorios, a garantizar una vida sana, a una gobernanza territorial, a integrar la apuesta de la garantía a un derecho a un ambiente sano como nos lo implica nuestra constitución, la protección de las personas defensoras del ambiente, y por la participación, la justicia y la democracia en asuntos ambientales”.
Ratificar el Acuerdo de Escazú significa avanzar en la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, no sólo para el país sino para toda América Latina y el Caribe. Colombia, al contar con una constitución considerada como ecológica puede liderar la aplicación del Acuerdo en la región, apoyar a otros países en la defensa del medio ambiente, y mejorar su marco normativo y jurisprudencial en materia ambiental y de derechos humanos.
[1] https://es.mongabay.com/2024/02/colombia-es-uno-de-los-paises-en-donde-defender-el-medio-ambiente-significa-tener-la-muerte-encima-entrevista/#:~:text=Hoy%20se%20enfrenta%20a%20constantes,ambiente%20y%20de%20la%20tierra.
[2] https://www.facebook.com/SusanaMuhamadOficial/videos/en-la-audiencia-de-la-corte-constitucional-de-colombia-sobre-escaz%C3%BAahoraonunca-a/1077879553317294/