Advierten vacíos en el proyecto de Ley de Víctimas
La Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales, reconoce los avances contenidos en el proyecto de Ley de Víctimas radicado ante la Comisión Primera del Senado de la República y el enorme avance que significa para la historia y la democracia del país, que los derechos de las víctimas sean prioritarios en la agenda del actual gobierno.
Sin embargo, la Mesa Nacional advierte con preocupación que siguen existiendo importantes vacíos en el contenido de la Ley; vacíos que podrían afectar el goce pleno de los derechos a verdad, justicia y reparación integral de todas las víctimas. La falta de garantías sociales y de seguridad para el retorno, el no reconocimiento de los estándares internacionales en materia de reparación integral y la limitación en el universo de las víctimas, así como la ausencia de medidas que garanticen el acceso a la verdad se constituyen en serios obstáculos para el logro de los objetivos de la Ley.
La Mesa Nacional de Víctimas ha recogido las propuestas e iniciativas de varias comunidades victimizadas en todo el país y a partir de este trabajo, elaboró un marco de referencia sobre los mínimos o irrenunciables a considerar dentro de la iniciativa de Ley. Muchas de estas recomendaciones no han sido incorporadas a la Ley. Entre los aspectos más preocupantes se destacan los siguientes:
· Patrimonio: La restitución de tierras no incluye la restitución patrimonial de las víctimas; tales como bienes, animales, semovientes, vivienda digna, cultivos y maquinaria. Una restitución integral y efectiva debe incluir además de la devolución de las tierras que fueron objeto de despojo, la restitución del patrimonio y la condonación de las deudas. Esta omisión podría generar un nuevo despojo masivo.
· Fecha: El proyecto de Ley considera como víctimas a las personas que han sufrido una vulneración de sus derechos por causa del conflicto a partir de 1986. Si bien esta fecha, incluye a buena parte de las víctimas del genocidio contra la UP, excluye a las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos de años anteriores. La Mesa Nacional considera que la fecha para tal reconocimiento debe ser el 1 de enero de 1980. No hacerlo excluye a las víctimas de las masacres de Manila y Cañaveral de Remedios (Nordeste Antioqueño)(1983), de la Universidad Nacional, de Vuelta Acuña, (Santander) (1984), el asesinato del sacerdote indígena Páez Alvaro Ulcué Chocué, (1984), de la toma y contratoma del Palacio de Justicia y la masacre de Tacueyó (1985), entre otras. La restitución de tierras a partir de 1991 obstaculiza la entrega más de cien mil hectáreas de tierra objeto de despojo.
· Universo de las Víctimas: Es deber del Estado garantizar los derechos y resarcir plenamente a todas las víctimas del conflicto armado, sin exclusiones. El proyecto actual deja por fuera actores armados que han sido victimizados y a sus familiares, negando la condición de víctimas a personas a las que le han sido violados sus derechos. Tampoco reconoce como víctimas a los menores que han sido reclutados forzosamente y han permanecido en los grupos irregulares después de haber cumplido su mayoría de edad. Esta normativa viola el principio de igualdad y las normas del DIH.
· Derecho a Superficie: Ceder el usufructo de las tierras a terceros de buena fe que acrediten su posesión e inversión en tierras que fueron objeto de despojo se convierte en otro mecanismo de legalización de ese mismo despojo. El principio de buena fe no debe ser invocado ni siquiera sobre la adquisición legal de tierras por un valor inferior al costo del predio y sobre ninguna otra forma de despojo.
· Reparación Colectiva: Los grupos, poblaciones y movimientos sociales y políticos que han sufrido daños de naturaleza colectiva, en los que sus miembros han sido objeto de graves o sistemáticas violaciones de los derechos humanos en razón de su pertenencia al grupo, población o movimiento, deben ser objeto de una reparación integral que incluya medidas pecuniarias y simbólicas para el colectivo afectado, a través de las cuales se reconozca su valor social, su trayectoria y se dignifique a sus miembros victimizados.
· Concepto de reparación integral: El sentido de la reparación tiene que ver con el reconocimiento de la responsabilidad en el daño infringido, con el deber del Estado de garantizar bienestar, desarrollo y justicia a todos los ciudadanos, con el cumplimiento de los mandatos constitucionales y la posibilidad de resarcir el daño causado procurando que las víctimas recuperen su condición de vida previa a la agresión o logren mejorarla. En concepto de la Corte Constitucional, la reparación transformadora indica que la víctima al ser reparada deberá obtener condiciones nuevas que le aseguren un nivel de vida superior y el ejercicio pleno de su ciudadanía. El proyecto insiste en confundir medidas de reparación con programas de asistencia humanitaria o acceso a servicios sociales a los que tienen derecho todos los ciudadanos.
· Garantías para la restitución de tierras y retorno: El control territorial de estructuras armadas impide la existencia de garantías para el retorno de las familias desplazadas que han sido objeto del despojo. Los asesinatos de varios líderes en los procesos de recuperación de las tierras, como los casos de Rogelio Martínez, Óscar Maussa, Albeiro Martínez y Hernando Pérez, entre otros, evidencian ese riesgo, y el Estado no está realizando los esfuerzos necesarios en materia de justicia para lograr el desmonte efectivo y real de las estructuras armadas, políticas y económicas de los grupos ilegales.
· Bacrim o nuevas estructuras paramilitares: El marco de justicia transicional a través del cual se desarrolla el proyecto de Ley de Víctimas, excluye a las víctimas de grupos paramilitares o neoparamilitares, mal llamados bandas emergentes, conformadas en mas de un 50 % por los mismos hombres que hacían parte de los anteriores grupos, supuestamente desmovilizados. El informe más reciente de la Fiscalía General de la Nación así lo reconoce cuando afirma tener documentados 173.183 homicidios, 1.597 masacres y 34.467 desapariciones cometidas por paramilitares entre el 2005 y el 2010.
Por las razones anteriores, la Mesa reitera la determinación de continuar sus acciones de fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y de incidencia para lograr la plena realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Las organizaciones que la componen han acordado la convocatoria del II Encuentro Nacional de Víctimas que, con una importante movilización regional y nacional, debatirá el proyecto de ley y las condiciones para su implementación efectiva; la agenda de las víctimas más allá de la ley, incorpora de manera particular los temas de tierra y territorio y la articulación de ésta agenda con la agenda ciudadana.
Firman.
CORPORACIÓN VIVA LA CIUDADANÍA
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS, MOVICE
ACCIÓN CAMPESINA COLOMBIANA
AFRODES
ALIANZA
ANMUCIC
ANSPALMUFAD
ASODEMUC-MESA DE MUJERES RURALES
ASOMUJER Y TRABAJO
AVRE
CASA DE LA MUJER
CCJ – COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS
CGT -UTRODEC
CINEP
CNAI
CNOA / PASTORAL AFRO
CODHES
COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO
COMISIÓN INTERCLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
COMITÉ CIVICO DERECHOS HUMANOS DEL META
CONFEDERACIÓN NACIONAL COMUNAL
CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA –SECRETARIADO NAL DE PASTORAL SOCIAL
CORPORACIÓN NUEVO ARCOIRIS
CORPORACION REINICIAR
CRIC – Popayán
CTC
CUT
ESCUELA NACIONAL SINDICAL
ESPIRITU DEL 91
FECODE
FORO NACIONAL POR COLOMBIA
FUND. INTEGRAL DE DESARROLLO PARA DESPLAZADO – FUNDIDP
FUNDACION EMAUS
FUNDACION NIDIA ERIKA BAUTISTA
FUNDACIÓN RAYUELA
FUNDECIMA
GTZ
INDEPAZ
ISCOD-UGT
KANKUAMO – O. I. K.
ASMULIDER – MARCHA MUNDIAL DE MUJERES
MESA DE TRABAJO BOGOTÁ SOBRE DESPLAZAMIENTO INTERNO
MINGA
MOVICE – COMITÉ PERMANENTE DERECHOS HUMANOS
MOVIMIENTO HIJOS E HIJAS POR LA MEMORIA Y CONTRA LA IMPUNIDAD
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO / FUNDACIÓN MANUEL CEPEDA
ONIC
PCS
PROGRAMA NO GUBERNAMENTAL DE PROTECCIÓN DE DEFENSORES DE DH
REDEPAZ
RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES
SISMA MUJER