ACNUDH presenta Informe anual sobre situación de DDHH en Colombia durante 2021

La representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia (ACNUDH), Juliette de Rivero, presentó el ‘Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia’[1], el cual analiza la situación de los derechos humanos en el país durante el 2021.

El informe se  ubica en un contexto de pandemia y agudización de la violencia en los territorios durante el año pasado, por lo que centra temas como los derechos económicos, sociales y culturales, la prevención de las violaciones y la protección de derechos humanos, incluyendo el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad. Además, sitúa los avances y preocupaciones en la consolidación de paz en el año del quinto aniversario de la firma de los Acuerdos de paz.

Si bien, se destaca que desde la firma de los Acuerdos se ha alcanzado la desmovilización de las Farc-EP, la constitución de un partido político que los representa y el balance positivo del quehacer del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), se hace énfasis en la creación de las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, pues aunque representan un avance en la participación política de las víctimas de las zonas más afectadas por el conflicto, son estos mismos territorios los que han tenido una agudización de la violencia, poniendo en riesgo no solo el proceso electoral, sino a los liderazgos sociales y quienes aspiran a alcanzar la representación de las víctimas en una de las curules.

Bajo esa misma línea, el informe aborda el derecho al acceso a la tierra como eje central de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de paz, por lo que el ACNUDH insta a acelerar el ingreso, registro y la caracterización de los predios, para así agilizar y garantizar la distribución de tierras para familias y quienes no ha podido formalizar su solicitud de propiedad sobre territorios ancestrales como los pueblos indígenas, afrodescendientes. A esto se suma, la baja implementación de proyectos productivos y de desarrollo de quienes se acogieron a programas de sustitución de cultivos ilícitos.

Respecto a la seguridad y los derechos humanos, la representante mencionó que: “en el año 2021, la Alta Comisionada observó con mucha preocupación el incremento de la violencia, particularmente en zonas rurales del país y en algunos centros urbanos…”; pues, la violencia se dio principalmente en sectores con un alto nivel de desigualdad y poca presencia del Estado, afectando los liderazgos, la vida indígena, campesina, afrodescendiente, a mujeres en zonas rurales y a comunidades que denuncia en el reclutamiento infantil. Sobre este último punto, en el informe, el ACNUDH reitera que toda los niños y niñas reclutados y utilizados por grupos armados en el conflicto armado y otras actividades, debe ser considerados como víctimas, evitando estigmatizaciones en su contra por parte de las autoridades, quienes deben garantizar su protección y la restitución de sus derechos.

Es necesario reforzar la presencia integral del Estado en todo el territorio, pues según destacó la representante en la jornada de presentación, “La Oficina documentó homicidios y ataques de defensores en 28 de los 32 departamentos (…) el 75% de los homicidios, ocurrieron en Antioquia, Cauca, Chocó y Valle del Cauca, mientras que el 47% de las agresiones se registraron en Cauca, Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia”, y es que se ha identificado que hay altos niveles de estigmatización – incluyendo a agentes del Estado – que tienen como fin deslegitimar la labor de las personas defensoras, generando temor y silenciándolos. En ese sentido, sobre las violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, el informe revela que durante 2021, recibieron “100 alegaciones de privaciones arbitrarias de la vida, de las cuales verificó 54 casos” y de esos 54 casos, se documentaron “29 casos que se dieron por el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en el marco de protestas”.

La situación de personas defensoras de derechos humanos no ha sido indiferente, pues según el informe “el ACNUDH recibió 202 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales verificó que en 100 existía un vínculo entre su muerte y su labor”. Entre las víctimas registradas hay 12 mujeres – 7 indígenas – y 88 hombres – 9 indígenas y 9 afrodescendientes-. De igual forma, se tiene el registro de 1.116 amenazas y agresiones contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, de las cuales fueron “68% contra hombres, 29% contra mujeres, de las cuales 26 podrían constituir casos de violencia de género, y 3% contra organizaciones”. Revelando que del total de homicidios y ataques registrados, el 33% y el 37% respectivamente, se dieron en el marco de la protesta.

Para finalizar la presentación del informe, la representante, Juliette de Rivero, recordó recomendaciones de informes anteriores y destacó algunas de las recomendaciones más importantes que hace el ACNUDH en su informe sobre Colombia en 2021, para que mejore la situación en el país y se pueda superar la pobreza estructural, y garantizar el pleno goce de derechos económicos, sociales y culturales. A continuación, la Alta  Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

• Insta al Estado a atender urgentemente la situación en los territorios más afectados por la violencia, reforzando la presencia de autoridades civiles (Ministerio Público, incluyendo personerías municipales) para prevenir la violencia y proteger los liderazgos comunales, sociales, indígenas y afrodescendientes.
• Exhorta al Estado a redoblar esfuerzos para implementar el Acuerdo de Paz, en particular la Reforma Rural Integral.
• Reitera la urgencia de que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adopte e implemente una política de desmantelamiento de organizaciones criminales y sus redes de apoyo.
• Insta al Estado a atender el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de Acuerdos Humanitarios para la protección de la vida y el respeto de los derechos humanos.
• Exhorta a las instituciones del Estado a implementar las recomendaciones del Documento ‘Lecciones Aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia’ del ACNUDH.
• Urge al Estado a apoyar el trabajo autónomo e independiente del SIVJRNR y fortalecer la coordinación y cooperación de las instituciones del Estado con el Sistema.
• Urge a los grupos armados a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

A continuación, puede acceder al informe y un documento que contiene infografías del mismo:

• Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia 2021
• Infografías Informe Anual de ACNUDH sobre la situación en Colombia 2021

[1] https://www.facebook.com/onuderechoshumanoscolombia/videos/4863980913698374