Denunciamos el grave incumplimiento de la Sentencia T-005 de 2024 y el riesgo al que es sometida la niñez en escenarios cívico-militares
Nos sumamos al llamado de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra para manifestar nuestro rechazo ante el desacato de la sentencia T – 005 de 2024[1] en la que la Corte Constitucional prohibió realizar acciones cívico-militares en actividades que involucren a niñas, niños y adolescentes que habitan zonas de conflicto armado en el país. En Salinas, Casanare, se sigue realizando este tipo de actos, exponiendo a la niñez y desconociendo lo ordenado en la sentencia.
El pasado 20 de julio de 2026, en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, las directivas del plantel y la Policía Nacional llevaron a cabo una jornada en la que se involucró al estudiantado en un entorno con presencia de armas y en el que se rindieron honores en formación, configurando actos de carácter explícitamente militar. Posteriormente, el 3 de agosto, en el barrio La Plata, la Personería Municipal, la Policía Nacional y el Hospital Local de Salinas, organizaron un cine al parque con la participación de niñas, niños y jóvenes. Finalmente, con motivo de la conmemoración de la Batalla de Boyacá, la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, nuevamente en articulación con la Policía Nacional y la Alcaldía Municipal, realizó un acto cívico-militar en el Coliseo de La Plata, involucrando a estudiantes de la institución.
Es inaceptable que las instituciones educativas y la Alcaldía Municipal continúen exponiendo a niñas, niños y adolescentes a este tipo de escenarios, pese a que la Corte Constitucional prohibió estas prácticas y ordenó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, realizar el acompañamiento y la verificación del cumplimiento del fallo. Por eso, hacemos un llamado a priorizar la seguridad y la integridad de las niñas, niños y adolescentes, garantizando entornos educativos seguros y protectores, libres de actividades o acciones que los expongan a la violencia y al uso de armas.
Por otra parte, exigimos a la Fuerza Pública y a las entidades involucradas, cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-005 de 2024, absteniéndose de promover, facilitar o participar en actividades que involucren a niñas, niños y adolescentes con integrantes de la Fuerza Pública. Por el contrario, las autoridades estatales deben adoptar medidas de prevención y protección que eviten la presencia de personal armado en entornos educativos y comunitarios, al tiempo que deben proteger a la niñez y otorgar garantías efectivas para el ejercicio de sus derechos, los que por mandato constitucional tienen carácter prevalente, además del marco jurídico del derecho internacional de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que establecen obligaciones especiales de protección a la niñez.
Exigimos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes y establecer las responsabilidades que correspondan, así como adoptar las medidas preventivas y disciplinarias necesarias para evitar la repetición de estos hechos. Finalmente, hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que realicen el seguimiento, acompañamiento y verificación del cumplimiento efectivo de las medidas ordenadas por la Corte Constitucional y de las garantías de protección para niñas, niños y adolescentes.
Reiteramos nuestro compromiso con la defensa y protección integral de niñas, niños y jóvenes frente a todas las formas de violencia, y con la garantía de entornos seguros que respeten sus derechos, su dignidad y su integridad.
[1] https://repositorio.humanidadvigente.net/sentencia/resena-jurisprudencial-sentencia-t-005-24/