Por la solución política al conflicto social y armado, y garantías efectivas para el ejercicio de los derechos de las comunidades de Norte de Santander

Nos sumamos al llamado por el respeto a los derechos humanos integrales de la población civil del Norte de Santander, y rechazamos las agresiones con las que se victimiza gravemente a las comunidades. Entre la noche y la madrugada del pasado 10 y 11 de agosto de 2026, se presentó un bombardeo ejecutado por la Fuerza Pública Aeroespacial Colombiana, en la vereda El Sinaí, del municipio de San Calixto, Norte de Santander, en una zona rural que limita con los municipios de Tibú, El Tarra y Sardinata. En esta operación se emplearon aviones de combate, en el marco de acciones dirigidas contra integrantes del Ejército de Liberación Nacional, -ELN-^[1], dejando como resultado tres civiles gravemente heridos y una vivienda afectada por la detonación de explosivos. Un escenario que se produce en el marco de las decisiones adoptadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, pero en el que, una vez más, las comunidades terminan siendo las afectadas por la violencia.

Es preocupante que las comunidades sigan siendo víctimas de graves afectaciones que las sumergen en escenarios de violencia y ponen en riesgo la integridad y seguridad de la población de Norte de Santander. Estas acciones constituyen una violación de los derechos humanos y una grave infracción al derecho internacional humanitario, por desconocimiento expreso de los principios de distinción y protección. Las comunidades quedan en medio del conflicto, sin que se respeten sus derechos ni se garantice su protección. Es urgente garantizar la integridad de la población civil del Norte de Santander y evitar que continúen expuestos a escenarios de violencia y de violación a sus derechos.

Exigimos al Estado la implementación de medidas efectivas para proteger a la población y garantizar el pleno respeto de sus derechos. Asimismo, insistimos en la importancia de avanzar hacia una solución política al conflicto social y armado que se vive en la región,  se proteja a las comunidades y se permita avanzar hacia escenarios de construcción de paz con justicia social en el territorio.

Del mismo modo, exigimos a todos los actores el respeto y aplicación irrestricta del Derecho Internacional Humanitario y el cumplimiento de las obligaciones que del mismo se derivan en favor de la protección de la población civil, al tiempo que solicitamos a la comunidad internacional su acompañamiento e impulso a la realización de acciones urgentes que contribuyan a reforzar esta protección.

Lo ocurrido evidencia el incumplimiento de obligaciones jurídicas internacionales y la persistencia de escenarios de violencia que profundizan la injusticia, la exclusión y la destrucción de la vida y de los territorios.

^[1]ttps://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/atencion-primer-bombardeo-del-gobierno-de-abelardo-de-la-espriella-fue-contra-el-eln-en-tibu-3577566