Violencia policial durante el Paro Nacional y el Estallido Social, entre avances judiciales y deudas pendientes
¿Cómo está el panorama de violencia policial e impunidad en los casos que marcaron a Colombia durante el Paro Nacional y el Estallido Social? 21 de noviembre de 2019, una fecha histórica, en la que miles de personas salieron a las calles para expresar su descontento frente a la crisis social, la violencia y las múltiples vulneraciones a los derechos humanos. Momento en que se dio inicio a uno de los escenarios más graves de violencia que derivó en el estallido social, en el cual hubo vulneración a los derechos humanos por parte de agentes estatales quienes olvidaron que su trabajo es servir a la comunidad y garantizar el respeto por los derechos de todas las personas.
Uno de los hechos que marcó con mayor intensidad los escenarios de violencia durante las jornadas de movilización fue la muerte del joven Dilan Cruz, quien fue víctima el 23 de noviembre de 2019 de un proyectil de escopeta calibre 12, a manos del capitán Manuel Cubillos Rodríguez, integrante del entonces denominado Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD-. A este caso se suman múltiples hechos de violencia ocular que dejaron a decenas de jóvenes con lesiones permanentes, así como asesinatos de manifestantes, detenciones arbitrarias y otras graves vulneraciones a los derechos humanos. Estas acciones se perpetraron en el marco del derecho a la movilización y continúan en procesos extensos con altos índices de impunidad.
Tras seis años de impunidad en el caso de Dilan, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación, declaró nulidad del proceso disciplinario que se adelanta contra el capitán Cubillos; la Procuraduría estableció que los hechos no deben ser tratados como una simple falta disciplinaria del servicio policial, sino que constituyen una grave violación a los derechos humanos. La decisión anula el proceso disciplinario previo y ordena reiniciarlo, reconociendo la gravedad de los hechos ocurridos en el contexto de la protesta social [1].
A este hecho se suma la reciente denuncia por la omisión de un video recolectado por el sistema informativo Red+ Noticias en el que se evidenciaría el momento exacto en el que se ve caer de frente a Dilan Cruz y visibiliza cómo el agente del ESMAD, Manuel Cubillos, le apunta y le dispara por la espalda. El programa periodístico Señal investigativa junto a la Revista Raya; entrevistaron al camarógrafo Jhon Niño, quien, posteriormente a su desvinculación con ese medio de comunicación, rompió el silencio tras seis años y decidió contar la decisión directiva del noticiero al omitir la publicación de esta importante información, la cual, según la defensa del caso a cargo de la ONG, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, representa un ocultamiento de evidencia para la justicia, evidenciando así la negligencia de los medios de comunicación y la impunidad que transcurre por años[2].
Sin embargo, este no es el único caso en el que se han registrado avances recientes después de varios años de espera. La Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó a dos oficiales del entonces denominado Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD-, con relación a la investigación por la muerte de Daniel Alejandro Zapata, un joven de 20 años que, en medio de las manifestaciones que se llevaron a cabo en Bogotá el 1 de mayo de 2021, en inmediaciones de la estación de TransMilenio Portal Banderas, fue impactado en la cabeza por un artefacto que le causó la muerte[3].
Entre los sancionados se encuentra el subteniente Jorge Enrique Bombita Uriana, quien se desempeñaba como comandante de la sección 1 del ESMAD, a quien suspendieron e inhabilitaron por 8 meses, una decisión tomada por la identificación de fallas en su mando y supervisión durante el proceso de control de las manifestaciones. Así mismo, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento destituyó e inhabilitó por 18 años al patrullero Abberson de Jesús Salas Acosta, patrullero del ESMAD No. 23, respecto a quien se concluyó que disparó con un fusil lanza gases contra los manifestantes de manera desproporcionada, generando lesiones y la muerte de Daniel Zapata[4].
Por otro lado, está el caso de Leidy Natalia Cadena, quien el 28 de abril del 2021, durante las jornadas de movilización, fue impactada por un proyectil en su ojo derecho, en el cual perdió la vista, hecho perpetrado por el agente Danilo José Núñez Zabaleta del ESMAD. Tras cinco años, el juzgado 64 penal del circuito de Bogotá condenó a siete años de prisión al patrullero Danilo Núñez por el delito de lesiones personales con perturbación funcional permanente, pero absolvió de responsabilidad al mayor Álvaro Ramírez Castro, comandante del operativo.
Leidy Natalia junto a su familia se vieron obligados a salir del país a causa de amenazas y hostigamientos de los que fueron víctimas con posterioridad a la diligencia en la que identificaron al responsable y de denunciar la sistematicidad de estos ataques; por tal razón, aunque para Natalia esto representa un avance ante la justicia ordinaria, hacen falta progresos reales en la reparación integral. En una entrevista realizada por la Revista Raya, indicó: “La verdadera reparación sería saber por qué nos dispararon a los ojos” (Cadena, 2026)[5], expresión que evidencia que, pese a los avances en el ámbito judicial, la reparación integral aún no se ha materializado plenamente, pues persisten demandas de verdad, esclarecimiento de responsabilidades y garantías de no repetición.
Aunque estas decisiones muestran avances importantes en la lucha contra la impunidad y evidencian reconocimientos institucionales frente a las responsabilidades en algunos de los hechos ocurridos en el marco del Paro Nacional y el Estallido Social, también abren un panorama para cuestionar el alcance real y material de la justicia para las víctimas. Persisten interrogantes sobre la omisión de responsabilidades completas en las sentencias y absoluciones, así como la razón por la que los medios de comunicación ocultan información. No obstante, persisten desafíos significativos para garantizar plenamente los derechos de las víctimas, especialmente, en materia de verdad, reconocimiento de patrones de violencia, reparación integral y garantías de no repetición.
Actualmente, el panorama de violencia por parte de la Policía Nacional, según el Observatorio de Violencia Policial de Temblores ONG, en un reciente informe indicó que este se redujo en un 70% en el gobierno del presidente Gustavo Petro en comparación con el periodo presidencial de Iván Duque, en los que fueron registrados los hechos de violencia que aquí nos ocupan. La investigación indica que hubo una disminución del 58% en el promedio mensual de casos de uso de la fuerza y una reducción del 68% en el promedio de intervenciones de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden -UNDEMO-, denominada anteriormente como ESMAD[6].
Por otro lado, a la fecha no se ha concretado una reforma estructural de la Policía Nacional que responda a los desafíos históricos de la institución en materia de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas. Aunque en los últimos años se han evidenciado disminuciones en algunos indicadores y se han adoptado ciertas medidas institucionales, permanece la necesidad de acometer cambios profundos que fortalezcan los mecanismos de control, prevención y garantía de derechos. Más allá de las decisiones de un gobierno en particular, el país continúa enfrentando el reto de construir una policía orientada a la protección de la ciudadanía, al respeto por los derechos humanos y a la generación de confianza entre las instituciones y las comunidades.
Los casos de Dilan Cruz, Daniel Alejandro Zapata y Leidy Natalia Cadena, reflejan tanto los avances como las deudas que persisten en materia de justicia frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el paro nacional y el estallido social. Si bien algunas decisiones judiciales y disciplinarias han permitido identificar y sancionar a responsables directos, las víctimas y sus familias continúan reclamando verdad plena, reparación integral y garantías efectivas de no repetición. A ello se suma la necesidad de avanzar en transformaciones estructurales dentro de la Policía Nacional que permitan prevenir nuevas vulneraciones y fortalecer su papel como garante de los derechos de la ciudadanía.
La violencia policial durante el paro nacional y el estallido social, representa uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos y rendición de cuentas en Colombia. Aunque los avances judiciales y disciplinarios alcanzados en algunos casos emblemáticos significan un paso importante en la lucha contra la impunidad y el reconocimiento de las víctimas, estos aún resultan insuficientes para garantizar plenamente sus derechos. En este sentido, la construcción de mecanismos que fortalezcan y garanticen los derechos humanos, el goce efectivo de los mismos, así como las garantías efectivas para las víctimas y la existencia de estructuras policiales donde los agentes estatales orienten siempre su accionar a la protección de la ciudadanía, siguen siendo elementos fundamentales para evitar hechos como los ocurridos en aquel noviembre de 2019.
[1] https://www.instagram.com/p/DYlDgQNjUwP/?img_index=6
[2] https://www.rtvcnoticias.com/justicia/investigacion/dilan-cruz-video-oculto-por-red-noticias-senal-investigativa
[3] https://www.elespectador.com/judicial/destituyen-a-dos-oficiales-del-esmad-por-la-muerte-de-un-joven-durante-protestas-de-2021/
[4] https://www.elespectador.com/judicial/destituyen-a-dos-oficiales-del-esmad-por-la-muerte-de-un-joven-durante-protestas-de-2021/
[5] https://revistaraya.com/la-verdadera-reparacion-seria-saber-por-que-nos-dispararon-a-los-ojos-leidy-natalia-cadena-tras-primera-condena-contra-el-esmad.html