La situación de la niñez en Colombia tras las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y los desafíos persistentes para la garantía de sus derechos
Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, Colombia atravesó un momento determinante en el sistema internacional de protección de los derechos de la niñez. Esto incluyó la presentación del informe alterno ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDN-ONU), la sesión de sustentación en Ginebra y la posterior socialización nacional de las observaciones finales.
Humanidad Vigente Corporación Jurídica fue parte activa de este proceso, junto a las organizaciones que conformaron el Comité de Impulso del Informe Alterno: la Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción (FUNSAREP), el Centro Cultural Las Colinas (CECUCOL), la Corporación Convivamos, la Fundación Creciendo Unidos, FIAN Colombia, PAS (Pensamiento y Acción Social), la Plataforma Colombiana por el Protagonismo de Niñas, Niños y Jóvenes, Terre des Hommes Alemania (TDHA) y Terre des Hommes Suiza (TDHS).
En este contexto, resulta fundamental analizar las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la postura oficial del Estado colombiano, el balance crítico presentado por las organizaciones de la sociedad civil y las propuestas de seguimiento construidas desde el protagonismo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ). El 30 de enero de 2026, el Comité adoptó sus observaciones finales sobre los informes periódicos sexto y séptimo de Colombia (CRC/C/COL/CO/6-7), luego del examen realizado los días 20 y 21 de enero en Ginebra. El documento, de 19 páginas, reúne 225 observaciones y recomendaciones, e identifica seis áreas prioritarias que demandan acciones urgentes para garantizar de manera efectiva los derechos de la niñez en el país[1].
- Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (párr. 17). El Comité insta a Colombia a adoptar medidas urgentes para prevenir el homicidio de niños, especialmente en zonas de conflicto. También insta a establecer un sistema de vigilancia para controlar el acceso de NNJ a armas de fuego. Además, recomienda atender de forma culturalmente sensible la desnutrición aguda que afecta a pueblos indígenas wayuu, emberá, sikuani y kogui, entre otros.
- Maltrato, abuso sexual y explotación (párr. 25). El Comité exige el establecimiento de una base de datos nacional integrada sobre todas las formas de violencia contra NNA, el fortalecimiento de la CIPRUNNA —Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes— y la aplicación sin demora de la Ley 2489 de 2025 sobre protección de NNA en entornos digitales.
- Niñez con discapacidad (párr. 36). Se requiere adoptar un enfoque de discapacidad basado en derechos humanos, organizar la recopilación de datos diferenciados y adoptar medidas para prevenir la discriminación y la explotación de esta población también en contextos de conflicto armado.
- Salud adolescente (párr. 40). El Comité recomienda una política integral de salud sexual y reproductiva para adolescentes, la eliminación de obstáculos al acceso a servicios de aborto seguro y medidas concretas frente al consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas entre NNA.
- Niñez y medio ambiente (párr. 44). Colombia debe garantizar que las vulnerabilidades y opiniones específicas de los niños se incorporen en las políticas climáticas, incluyendo la implementación del Acuerdo de Escazú y la tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional.
- Niñez en conflictos armados (párr. 55-56). Es el área de mayor preocupación del documento. El Comité señala el aumento del reclutamiento por grupos armados no estatales; la afectación desproporcionada de la niñez indígena y afrocolombiana; el uso de violencia sexual contra niñas reclutadas; el uso creciente de plataformas digitales para el reclutamiento; la utilización de NNA por parte de la Policía y el Ejército; y los bombardeos militares que han causado la muerte de niños reclutados. El Catatumbo es mencionado explícitamente. Las recomendaciones del párrafo 56 incluyen la prohibición del reclutamiento en todos los acuerdos de paz, la recopilación de información sobre modalidades digitales de captación y la garantía de que las fuerzas militares determinen la presencia de niños antes de ejecutar operaciones.
En materia de entornos digitales e inteligencia artificial (párr. 23), el Comité remite a la Observación General 25 de 2021 y a la Declaración conjunta de 2026 sobre IA y derechos de la niñez, y exige protección legal, administrativa y judicial para NNA en el uso de IA. Además, reitera la recomendación de que Colombia ratifique el Protocolo Facultativo relativo al
procedimiento de comunicaciones, que permitiría a NNA y sus representantes presentar quejas directamente ante el Comité[2].
En la sesión de Ginebra, la delegación colombiana integrada por Cancillería, ICBF, Fiscalía y varios ministerios presentó un balance centrado en logros de cobertura institucional. El Estado informó que en 2025 había 12,8 millones de NNA afiliados al sistema de salud y más de 13.000 equipos básicos de salud con cobertura sobre 8,8 millones de hogares. Señaló que la matrícula en educación inicial pasó de 1,49 millones en 2019 a más de 2 millones en 2024, y que el presupuesto del programa de alimentación escolar aumentó de 1,1 a 2,5 billones de pesos. En materia de pobreza, reportó una reducción de la pobreza monetaria del 43,1 % en 2020 al 31,8 % en 2024, y una caída del índice de pobreza multidimensional del 18,1 % al 11,5 %. El Gobierno también destacó la línea «Colombia sin hambre» como mecanismo de cobertura alimentaria básica[3].
En relación con el conflicto armado, el embajador colombiano reconoció, en su intervención final, el peso histórico de la guerra sobre la niñez. Citó el informe de la Comisión de la Verdad para señalar que, durante tres generaciones niñas, niños y adolescentes en Colombia han sufrido asesinatos, desapariciones, secuestros, desplazamientos y reclutamiento.
El Comité valoró algunos de estos avances, en particular la reducción de la mortalidad infantil y la aprobación de la Ley 2447 de 2025, que elimina el matrimonio infantil y la Ley 2489 de 2025 sobre entornos digitales seguros. Sin embargo, la coordinadora del grupo de trabajo del Comité advirtió que, pese a los avances en construcción institucional y normativa, persisten desafíos estructurales que impiden garantizar de manera efectiva los derechos de la niñez: violencia, pobreza, discriminación, desigualdad regional y debilidades profundas en la implementación real de leyes y programas, especialmente en los territorios.
Las diez organizaciones firmantes del informe alterno construyeron entre 2023 y 2025 un documento sustentado en evidencia territorial recogida mediante estudios de caso, entrevistas, talleres y consultas comunitarias en zonas marcadas por el conflicto armado, la pobreza estructural y la ausencia institucional. Lo que documentaron se aleja de manera significativa del panorama presentado por el Estado.
Mientras el Estado presentó cifras de atención y programas de reintegración, el informe alterno registró que entre 2022 y 2024 la Oficina del Alto Comisionado de la ONU verificó 474 casos de reclutamiento y utilización de NNA. La Defensoría del Pueblo reportó en 2024 un total de 409 casos, que versiones posteriores de la misma entidad elevaron a 624 víctimas. El 68,4 % de los casos documentados en 2023 correspondió a niñas, niños y adolescentes indígenas, lo que evidencia la relación directa entre reclutamiento, racismo institucional y abandono estatal en los territorios.
Las organizaciones señalaron además que los procesos de desvinculación, aunque existen en el marco normativo, presentan rutas sin continuidad, protocolos insuficientes para pueblos indígenas y afrodescendientes, y una atención que en muchos casos no supera la fase inicial. La desvinculación no alcanza a reparar ni a impedir la revictimización.
El informe nombró también una dimensión que el Estado silenció por completo: la responsabilidad directa de la Fuerza Pública. La reactivación de bombardeos en zonas rurales con presencia confirmada de NNA reclutados, incluido el caso de noviembre de 2025 en el departamento del Guaviare, donde fallecieron al menos siete niñas y niños según lo documentado por la Defensoría del Pueblo, esto representa una violación frontal al Derecho Internacional Humanitario y contradice el principio de que la condición de víctima no se pierde por la cooptación forzada. Las declaraciones del Ministro de Defensa que buscaron justificar estas acciones constituyen no sólo un retroceso discursivo, sino un obstáculo estructural para la garantía de derechos de la niñez en contextos de conflicto.
Por otra parte, el informe documentó que entre 2020 y abril de 2024 fueron asesinados 1.650 menores de edad con armas de fuego en Colombia, y que en el país circulan más de 4,9 millones de armas en manos de civiles. Las organizaciones alertaron sobre propuestas legislativas que buscan reducir la edad de responsabilidad penal y flexibilizar el porte de armas: iniciativas que criminalizan a los adolescentes y al mismo tiempo expanden el riesgo armado en sus entornos. No es posible garantizar la protección de la niñez mientras se normalizan entornos cada vez más armados[4].
La FIAN por el derecho a la alimentación y la nutrición, documentó que en Colombia el uso de datos personales de NNA para segmentación publicitaria de productos comestibles y bebibles ultra procesados, señalando que esta práctica vulnera el derecho humano a la alimentación adecuada y la soberanía alimentaria de la niñez. La violencia contra la niñez y la juventud no se expresa únicamente con armas o reclutamiento: también opera en los mercados y en las plataformas digitales que disputan los cuerpos, la salud y las rutinas cotidianas de niñas, niños y adolescentes.
En el sexto Encuentro de la Red de Saberes sobre la Niñez, realizado el 19 de marzo de 2026 en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y la Cancillería de Colombia, las plataformas de sociedad civil, Alianza por la Niñez Colombiana, COALICO, NiñezYA y la Plataforma Colombiana por el Protagonismo de NNAJ, coincidieron en advertir que persisten serias debilidades institucionales en la coordinación, el seguimiento y la implementación de las políticas dirigidas a la niñez. Aunque Colombia cuenta con avances normativos y experiencias acumuladas, sigue pendiente consolidarlos como una política de Estado sostenida, con asignación presupuestal suficiente, articulación interinstitucional efectiva y mecanismos de evaluación que permitan medir su impacto real en los territorios.
Las recomendaciones del CDN-ONU no se implementan solas. Requieren decisiones políticas, presupuesto público y mecanismos que permitan verificar si los compromisos del Estado se convierten en cambios reales para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Las organizaciones firmantes del informe alterno sostienen que ese seguimiento debe fundamentarse en el protagonismo de NNAJ: no como fuente de información ni como beneficiarios pasivos, sino como sujetos políticos con capacidad de participar, evaluar, proponer y exigir resultados.
La implementación de las recomendaciones no puede quedar atada a ciclos electorales ni a la voluntad de una administración en particular. Requiere mecanismos permanentes con mandato claro y recursos garantizados que funcionen con independencia de los cambios de gobierno. Las recomendaciones deben incorporarse en los planes de desarrollo nacional y territorial con partidas presupuestales específicas y criterios de evaluación que midan no solo cuánto se invierte sino qué efecto real tienen en la garantía de derechos. La CIPRUNNA debe consolidarse con proyección de largo plazo, financiación sostenida y capacidad de coordinación interinstitucional efectiva.
El seguimiento exige datos desagregados por edad, sexo, etnia, condición de discapacidad y ubicación geográfica, disponibles de manera pública y en formatos comprensibles para distintos públicos, incluidos los propios NNA. Sin información accesible no hay participación informada, y sin participación informada el seguimiento se reduce a un ejercicio técnico que no llega a las comunidades más afectadas. La ratificación del Protocolo Facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones es un paso necesario en este camino, abriría la posibilidad de que NNA y sus representantes presenten quejas directamente ante el Comité, ampliando los mecanismos de exigibilidad internacional.
Es necesario construir espacios de veeduría desde los territorios donde se viven las vulneraciones, con participación real y protagónica de NNAJ. Esto implica garantizar condiciones concretas: información en lenguajes y formatos apropiados para distintas edades y contextos culturales, seguridad para quienes participan, especialmente en zonas de conflicto armado, y reconocimiento efectivo de los aportes de NNAJ en la formulación, evaluación y ajuste de las políticas públicas. Los mecanismos de participación infantil existentes en departamentos y municipios deben fortalecerse y ampliarse. La veeduría intergeneracional no es un espacio consultivo: es un ejercicio de ciudadanía activa que coloca a niñas, niños, adolescentes y jóvenes como protagonistas de la exigencia de resultados, no como invitados a validar decisiones ya tomadas.
Las recomendaciones del CDN deben ser conocidas y apropiadas por candidatos y gobernantes en todos los niveles nacional, departamental y municipal para que se incorporen en los planes de desarrollo con presupuesto concreto y mecanismos de evaluación que incluyan la voz de la niñez. Las organizaciones de sociedad civil deben sostener esta incidencia de manera articulada y permanente. La difusión pública de las observaciones finales en formatos accesibles, incluidas versiones adaptadas para NNA, es un primer paso indispensable.
El proceso ante el CDN-ONU no terminó en Ginebra. Lo que sigue abierto es si Colombia va a convertir estas recomendaciones en transformaciones reales para la niñez o si va a continuar lo que ha hecho tantas veces: reconocer las violaciones, administrarlas y dejar que persistan. Las organizaciones del Comité de Impulso —FUNSAREP, CECUCOL, Convivamos, Fundación Creciendo Unidos, FIAN Colombia, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, PAS, la Plataforma Colombiana por el Protagonismo de NNA, TDHA y TDHS— continuarán acompañando este proceso, contribuyendo al monitoreo de la implementación y trabajando con las comunidades y con los propios niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que sus derechos dejen de ser una promesa y se conviertan en realidad en todos los territorios del país.
Ante este panorama, es fundamental continuar haciendo seguimiento a las vulneraciones de derechos que enfrentan niñas, niños y jóvenes en Colombia. La niñez y la juventud atraviesan una coyuntura compleja que demanda atención prioritaria por parte del Estado y de la sociedad, en un contexto donde persisten problemáticas como la violencia, el reclutamiento, la pobreza, las desigualdades en el acceso a la educación y las afectaciones a la salud mental. Esta realidad evidencia la urgencia de fortalecer las políticas públicas y las acciones de protección integral, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos y la construcción de entornos seguros que permitan su desarrollo digno, libre y en condiciones de bienestar.
La violencia contra la niñez en Colombia es histórica y el reclutamiento, uso y utilización de de niñas, niños y jóvenes ha sido una de las violaciones más graves ocurridas en el marco del conflicto armado. En la actualidad, la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP- ha reconocido el reclutamiento y utilización de menores como un crimen de guerra y una grave violación a los derechos humanos. A través del Caso 07, la JEP investiga los hechos relacionados con el reclutamiento y utilización de niñas y niños por parte de grupos armados. En el mes de abril, la JEP llamó a 20 exintegrantes de las extintas FARC a reconocer su responsabilidad por el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad, los comparecientes hicieron parte de estructuras regionales como los bloques Oriental Sur, Noroccidental, Caribe y Magdalena Medio, así como el Comando Conjunto Central, indicando que quienes hacían parte de estas estructuras guerrillas y tenían roles de mando o determinantes les permitieron incorporar menores de edad, incluso menores de 15 años.
Bajo esta lógica, la JEP concluye que el reclutamiento de menores no fue un fenómeno aislado al conflicto armado; por el contrario, fue una práctica extendida en todas las estructuras de las FARC-EP, que incluso hasta la fecha continúan los reportes de reclutamiento de niñas, niños y jóvenes por parte de grupos al margen de la ley. La JEP estima que entre 1971 y 2016 la guerrilla reclutó a 18.667 menores, siendo 1999, 2002, 2007 y 2003 los años donde más hubo reporte de estos casos.[5]
No solo los grupos al margen de la ley son vulneradores de derechos de la niñez y la juventud; también los agentes estatales han sido perpetradores de violencia contra la niñez. Un reciente caso es el de la niña del pueblo indígena Wiwa, quien fue víctima de violencia sexual en 2009 por parte de un soldado adscrito al Ejército Nacional, quien no solo causó un daño individual, sino colectivo. Aunque el proceso experimentó varios obstáculos por parte de la justicia colombiana, finalmente el Consejo de Estado declaró la responsabilidad del Ejército Nacional, concluyendo que el abuso ocurrido fue en el marco del servicio militar aprovechando su condición de autoridad para raptar y agredir sexualmente a la menor. Este no es el único caso;[6] la JEP ha acreditado a más de 630 víctimas de violencia sexual, reproductiva y por prejuicio en el marco del conflicto armado; sin embargo, estos hechos de violencia también se han visto en escenarios de protesta social y en otros entornos por parte de la Policía Nacional.[7]
Sin embargo, estos entornos de violencia también se experimentan dentro de las comunidades, como es el caso de la comunidad Embera. Los menores fueron utilizados como “Escudos humanos”, en medio de las confrontaciones donde exigían atención estatal para el retorno al territorio. [8] Esta no es la primera vez que un hecho de estos se presenta; también hay reportes donde disidencias de las FARC han usado menores y población civil como escudos humanos para evitar intervención de las autoridades.[9] En 2018, hay otro reporte donde mineros ilegales utilizaron a 40 niños y niñas como escudos humanos para evitar labores de inteligencia por parte de la Policía Nacional. [10]
En conclusión, la coyuntura actual de la niñez en Colombia evidencia que las violencias contras niñas, niños y jóvenes continúan siendo una realidad persistente y estructural. A pesar de los avances en materia de verdad, justicia y reconocimiento de responsabilidad por parte de instancia como la JEP, los hechos de reclutamiento, violencia sexual, utilización de menores como escudos humanos y otras vulneraciones graves siguen ocurriendo en distintos territorios del país. Esto demuestra no solo la permanencia de dinámicas asociadas al conflicto armado y la violencia social, sino también la insuficiente presencia y respuesta del Estado para garantizar la protección integral de la niñez. La ausencia institucional, la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso efectivo a derechos fundamentales continúan exponiendo a miles de menores a escenarios de riesgo y revictimización. Por ello, resulta indispensable fortalecer las políticas públicas de prevención y protección, garantizar la presencia efectiva del Estado en las regiones más afectadas y promover acciones articuladas que permitan asegurar a los niñas, niños y jóvenes una vida libre de violencias, con dignidad, oportunidades y pleno respeto por sus derechos humanos.
Anexos:
https://docs.google.com/document/d/10ulAgu1WJAlGCYboKoUVey2-c148tkiK/edit#heading=h.136zpy4cf9a7
[1] https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2805&Lang=en
[2] Ibíd
[3] https://docs.google.com/presentation/d/1nilJgL4GS_pW1M6gdtpfF9zsvVQQRv_F/edit?usp=sharing&ouid=100245848677594371298&rtpof=true&sd=true
[4] https://docs.google.com/document/d/1K1-iB__DOp1AKzMhd3LbBHDrZmhAGeO7/edit?usp=sharing&ouid=100245848677594371298&rtpof=true&sd=true
[5]https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/jep-imputa-a-20-exintegrantes-de-las-farc-por-reclutamiento-de-ninos-y-ninas-en-el-conflicto-armado-3551482
[6]https://www.colectivodeabogados.org/consejo-de-estado-declaro-responsable-al-estado-por-violencia-sexual-contra-nina-indigena-wiwa-y-advierte-fallas-de-mando-en-el-ejercito/
[7]https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/la-jep-ha-acreditado-a-mas-de-630-victimas-de-violencia-sexual-reproductiva-y-por-prejuicio-en-el-caso-11-y-ha-llamado-a-ve.aspx
[8]https://www.infobae.com/colombia/2026/04/30/indigenas-embera-usaron-a-sus-ninos-como-escudos-humanos-en-bogota-y-la-directora-del-icbf-anuncio-acciones-legales-es-un-delito/
[9]https://tolima.gov.co/noticias/9610-disidencias-utilizan-como-escudos-humanos-a-la-poblacion-civil-a-los-ninos-y-campesinos-en-ataco-gobernadora-del-tolima
[10]https://www.fac.mil.co/es/noticias/40-ninos-fueron-usados-como-escudo-humano-para-evitar-operativos