Panorama de los derechos humanos en Colombia ante la escalada de violencia en los territorios
El panorama actual de derechos humanos en Colombia es preocupante. Los informes y alertas recientes destacan la persistencia de graves vulneraciones en diferentes regiones del país, evidenciando la dificultad en la garantía plena de los derechos fundamentales. Inquietan especialmente las situaciones de inseguridad que se están registrando al interior de los territorios, las continuas afectaciones a los derechos de las niñas, niños, jóvenes y mujeres, y el riesgo para las y los defensores de derechos humanos por ejercer su labor. Es urgente implementar medidas efectivas que garanticen la protección y los derechos de toda la población.
El “Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General de 2025”, alertaron sobre la vulneración de derechos humanos que se está registrando en Colombia. Uno de los panoramas alarmantes es la violencia armada entre grupos no estatales, organizaciones criminales y enfrentamientos con la Fuerza Pública, concentrada principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, el Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. Este tipo de violencia deriva en otras vulneraciones a los derechos, como los desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios, masacres, violencia sexual, el reclutamiento uso y utilización de niñas y niños, entre otros[1].
Para el 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – ACNUDH – recibió 87 denuncias de masacres, de las cuales 53 se verificaron, dejando un total de 174 víctimas, 147 corresponden al género masculino, 20 al femenino, 4 niños y 3 niñas. El informe señala que las organizaciones criminales y los grupos armados no estatales son presuntamente responsables del 95% de los casos. A esto se suma el llamado por la insuficiencia estatal para garantizar la prevención y protección de la población civil frente a vulneraciones de los derechos. Además, indican la falta de implementación de una política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana que mida el impacto de las intervenciones y acciones militares de la Fuerza Pública[2].
La vulneración de los derechos de las niñas, niños y jóvenes es alarmante. Especialmente en lo que respecta al reclutamiento, uso y utilización, y las nuevas estrategias a través de los medios digitales para contactar a menores de edad. Los grupos armados no estatales usan las redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram, para exhibir contenidos que glorifican la violencia, romantizan la vida en armas y prometen beneficios engañosos a quienes se suman a sus filas[3].
Además, se identificaron otras vulneraciones, como las limitaciones para acceder a la educación, del cual se reportaron enfrentamientos entre grupos armados y el uso de instalaciones educativas, lo que pone en riesgo a los menores de edad y la comunidad educativa. Estos hechos se han presentado principalmente en los departamentos de Arauca, Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta. También se identificó que los grupos armados no estatales ejercen violencia de género, incluyendo violaciones sexuales, explotación sexual y embarazos forzados. También se identificaron otras violaciones de derechos humanos, como las restricciones al acceso a la educación[4].
El informe destaca la situación de riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en el ejercicio de su labor. El – ACNUDH – recibió un total de 207 denuncias de homicidios a personas defensoras de derechos humanos, de estas, se lograron verificar 99 casos relacionados por ejercer su labor. De los 99 casos verificados, se registra que 81 corresponden al género masculino, 16 al género femenino, 1 mujer transexual y 1 un hombre gay. Un aspecto crucial que subraya el panorama es el alto índice de homicidios contra defensores y defensoras indígenas, afrodescendientes y campesinos. Además, los grupos armados no estatales registran el 70% de los casos como presuntos responsables[5].
Al panorama de la situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, se suman las cifras del reciente informe anual 2025 del Programa Somos Defensores denominado “Promesas Rotas”, quienes señalaron que para ese periodo fue el año con la mayor violencia letal contra personas defensoras de derechos humanos, con un registro de 874 agresiones, de las cuales 165 corresponden a asesinatos. Las formas más recurrentes de violencia fueron las amenazas con 482 casos, seguido por atentados y desplazamientos forzados ambos con 72 casos, secuestro con 33 casos, 21 desapariciones forzadas, 15 judicializados, 5 torturas, 5 robos de información, 2 detenciones arbitrarias y 2 casos de violencia sexual. Hechos que se están registrando principalmente en los departamentos de Cauca con 238 agresiones, seguido de Antioquia con 186, Valle del Cauca con 70, Santander 50 y Distrito Capital con 51. De las 874 agresiones la que registra el mayor índice de liderazgos agredidos son los indígenas con 257 casos seguido de comunitarios con 206[6].
La grave situación de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos a causa de ejercer su labor, es innegable. Quienes ejercen esta labor están expuestos a diversas vulneraciones sin medidas de protección efectivas. Es realmente inquietante la situación particular de los liderazgos indígenas, quienes constantemente se reflejan como la población más vulnerada. Se requieren medidas urgentes para proteger y salvaguardar a quienes defienden los derechos de la sociedad. Defender los derechos no debe ser causa de muerte ni de ningún otro tipo de vulneración.
Entre el 2024 y 2025, el Fondo de Ayudas de Emergencia y Fortalecimiento Organizacional -FFP- atendió más de 125 solicitudes derivadas de diversas organizaciones sociales quienes enfrentaron afectaciones a su protección y autoprotección, requiriendo diferentes modalidades de ayuda humanitaria. Una cifra que evidencia un incremento preocupante en los riesgos que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en el país. Esta crisis de seguridad presenta una concentración crítica, desde lo identificado por el FFP las ayudas humanitarias se suministraron en departamentos como Valle del Cauca, que concentró el mayor volumen de casos, seguido de Arauca, Bolívar y Cesar, así como en territorios de alta conflictividad como Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Guaviare, Meta, Sucre y Cundinamarca.
Los análisis derivados de estos casos, revelan un panorama de violencia multiforme y multicausal y a partir de las solicitudes de ayuda humanitaria las y los líderes sociales y defensores de derechos humanos identifican entre sus perpetradores al ELN, grupos paramilitares, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, aunque en una proporción considerable la identidad del perpetrador permanece sin reconocerse. Los paramilitares y las disidencias de las FARC se registran como los responsables más frecuentes de agresiones como amenazas, desplazamientos, hostigamientos y persecuciones, además de estigmatizaciones y señalamientos por su labor de lideresas y líderes sociales.
Las caracterizaciones de las víctimas permitieron identificar perfiles de liderazgo específicos que son blanco de estas estructuras. La mayor parte de las solicitudes corresponden a la solicitud de apoyo para la reubicación y/o traslado de los liderazgos solos o con sus familias, además de solicitudes para el apoyo en acciones de incidencia como misiones humanitarias requeridas por las afectaciones a las organizaciones defensoras de derechos humanos las cuales provienen de directores, representantes legales y coordinadores de organizaciones, autoridades étnicas como gobernadores de resguardos y miembros de consejos comunitarios. Asimismo, se destaca la vulnerabilidad de defensores socio ambientales, docentes y liderazgos de la comunidad LGBTIQ+. Estos perfiles enfrentan repertorios de violencia diferenciados según su rol y territorio: mientras que los defensores de derechos humanos lidian principalmente con amenazas directas, los líderes campesinos y étnicos son víctimas recurrentes de desplazamiento forzado, confinamiento y restricciones territoriales, modalidades que constituyen el núcleo más crítico de las agresiones registradas por el FFP.
En este escenario, también se ha identificado que las mujeres lideresas son un sector de la población más vulnerada; sufren una violencia interseccional y simbólica que busca silenciarlas mediante patrones combinados de ataque. Para ellas, la violencia política se traduce en estigmatización y hostigamientos que impactan no solo su voz pública, sino también su integridad emocional y su entorno familiar. Las mujeres defensoras están expuestas a vulnerabilidades específicas donde su labor de defensa se cruza con su condición de género, resultando en ataques que buscan fracturar su rol comunitario. Esta realidad, agravada por la precariedad económica y las responsabilidades de cuidado que la mayoría asume, reafirma la urgencia de implementar enfoques de protección con perspectiva de género que reconozcan la naturaleza estratégica de la violencia ejercida contra ellas y garanticen las condiciones mínimas de seguridad y estabilidad necesarias para el ejercicio de sus liderazgos.
La crisis de derechos humanos al interior de los territorios es una constante. Para marzo de 2026, Humanidad Vigente y el Fondo de Fortalecimiento de Protección -FFP- acompañaron la misión humanitaria del Meta y Guaviare, haciendo presencia en varios municipios como San José del Guaviare, El Retorno, El Castillo, Medellín del Ariari y Villavicencio, en el marco a la visita de la XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz. Se pudo evidenciar que estos territorios son un escenario de disputa armada entre las disidencias de las FARC y la precaria intervención de agentes estatales, generando un escenario de permanentes ataques contra la población civil, infringiendo las normas del derecho internacional humanitario, lo que ha exacerbado hechos victimizantes como el confinamiento y los desplazamientos forzados.
Por otra parte, las comunidades han manifestado que hay un debilitamiento de las organizaciones del territorio y de la organización comunitaria, a raíz del miedo generalizado de la población, las amenazas y la falta de garantías de protección, provocando la renuncia masiva de líderes y lideresas sociales, así como de aquellas personas que conforman las juntas de acción comunal, debilitando el tejido social y los procesos organizativos. Conforme al análisis de contexto que se realizó en las diferentes jornadas, las personas indican que no hay apoyo del Estado que les anime a continuar con el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, ya que quienes lideran estas iniciativas sociales han sido víctimas de amenazas, hostigamiento y algunos casos de homicidio por parte de estructuras armadas.
Respecto a la Zona de Reserva Campesina del Guaviare, se evidencia una persistencia de dinámicas estructurales de violencia, ahora reconfiguradas tras el Acuerdo de Paz del 2016. El departamento del Guaviare enfrenta una violencia histórica de disidencias armadas y otros grupos ilegales que disputan el control territorial, especialmente en corredores estratégicos para economías ilícitas, como el narcotráfico y la deforestación. Asimismo, persisten prácticas de estigmatización hacia las organizaciones campesinas, incluyendo aquellas vinculadas a la Zona de Reserva Campesina.
Finalmente, las personas acompañantes expresaron una profunda preocupación por el recrudecimiento de la violencia que afecta de manera directa a niñas, niños y jóvenes, señalando que este grupo poblacional se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad dentro del territorio. Manifestaron que, además del riesgo permanente de reclutamiento, uso y utilización por parte de actores armados, se han conocido denuncias sobre la desaparición de menores presuntamente relacionadas con redes de explotación sexual, trata de personas y otras formas graves de violencia, lo que ha generado un clima de temor generalizado en las comunidades. Según lo expuesto, estas situaciones no solo afectan a las víctimas directas, sino que producen una profunda zozobra en las familias, pues los padres, madres y cuidadores viven con miedo constante por la inseguridad que amenaza la vida e integridad de sus hijos e hijas.
En este contexto, indicaron que muchas familias optan por no interponer denuncias formales debido al temor a represalias por parte de los responsables, especialmente porque existen antecedentes de personas que, tras acudir a las autoridades, fueron víctimas de amenazas, hostigamientos e incluso se vieron obligadas a abandonar sus territorios para salvaguardar su vida e integridad. Esta situación ha contribuido al subregistro de los casos y a la persistencia de la impunidad. De igual forma, manifestaron una profunda desconfianza hacia las entidades del Estado, al considerar que, aun cuando tienen conocimiento de estos hechos, la respuesta institucional ha sido insuficiente, tardía o inexistente, sin que se adopten medidas efectivas de prevención, investigación y protección. En particular, resaltaron la ausencia de garantías de seguridad para las víctimas, sus familiares y quienes acompañan los procesos de denuncia, lo que refuerza la percepción de abandono estatal y agrava el riesgo para la niñez y la juventud en la zona.
Estos escenarios de violación a los derechos en Colombia, generan gran preocupación. Para 2026, la crisis en los territorios está en aumento. A finales de abril, se han identificado 31 escenarios de violencia en el Sur de Colombia, en menos de 48 horas, afectando a los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Estos hechos incluyen ataques con explosivos, hostigamientos armados y bloqueos de vías principales. Uno de los escenarios que generó mayor preocupación, fue la detonación de un bus en Cajibío, Cauca, ocurrida el pasado sábado 25 de abril, que hasta el momento dejó un saldo de 21 muertos y 56 heridos. Según información del gobernador del Cauca, el hecho se atribuye a las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco[7]. A este ataque, se suman otros hechos de violencia recientes, como la detonación de un bus bomba cerca del Cantón Militar Pichincha en Cali y la explosión de un vehículo frente al Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira. El Ejército Nacional reportó 22 hechos violentos en Cauca, 7 en Valle del Cauca y 2 en Nariño[8].
La situación de derechos humanos en Colombia es crítica debido al recrudecimiento de la violencia. El aumento de los hechos violentos se concentra especialmente en territorios históricamente marcados por el conflicto armado, dejando a la población expuesta a múltiples formas de violencia y de vulneraciones a sus derechos. Ante esta escalada, se evidencia la falta de garantías estatales tanto para la seguridad de la población como para el ejercicio pleno de sus derechos. Exigimos al Estado que implemente medidas urgentes y efectivas para detener esta ola de violencia, así como acciones que contribuyan a fortalecer la construcción de paz al interior de los territorios, garanticen la integridad de los habitantes y el pleno respeto de sus derechos. Del mismo modo, exigimos a los grupos armados no estatales, a dejar por fuera a la población civil de cualquier acción violenta y a respetar su vida, integridad y dignidad.
[1] https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2026/02/Informe-Anual-ONU-DDHH_Colombia-2025.pdf
[2] Ibíd
[3] Ibíd
[4] Ibíd
[5] Ibíd
[6] https://somosdefensores.org/informe-anual-2025-i-promesas-rotas/
[7] https://www.infobae.com/colombia/2026/04/26/ola-de-violencia-en-el-sur-de-colombia-van-17-ataques-en-menos-de-48-horas-se-les-atribuyen-principalmente-a-disidencias-de-ivan-mordisco/
[8] https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/balance-de-orden-publico-en-cauca-valle-y-narino-cuando-y-donde-se-registraron-los-31-ataques-reportados-por-las-fuerzas-militares-3551162