La XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz alerta sobre el agravamiento de la situación humanitaria en el Guaviare
La XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz en Colombia finalizó su visita al departamento del Guaviare luego de dos días de reuniones con organizaciones sociales, autoridades locales y representantes de comunidades en los municipios de San José del Guaviare y El Retorno, así como con delegados de diferentes territorios de la cuenca amazónica.
La delegación estuvo integrada por María Esther Barbón y el compañero Rubén Ruíz, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Asturias, y Javier Orozco Peñaranda, técnico de la Delegación Asturiana y director del Programa Asturiano de Derechos Humanos, iniciativa que brinda protección temporal internacional a personas defensoras de derechos humanos colombianas amenazadas de muerte o que han sobrevivido a atentados.
A partir de los testimonios recogidos durante las reuniones, la delegación expresó su profunda preocupación por el deterioro de la situación de derechos humanos en el Guaviare, un territorio que continúa siendo escenario de disputa armada entre las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Lozada Mordisco y las estructuras comandadas por Calarcá Córdoba.
Las comunidades han manifestado una creciente desconfianza frente a los procesos de paz, especialmente por los incumplimientos en la implementación del Acuerdo firmado con las FARC y por la falta de políticas integrales de apoyo al campesinado. En varios territorios se reportan confinamientos de comunidades rurales, miedo generalizado en la población y una fuerte percepción de abandono institucional.
Por otra parte, las organizaciones sociales también señalaron que existen múltiples espacios institucionales de participación que no logran resolver los problemas del territorio o que no se convocan con regularidad, lo que genera procesos de participación que no producen respuestas efectivas para las comunidades.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por las organizaciones del territorio es el debilitamiento acelerado de la organización comunitaria. Las amenazas, el miedo y la falta de garantías están provocando renuncias de líderes y lideresas sociales, particularmente en las Juntas de Acción Comunal. Esta situación resulta especialmente alarmante en un año en el que deben realizarse elecciones de estas juntas, ya que existe el riesgo de que los espacios de representación comunitaria sean copados por actores armados o intereses ilegales, lo que pondría en riesgo la autonomía de las organizaciones sociales y la calidad democrática en los territorios.
Durante la visita se advirtió que la situación de derechos humanos podría agravarse en los próximos meses. Las comunidades alertaron sobre el riesgo de posibles desplazamientos masivos derivados de la intensificación de la confrontación armada entre los grupos en disputa.
La delegación recibió denuncias según las cuales la acción militar del Estado se estaría concentrando principalmente contra una de las estructuras armadas, lo que genera pérdida de credibilidad en las instituciones y aumenta la incertidumbre entre la población.
Asimismo, se informó sobre la presencia y posible expansión de nuevas estructuras armadas en el territorio, entre ellas una agrupación denominada Ejército Bolivariano y un grupo paramilitar conocido como Renacer del ERPAC, lo que evidencia una preocupante recomposición de actores armados en la región.
Otro de los puntos críticos señalados por las comunidades tiene que ver con las tensiones territoriales en la Zona de Reserva Campesina del Guaviare, donde confluyen intereses de terratenientes, presencia paramilitar y territorios del pueblo indígena Lukamakú. Este traslape territorial está generando tensiones que podrían derivar en nuevos conflictos y desplazamientos si no se adoptan medidas oportunas para su resolución.
La delegación recibió denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral del 8 de marzo relacionadas con la curul de víctimas en el departamento, incluyendo prácticas de trashumancia electoral que habrían afectado la transparencia del proceso.
Otro de los aspectos que genera gran preocupación es la denuncia sobre el reclutamiento de menores, los bombardeos en zonas rurales y el creciente control social ejercido por actores armados en los territorios. Ante este contexto, muchas personas prefieren no hablar abiertamente sobre la situación de la guerra por el temor a posibles represalias.
Ante este panorama, la XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz expresa su profunda preocupación por el futuro inmediato del Guaviare y hace un llamado al Estado colombiano para fortalecer la presencia institucional en el territorio, garantizar la protección de líderes y lideresas sociales, así como de las organizaciones comunitarias, y adoptar medidas urgentes que permitan evitar el agravamiento de la crisis humanitaria en la región que afecta a la población.
La delegación reitera su compromiso de seguir acompañando y visibilizando la situación de las comunidades del Guaviare ante instancias internacionales, con el propósito de contribuir a la defensa de los derechos humanos y respaldar los esfuerzos orientados a la construcción de paz que garantice la protección y los derechos de la población.
San José del Guaviare, Colombia.
Firman:
- Asociación Minga
- Asociación de campesinos, Trabajadores Agropecuarios y Defensores del Medio Ambiente del Meta – ASOCATDAME
- Central Unitaria de Trabajadores de Colombia
- Comisión Intereclesial Justicia y Paz
- Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta
- Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
- Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo
- Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
- Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
- Corporación Jurídica Yira Castro
- Corporación Reiniciar
- Corporación Vida Paz
- Corporación Vínculos
- Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria
- Fondo de Fortalecimiento y Protección – FFP
- Fundación Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP
- Fundación DHOC
- Humanidad Vigente Corporación Jurídica
- Movimiento Nacional de Crímenes de Estado – MOVICE
- Pastoral Social Granada
- Pastoral Social Regional Suroriente Colombiano
- Programa Somos Defensores

