Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, una deuda histórica
Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer[1]. como un reconocimiento a la lucha histórica de las mujeres, niñas y jóvenes por vivir libres de violencias, exigiendo que estas se eliminen y se garantice una vida digna y segura para todas. En este día, más que conmemorar se hace un llamado urgente a la reflexión, la denuncia y la acción colectiva, pero sobre todo a la responsabilidad del Estado para transformar de raíz las causas estructurales que permiten y reproducen la violencia, garantizando políticas efectivas que protejan la vida, aseguren justicia y hagan posible que cada mujer, niña y joven viva libre de violencias, con dignidad y garantías plenas de sus derechos.
En Colombia, la Ley 1257 de 2008 significó un avance fundamental al reconocer que las mujeres son víctimas de múltiples formas de violencia. Su objetivo central fue “adoptar normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado; el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional; el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención; y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización” (Ley 1257, 2008)[2]. Asimismo, la ley definió la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ocurran en el ámbito público o privado (Ley 1257, 2008)[3].
Aunque las normativas reconocen las distintas formas de violencia contra las mujeres, estas se siguen presentando de manera alarmante en el país. Los derechos fundamentales de las niñas, mujeres y jóvenes continúan siendo vulnerados y las cifras así lo demuestran, según el Sistema Integrado de Información de Violencias de Género – SIVIGE, a corte del 6 de octubre de 2025 se registraron 83.084 mujeres víctimas de violencias físicas, sexuales, psicológicas, de negligencia y abandono. Del total de casos reportados, 40.290 correspondieron a violencia física, 24.148 a violencia sexual, 8.031 a negligencia y abandono, y 10.615 a violencia psicológica. Los registros también revelan la afectación desproporcionada en niñas y adolescentes: 3.841 casos corresponden a niñas entre los 12 y 17 años, 1.300 a niñas entre los 6 y 11 años, y 696 a niñas entre los 0 y 5 años[4].
Además de estas formas de violencia, una de las vulneraciones más graves contra las mujeres es el feminicidio. Según el Observatorio Feminicidios en Colombia y su informe “Vivas Nos Queremos, Paren la Guerra Contra las Mujeres”, entre enero y septiembre del presente año se registraron 621 feminicidios y 350 en grado de tentativa. Las cifras revelan una realidad alarmante: Antioquia se posiciona como el departamento con mayor número de víctimas, con 92 casos; le sigue Bogotá con 53; y posteriormente Atlántico y Valle del Cauca, ambos con 44 casos[5]. Este panorama evidencia que la violencia feminicida se mantiene como una amenaza persistente y sistemática contra la vida y la dignidad de las mujeres en el país.
A estas cifras se suman los datos recientes de la Defensoría del Pueblo, que reportan que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025 se han registrado 76 feminicidios, 262 tentativas de feminicidio y 25 casos de transfeminicidio. Los departamentos con mayor incidencia, según esta entidad, son Caquetá (6,01 %) y Amazonas (4,84 %)[6]. Estos datos no solo confirman el carácter estructural y extendido de la violencia de género en el territorio nacional, sino que también evidencian una grave desprotección estatal frente al derecho de las mujeres.
Desde la Defensoría del Pueblo también se identifican otras graves vulneraciones a los derechos de las mujeres, entre ellas la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas. Entre enero y septiembre de 2025, se registraron 11.251 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, de las cuales 7.418 son mayores de 18 años, 1.662 son niñas y adolescentes y 418 corresponden a personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica (OSIGNH – LBT*)[7]. En cuanto a los delitos sexuales en el mismo periodo, se identificaron 11.570 mujeres víctimas por este hecho, de las cuales 2.582 son mayores de 18 años, 6.403 son niñas y adolescentes, y 283 personas OSIGNH-LBT*, Sobre la explotación sexual de niñas y adolescentes se registran 114 casos y para finalizar en relación a la trata de personas se identificó a 138 mujeres víctimas de este hecho de las cuales 67 son mayores de edad, 29 corresponden a niñas y adolescentes, y 6 personas OSIGNH-LBT*.
Por otro lado, también identificaron otras graves vulneraciones a los derechos de las mujeres, entre ellas la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas. Entre enero y septiembre de 2025, se registraron 11.251 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, de las cuales 7.418 son mayores de 18 años, 1.662 son niñas y adolescentes y 418 corresponden a (OSIGNH-LBT*). En cuanto a los delitos sexuales en el mismo periodo, se identificaron 11.570 mujeres víctimas, entre ellas 2.582 mayores de 18 años, 6.403 niñas y adolescentes, y 283 personas OSIGNH-LBT*. Asimismo, se documentaron 114 casos de explotación sexual de niñas y adolescentes y 138 mujeres víctimas de trata de personas, entre ellas 67 mayores de edad, 29 niñas y adolescentes y 6 personas OSIGNH-LBT*. Estas cifras demuestran que la violencia de género sigue siendo una realidad estructural que atraviesa los cuerpos, las vidas y los proyectos de mujeres y niñas en toda su diversidad. No se trata de hechos aislados, sino de un sistema de desigualdades y violencias que se reproduce en los hogares, en las instituciones, en las calles y en los territorios. Frente a esta realidad, es urgente que el Estado fortalezca las rutas de prevención, protección y acceso a la justicia, y que la sociedad en su conjunto reconozca que las violencias basadas en género no son tolerables bajo ninguna circunstancia.
A estos llamados se suma la preocupación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte que la violencia contra las mujeres continúa sin disminuir. La organización documenta que casi una de cada tres mujeres, equivalente a 840 millones en el mundo, ha sido agredida física o sexualmente por su pareja en algún momento de su vida. Lo más alarmante es que este número se ha mantenido prácticamente igual durante los últimos 25 años. Solo en el último año, 316 millones de mujeres mayores de 15 años, sufrieron este tipo de agresiones dentro de sus relaciones de pareja, lo que demuestra que el problema persiste sin avances significativos, con una reducción anual mínima cercana al 0,2 %[8].
Las cifras expuestas evidencian que la violencia basada en género continúa siendo una realidad devastadora para mujeres, niñas y jóvenes en el país. Aunque el marco normativo ha avanzado, con leyes como la 1257 de 2008, la persistencia de violencias físicas, sexuales, psicológicas, económicas y feminicidas demuestra que las políticas de prevención, protección y acceso a la justicia siguen siendo insuficientes y no están respondiendo a la magnitud del problema. La vulneración de los derechos de las mujeres se reproduce en distintos escenarios como el hogar, las instituciones, los espacios públicos y los territorios, lo que confirma el carácter estructural y sistemático de esta problemática.
Ante este panorama, el 25 de noviembre se vuelve la oportunidad para seguir reafirmando la urgente necesidad de reforzar el compromiso colectivo para erradicar las múltiples formas de violencia en contra de las mujeres. El Estado debe garantizar acciones efectivas, coordinadas y sostenidas que protejan la vida e integridad de las mujeres en toda su diversidad, fortalezcan las rutas de atención, aseguren justicia oportuna y transformen las condiciones sociales y culturales que perpetúan la violencia. No se puede avanzar hacia un país justo, seguro e igualitario sin una garantía plena de los derechos de las mujeres que es lo que se exige para que todas puedan vivir libres de violencias.
[1] Declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 54/134 en 1999
[2] https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34054
[3] ibíd
[4] https://www.sispro.gov.co/observatorios/onviolenciasgenero/Paginas/home.aspx
[5] https://observatoriofeminicidioscolombia.org/images/boletin-nacional/pdf/VIVAS-NOS-QUEREMOS-boletin-nacional-septiembre-2025.pdf
[6] https://x.com/DefensoriaCol/status/1983494538967576746?s=20
[7]ibíd
[8] https://www.who.int/news/item/19-11-2025-lifetime-toll–840-million-women-faced-partner-or-sexual-violence