La justicia como mecanismo de represión. Tras cuatro años, no hay garantías ni justicia para las personas detenidas y judicializadas en el marco del Paro Nacional 2021
En el año 2021, el país fue sacudido por la indignación de un pueblo que exigía un cambio, harto de la injusticia, la desigualdad y la indolencia de un gobierno clasista que le dio tratamiento de guerra a la protesta social. Hoy, el eco de las protestas del Paro Nacional aún resuena, recordando la necesidad urgente de abordar las profundas problemáticas sociales que persisten en el país y considerar prioritariamente la situación de las personas -en su mayoría jóvenes- detenidas en el marco de estas jornadas de movilización, y que ahora se enfrentan a escenarios de montajes judiciales o imputaciones de delitos desproporcionados a sus conductas.
Las jornadas de movilización y protesta social del 2019, 2020 y 2021 estuvieron marcadas por graves violaciones a los derechos humanos de los manifestantes por parte de agentes del Estado. Tras el llamado de varias organizaciones de DDHH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH realizó una visita de verificación en la que pudo constatar la situación de graves violaciones a los derechos humanos por las cuales dejó 41 recomendaciones al Estado colombiano[1], además de anunciar la instalación de un mecanismo de seguimiento en materia de derechos humanos para contribuir a consolidar el diálogo como mecanismo para la superación de la conflictividad social[2], el cual entró en funcionamiento dos años después, en junio de 2023[3].
No obstante, en enero de 2023, la CIDH compartió el primer informe de seguimiento a las recomendaciones formuladas, en el cual seleccionó 28 de las 41, con el fin de abarcar temas como el derecho a la protesta social; el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas; la violencia de género; uso de la figura de traslado de protección y desaparición de personas, entre otras, sobre las cuales, en su mayoría tienen un cumplimiento parcial o parcial sustancial sobre las cuales se identificó la necesidad de adoptar medidas adicionales o que la CIDH aún considera que las medidas para tener un cumplimiento total aún no se han cumplido[4].
Ante este panorama, el pasado 6 de marzo, a petición de varias organizaciones de la sociedad civil que se articulan en la iniciativa denominada “Desmontando el montaje”, la CIDH concedió una audiencia temática sobre la situación de personas detenidas en el marco del Paro Nacional 2021, en la que las organizaciones y familiares de víctimas presentaron informes y testimonios sobre detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violaciones a derechos fundamentales durante las manifestaciones del año 2021, con un énfasis especial en la continuidad de los procesos judiciales y las garantías para las personas vinculadas a los mismos.
Organizaciones sociales y de DDHH han denunciado la detención arbitraria de jóvenes entre los 16 y 28 años que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, y la imputación de delitos desproporcionados en su contra tales como concierto para delinquir, terrorismo, tortura, secuestro, tentativa de homicidio u homicidio, los cuales conllevan la solicitud, y posterior decreto, de medidas privativas de la libertad en condiciones inadecuadas de reclusión y procesos judiciales sin garantías, frente a un escenario de completa impunidad institucional como característica particular del aparato judicial del Estado, teniendo en cuenta las denuncias del sindicato de la Defensoría del Pueblo, sobre un presunto debilitamiento intencional del equipo que por mandato debía acompañar estos hechos enmarcados en el ejercicio del derecho a la protesta y la movilización social[5].
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, también identificó esta dinámica que las organizaciones sociales y de DDHH han denunciado, pues las personas, aunque ya en libertad, algunas continúan enfrentando procesos sin garantías adecuadas, dado que la Fiscalía General de la Nación les imputó delitos desproporcionados, llevándolas a procesos penales que resultaron en la privación de libertad, en particular, con medidas intramurales, para cientos de manifestantes[6]. También se identificaron patrones empleados por el Estado y la Fuerza Pública como la imputación de tipos penales agravados y desproporcionados al actuar de las personas manifestantes, y la persecución penal como un estrategia para disuadir a las y los jóvenes de participar de las manifestaciones[7].
En pro de las transformaciones sociales, el actual Gobierno creó la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana con la emisión del decreto 2422 del 9 de diciembre de 2022, a través del cual personas pertenecientes a organizaciones y movimientos sociales con órdenes de captura relacionadas al Paro Nacional pudieran actuar como voceros de paz. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación objetó la decisión y la Corte Constitucional declaró que una parte de este decreto era contrario a la Constitución.
Además, se expidió la Directiva 0001 de 2024, con un enfoque garantista entendiendo la acción penal como último recurso y, por lo tanto, investigando solo los hechos violentos que supongan una grave afectación a los derechos fundamentales, delimitando los tipos penales, evitando la estigmatización sobre el derecho a la protesta, investigaciones basadas en prejuicios y de imputaciones desproporcionadas a lo sucedido. Sin embargo, aunque esta directiva procura un uso adecuado de las normas sobre conductas prohibidas y las consecuencias de cometerlas, deja un vacío al no referirse en ningún momento al uso de tipos penales, puntualmente, como el de concierto para delinquir o el de terrorismo, al no imponer límites reales, ni pautas claras para prevenir su uso frente a la capacidad que tiene el Estado y sus representantes para sancionar dichas conductas.
En mayo del 2024, el Gobierno anunció la expedición de un decreto para la creación de una “Comisión de la Verdad”, con el fin de profundizar y esclarecer crímenes ocurridos durante el paro nacional de 2021, puntualmente en Cali y en el Valle del Cauca[8]. Decisión confirmada ante la CIDH en medio de una audiencia pública sobre el tema, por el que para ese momento era el director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior[9]. Sin embargo, ya ha pasado más de un año y hasta el momento, organizaciones y procesos sociales han denunciado que no se conoce ningún borrador del decreto, además de las respuestas evasivas y difusas por parte del Ministerio con una presunta intención de evadir el compromiso[10].
Durante estos años, Naciones Unidas ha planteado la urgencia de adoptar medidas que garanticen la no repetición de estos hechos. La CIDH ha expresado su preocupación por las denuncias recibidas y particularmente, por la importancia de garantizar el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de quienes participaron en las protestas. De igual forma, el Gobierno actual también ha hecho intentos por avanzar en dichas medidas. Sin embargo, la realidad es diferente. Tras cuatro años de las 41 recomendaciones de la CIDH, solo 28 tienen avances parciales. Sobre las medidas sugeridas por Naciones Unidas y planteadas por el Gobierno, estas no se han concretado o directamente no han avanzado, por lo que la situación de las personas detenidas y especialmente jóvenes, no ha cambiado.
El Estado debe adoptar medidas que cumplan con los estándares internacionales, estableciendo límites claros en el tratamiento a la protesta social por parte de la Fuerza Pública y con disposición al diálogo para avanzar en la protección de los derechos de las personas detenidas en el marco del Paro Nacional de 2021 y garantías al debido proceso en cada uno de los casos. Así como la debida y oportuna reparación integral a las víctimas, que en su mayoría jóvenes, por las afectaciones a la vida, la integridad, la libertad y demás derechos que han sido vulnerados al criminalizar y judicializar a quienes ejercen el derecho a la protesta y movilización social.
[1] https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf
[2] https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp
[3] https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/115.asp#:~:text=Con%20base%20en%20estas%20observaciones,pa%C3%ADses%20de%20origen%20o%20residencia.
[4] https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/009.asp
[5] https://www.youtube.com/watch?v=gDaHMVuREnc&ab_channel=Comisi%C3%B3nInteramericanadeDerechosHumanos [1:25:34 – 1:27:03]
[6] https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/intervencion-de-juan-carlos-monge-representante-e-ante-la-cidh-colombia-situacion-de-personas-detenidas-en-el-marco-del-paro-nacional/
[7] Ibíd
[8] https://www.larepublica.co/economia/gobierno-actuara-frente-a-los-hechos-del-estallido-social-3859281
[9] https://www.infobae.com/colombia/2024/07/08/gobierno-impulsara-una-comision-de-verdad-con-el-fin-de-esclarecer-los-crimenes-del-estallido-social/
[10] https://x.com/TribunalSiloe/status/1935480476879229018/photo/1