Gobierno debe fortalecer y articular mejor las políticas de protección y garantía de DDHH: Informe ONU 2023-1

Este 15 de agosto, la Representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Juliette De Rivero presentó el informe sobre situación de derechos humanos en Colombia durante el primer semestre de 2023. Durante la presentación participaron delegados y delegadas de diferentes sectores sociales, embajadas e instituciones de Estado como: Camilo Umaña, Viceministro de Justicia; Pilar Castillo, directora de la Asociación Minga y vocera de la Plataformas de Derechos Humanos; Franklin Castañeda, director de DDHH del Ministerio del Interior; Ernesto Samper, expresidente del país; Anupama Rajaraman, directora de la Misión en Colombia de USAID; Leyner Palacios, asesor de la vicepresidencia; y Gilles Bertand, embajador de la Unión Europea. 

Con la apertura por parte de Juliette De Rivero, se abrió el panorama a reconocer la gestión que se ha venido dando y los avances en las reformas que se ha propuesto el Gobierno, destacando de manera positiva la adopción de una política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana para la vida y la paz, además de priorizar un plan de prevención y protección para las personas defensoras de derechos humanos. Además se hizo un reconocimiento a las diferentes iniciativas como el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo territorial y los planes territoriales para la paz. En ese sentido y tras lograr viabilizar dichas reformas, se reconoció la importancia de la articulación que se ha dado con la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP – y de lograr avanzar significativamente en el diálogo con diferentes actores armados.

Sin embargo, la situación de derechos humanos sigue siendo preocupante. La oficina recibió y analizó alegaciones por homicidios de personas defensoras de derechos humanos durante el primer semestre de 2023, periodo en el que de 113 alegaciones recibidas, lograron verificar 46 casos de los cuales 39 eran de sexo masculino y 7 de femenino. De estos mismos 46 casos, 11 fueron contra indígenas, 9 contra afrodescendientes y 13 campesinos, siendo los departamentos de Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca los lugares en los que más hechos se presentaron. Estas cifras reflejan una disminución del 19% frente a los casos verificados tanto en el primer y segundo semestre de 2022, periodo en el que se registraron 59 y 57 casos verificados respectivamente.   

De igual forma, la Oficina registró en 2022, 115 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y remitió 35 de ellos al informe del Secretario General, el cual dió cuenta final de 130 víctimas en el mismo año, mientras que en 2023 ha verificado 48 casos de las 57 alegaciones que ha recibido. Del total de estas 48 víctimas, 34 son niños, 12 niñas y 2 a quienes no se ha establecido el género, entre ellos 25 son indígenas y 2 afrodescendientes, víctimas en su mayoría de los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca y Cauca. 

Respecto a las masacres, la Oficina recibió 63 alegaciones durante estos primeros seis meses y hasta la fecha ha verificado 52 casos, mientras que otros 4 siguen en proceso. De estos casos se identificaron 168 víctimas, entre ellas: 124 hombres, 25 mujeres, 16 niños y 3 niñas; hechos en su mayoría presentados en los departamentos de Atlántico, Antioquias, Cauca, Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. Mientras que en los casos anteriores se presentaba una disminución, ante a este escenario la Oficina registró un aumento del 11% en los casos verificados y de 1.2% en el número de víctimas identificadas frente a los casos verificados tanto en el primer y segundo semestre de 2022, periodo en el que se registraron 45 y 47 casos verificados respectivamente.

Si bien se identifica una disminución en algunos hechos, también hay un evidente aumento en las masacres y las víctimas de este accionar violento, reflejando las preocupaciones de la sociedad colombiana y de la Oficina frente a la expansión territorial de los grupos armados no estatales, lo que a su vez trae como consecuencia el control social; la imposición de reglas de conducta; la desarticulación y destrucción del tejido social, organizativo y popular; restricciones a la libertad de expresión y movilización; y dinámicas de trabajo y explotación -sexual- infantil. 

Ante este panorama, la Oficina dejó una serie de recomendaciones al Gobierno enfocadas en fortalecer la presencia territorial del Estado para poder aplicar la política de Paz Total, la de seguridad humana, la de desmantelamiento e instalar la Mesa Nacional de Garantías para adoptar la política de prevención de la violencia y de garantías para personas defensoras.Por su parte a los grupos armados pidió respetar el Derecho Internacional Humanitario – DIH – y los derechos humanos de la sociedad colombiana; además, a ambas partes recomendaron formalizar y/o continuar los diálogos establecidos teniendo como eje central  la garantía y protección el DIH, propiciando la participación de las mujeres y sus organizaciones.

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Análisis de la situación de derechos humanos en Colombia primer semestre de 2023