La Paz Total, avances y dificultades
En marzo del año en curso el Presidente Petro y el Ministro de la Defensa firmaron el decreto 0380 por medio del cual ordenaron suspender el cese al fuego bilateral y temporal, y reanudar las operaciones militares y ofensivas, al igual que los operativos policiales contra integrantes del grupo delincuencial Clan del Golfo. La suspensión de esas acciones había sido decretada por el mandatario el 31 de diciembre del año pasado (Decreto 2658), en el marco de la política de Paz Total del nuevo gobierno. La reanudación de los operativos contra esa estructura criminal es la respuesta gubernamental a los hechos violentos protagonizados por integrantes del Clan del Golfo en el bajo Cauca antioqueño y ataques a la fuerza pública.
El tema no es menor, tanto por las grietas que genera en la política de paz total, que es una de las banderas del Gobierno Petro, como por las graves implicaciones que tiene para las comunidades más azotadas por el conflicto armado que, lejos de la paz que se pregona con el ejercicio transicional a nivel nacional, ven como se intensifica la violencia en su contra.
Desde el inicio del mandato del Pacto Histórico, el presidente enarboló su política de paz, como política de Estado, enmarcada en el calificativo de total. Diversos contenidos de la paz total fueron esgrimidos por sus más cercanos colaboradores, no todos plenamente coincidentes, incluso por su Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, hasta que finalmente, el 4 de noviembre de 2022 se expidió la ley 2272.[1]
La nueva ley señala que la paz total hace parte de un concepto más amplio que es la Seguridad Humana, entendiendo por tal la protección a las personas, la naturaleza y seres sintientes de manera que se alcance la plena realización del ser humano a través de políticas públicas que le posibiliten su supervivencia, los medios de vida y su dignidad. El Estado será garante de la seguridad humana con enfoque de derechos, diferencial, étnico, cultural, territorial e intersectorial para la construcción de la paz total y resalta que hay una interrelación entre paz, desarrollo y derechos humanos.
De la paz total, se indica que será participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en los procesos de negociación y sometimiento a la justicia como en la implementación de los acuerdos. Reitera que la política de paz será una política de Estado y, por consiguiente, vinculará a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público. De la política de paz hará parte la cultura de paz total, reconciliación y convivencia.
En ese marco se desarrollarán dos tipos de procesos: 1. Negociaciones con grupos armados al margen de la ley con los cuales se llevarán a cabo diálogos de carácter político; y, 2. Acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr el sometimiento a la justicia y su desmantelamiento. Para este proceso se contempla la creación de una instancia de Alto Nivel (Ministro de la Defensa y Alto Comisionado para la Paz) con el objetivo de determinar cuáles de esas estructuras pueden beneficiarse de esta ley.
Con el telón de fondo de la seguridad humana y la paz total, el gobierno inició simultáneamente varios procesos de diálogo. En primer lugar, se retomó el truncado diálogo con el Ejército de Liberación Nacional – ELN –, terminado en enero de 2019 por el gobierno Duque, y se dispuso una nueva fase de conversaciones en noviembre de 2022 en territorio venezolano. Las delegaciones del Gobierno Nacional y del ELN acordaron reanudar los encuentros a partir de la agenda trazada en los diálogos sostenidos bajo mandato de Juan Manuel Santos.
El segundo ciclo se dio en México durante tres semanas, y el tercer ciclo inició el 2 de mayo en Cuba. Actualmente la mesa avanza con una nueva agenda denominada “Acuerdo de México”, que retomó la pactada con el Gobierno de Santos en 2016, mostrando avances sobre el punto de la participación de la sociedad en la construcción de paz y anunciando que se dieron primeros pasos en el tema del cese el fuego de carácter nacional y bilateral, entre otros resultados.
Aunque se han presentado hechos de mutuo hostigamiento en el territorio nacional, tanto el Gobierno como la delegación del ELN señalaron que la mesa no se levantará. Todo parece indicar que este proceso avanza sólidamente e incluso el Senador Iván Cepeda anunció recientemente que en las negociaciones no solo buscan pactar la paz con el ELN sino llegar a un Acuerdo Nacional que concilie a todos los sectores del país, para lo cual se necesita una gran disposición de los sectores que históricamente se han opuesto a la salida política y negociada del conflicto armado, para participar genuinamente en esta propuesta del gran acuerdo nacional por la paz y la reconciliación.
Y es que en septiembre del año pasado el Alto Comisionado para la Paz, hizo público el inicio de tres procesos de diálogo con voceros de las estructuras criminales del Clan del Golfo; con las disidencias de las FARC comandadas por Gentil Duarte e Iván Mordisco autodenominadas Estado Mayor Central; y con la Segunda Marquetalia, disidentes de FARC que estuvieron en las negociaciones de La Habana, liderados, entre otros, por Iván Márquez, respecto de las cuales “No se descarta la posibilidad de darle estatus político”, como lo ha afirmado el ministro de Justicia Néstor Osuna, al señalar que ha hecho algunos gestos de buena voluntad, como la liberación de dos secuestrados en Nariño. A juicio del Alto Comisionado los avances han sido “importantes, pero casi invisibles” aunque es optimista de los efectos positivos que traería para los pobladores de las regiones donde hacen presencia tales grupos.
A comienzos de mayo, el gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las FARC decidieron aplazar el inicio de conversaciones dado que aún faltan aspectos por precisar como los mecanismos de participación y el levantamiento de las medidas de restricción de la libertad para los voceros que harán parte de esa mesa.
Con relación al Clan del Golfo, la situación mostraba avances interesantes luego de que se conociera, por parte de ese grupo, la designación de los abogados que estarían representándolos en la mesa de conversaciones con el Gobierno para el proceso de sometimiento y se anunciara que se pasaría a construir el protocolo para el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. No obstante, con la decisión del Gobierno Nacional de suspender el cese el fuego bilateral y con las recientes declaraciones del Ministro de Justicia que fue tajante en manifestar que lo único que les queda es la ley de sometimiento, este proceso entró en una gran indefinición pues, mientras sus voceros siguen manifestando que se les debe reconocer el status político, el Alto Comisionado – a finales de abril- ha descartado la posibilidad de retomar el cese el fuego bilateral con esa agrupación.
Pese a los avances en la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno y el ELN, en varias regiones del país el fragor de las hostilidades no cesa y, por el contrario, se han intensificado, con las nefastas consecuencias para la población civil. Esto se evidencia en departamentos como Antioquia, Arauca, Chocó (región de los ríos San Juan y Baudó), Nariño y Norte de Santander (región del Catatumbo); mientras se conoce una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en la que advierte que la Segunda Marquetalia busca apoderarse de la región del Sumapaz en Cundinamarca. Varias comunidades reclaman la implementación de acuerdos humanitarios mientras se desarrollan los diálogos en la Mesa.
Por otra parte, suspender las conversaciones con el Clan del Golfo, causo que, en las regiones con presencia de este grupo las comunidades vivan en mayor zozobra y las violaciones a sus derechos se vean incrementadas. Lo que sucedió en el bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba, en el marco de lo que se conoció como el paro minero, da muestras del poder criminal de este grupo, el que, con intimidaciones, amenazas y confinamientos, obligó a muchas comunidades a participar en el paro, con el propósito de evitar que se afectara la minería ilegal que a gran escala ejerce en la región con la utilización intensiva de maquinaria pesada que ha implicado una verdadera emergencia ambiental y social cuyos efectos perdurarán por muchos años.
Resulta audaz y pertinente la propuesta de ligar el tema de paz a la vigencia de los derechos humanos, a la dignidad del ser humano y a las reformas políticas y económicas necesarias para la vida en condiciones de equidad. La seguridad humana y la paz total parecieran encontrar solidez y contenido en tales propósitos. Sin embargo, no se vislumbra todavía en el corto o mediano plazo cómo hará el gobierno del cambio para que los procesos de paz prosperen y vayan más allá del desarme y la reintegración de combatientes, para avanzar a niveles superiores de un Estado garantista de los derechos fundamentales de la inmensa mayoría olvidada estructuralmente por los anteriores gobiernos.
El proceso con el ELN tiene el acierto de haberse retomado a partir de los acuerdos alcanzados hace un par de años. Ello tiene sentido y le permite ahora avanzar con mayor solidez. No obstante, el país de las regiones que viven de verdad el rigor del conflicto armado, está a la espera de que los diálogos avancen en medio de un cese bilateral de hostilidades. Tanto para el proyecto político del ELN como para el gobierno Petro, un cese bilateral le daría muchos réditos políticos y alivios concretos a las poblaciones marginadas que sobreviven en medio del conflicto.
Los procesos con las disidencias de las FARC requieren especial cuidado y atención, de lo contrario podrían truncarse. El Alto Comisionado se le ve apurado en medio de tantas reuniones, dentro y fuera del país, por lo que pareciera requerir con urgencia ampliar su equipo, vinculando personas con experiencia política en negociaciones de paz. Tal vez la idea de Comisionados de Paz Regionales (como lo contempla la ley 2272), con gente de las regiones que conozca las dinámicas locales, pueda ayudarle al Alto Comisionado a imprimirle mayor celeridad a los procesos. El Gobierno debe considerar que, en esta misión de construir una paz con contenido social, resulta mejor saber esperar; el apresuramiento por mostrar resultados puede conducirlo a errores que afecten gravemente los procesos.
Aunque es temprano para emitir juicios sobre el avance de la paz total, hay que reconocer que la solución negociada al conflicto social y armado que por tantas décadas ha soportado el país, sigue siendo una aspiración legítima y una necesidad inaplazable para el pueblo colombiano. En tal sentido, la propuesta de paz total es un significativo avance frente al gobierno anterior y está bien orientada a lo que el momento histórico demanda. Sin embargo, las comunidades esperan que esa propuesta de la paz total y que, como resultado de los procesos de diálogo, sus vidas y sus regiones superen la crisis humanitaria, gocen de garantías efectivas para el ejercicio de los derechos humanos, cese la violencia, sus voces sean escuchadas y sus propuestas implementadas.
La construcción de paz es un deber de todos y todas si soñamos un país mejor para las generaciones por venir, por lo que se espera que estos diálogos lleguen a feliz término. Sin embargo, también es necesario estar alerta y mantener una mirada crítica sobre los mismos, de modo que los vaivenes de la política o las presiones non sanctas, no impliquen una nueva frustración colectiva y el reciclaje infinito de violencias más degradadas.
[1] A través de esta ley se dio la séptima prórroga y modificación a la ley 418 de 1997, promulgada para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia