El incremento de la violencia y la pandemia evidencian la grave situación de derechos humanos en el país – Informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre Colombia
Imagen tomada de: ONUDerechosHumanos
Este 23 de febrero, la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, presentó el Informe Anual de monitoreo y observación a la situación de derechos humanos durante el año 2020, en el que además de situar la situación en el contexto de emergencia sanitaria que trajo la pandemia de Covid-19, revela la grave situación de derechos en el país por la creciente ola de violencia y la preocupación por los pocos avances en la implementación del Acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc-EP.
La pandemia de Covid-19 sitúa uno de los aspectos destacados en el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, pues la emergencia sanitaria tuvo un mayor impacto en las comunidades más vulnerables dejando en evidencia no solo un sistema de salud precario al que pocos tienen acceso, sino también la ausencia del Estado tanto para personas de bajos ingresos, mujeres y quienes habitan en zonas rurales como pueblos indígenas y afrodescendientes, afectando gravemente el derecho a la salud. Además de esto, denota el aumento de la violencia la violencia intrafamiliar, producto del aislamiento, “durante la pandemia se realizaron 21.602 llamadas por violencia intrafamiliar en la línea 155 de orientación, un aumento de 103% respecto al 2019 y entre enero y agosto de 2020, la Defensoría del Pueblo, activó la ruta de atención en 388 casos de violencia contra personas LGBTI”, dijo la representante Juliette de Rivero.
Uno de los grandes desafíos que ha dejado la pandemia y que ha identificado el informe es la agudización de las desigualdades, pues en este, Colombia aparece entre los dos países con mayores niveles de desigualdad en la región. Sin embargo y frente al contexto social y económico que atraviesa el país, la Alta Comisionada valora como un gesto humanitario emblemático el anuncio de otorgar protección a la población migrante Venezolana durante 10 años.
Además de esto, el informe subraya también la grave situación de violencia que afecta a territorios, comunidades y municipios del país. Según el informe hubo una intensificación de la violencia y aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no estatales y grupos criminales. Durante el año 2020, la Oficina de la Alta Comisionada documento 76 masacres y sigue investigando 5 más, producto de estas murieron 292 personas, entre ellas 6 niñas, 18 niños, 23 mujeres, 7 indígenas y 10 afrodescendientes. La representante Juliette de Rivero dijo que, “desde el 2018 el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014”.
La violencia en varios territorios del país causó 94 eventos de desplazamiento masivo, afectando a 25.366 personas, en su mayoría en Antioquia, Chocó y Nariño. Por su parte, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia en 2020, verificó el asesinato de 73 excombatientes de extinta guerrilla de las Farc-EP, cifra que aumenta a 248 asesinatos desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016. En Colombia, las zonas más afectadas por el aumento de la violencia, son los territorios de los pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos de Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Nuevamente la Oficina de la Alta Comisionada evidencia la desprotección de las poblaciones y sus liderazgos frente a la ausencia del Estado, limitando su deber de garantizar el derecho a la vida, derechos económicos, sociales, culturales y el acceso a la justicia.
La Representante recalca que defender los derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo, “la Alta Comisionada recibió información acerca de 795 amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, 67% de las víctimas fueron hombres, 26% fueron mujeres, mientras que 2% pertenecían a la población LGBTI”. Según la Defensoría del Pueblo 182 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el 2020. Los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurren principalmente en zonas rurales, zonas urbanas y ciudades en donde la presencia del Estado es insuficiente. Respecto a la protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos, se reconoce el trabajo de la Unidad Nacional de Protección por parte de la Alta Comisionada, “no obstante, algunos retrasos en la notificación de decisiones, en la implementación de las medidas de protección y en la idoneidad de las mismas, especialmente en zonas rurales, incrementaron los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos”.
La verdad, la justicia y la reparación para las víctimas también se ha visto amenazada por quienes buscan desacreditar la imparcialidad y la independencia de las instituciones nacientes de los Acuerdos de Paz, como la abolición de la Jep presentada en octubre de 2020. No obstante, la Oficina de la portavoz de la Alta Comisionada, comunicó su aprobación frente a los avances en la investigación de los casos conocidos como falsos positivos. De igual forma, la representante Juliette de Rivero, reconoció la labor de los grupos de víctimas y ONG ‘s que luchan contra la impunidad para obtener justicia, “su contribución es esencial para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación”.
El informe también señala que en el 2020, la Oficina de la Alta Comisionada “recibió información sobre 42 casos de privaciones arbitrarias de la vida en las que habrían estado vinculados miembros de la Fuerza Pública y autoridades penitenciarias”. Esto resultó en la muerte de 73 personas, 2 mujeres, 7 niños, 3 indígenas, 5 afrodescendientes y 2 LGBTI. “13 de los 42 incidentes documentados ocurrieron en el contexto de protestas, incluyendo incidentes de uso de la fuerza excesiva en Bogotá el 8 y 9 de septiembre”. Frente a las manifestaciones pacíficas, la Alta Comisionada llama a las instituciones del Estado a responder conforme a las normas y estándares internacionales, con énfasis en la policía quien debe integrarse en línea a esto para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en casos de abuso.
La Alta Comisionada recomienda y exhorta al Estado colombiano a que duplique esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del acuerdo de paz, reforzando las garantías de seguridad, desplegando una presencia integral del Estado en los territorios más afectados por la violencia, intensificar la reforma rural y avanzar con la transformación territorial. El informe reitera la necesidad de garantizar el derecho al territorio para las comunidades étnicas. También reitera un llamado a los grupos armados no estatales a que respeten el Derecho Internacional Humanitario y que cesen hostilidades. Por último se invita al Estado colombiano a ratificar y a implementar el Acuerdo de Escazú, sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Para la Oficina de la Alta Comisionada, el año 2021 es un año de oportunidades para Colombia, “la principal de ellas, es la capacidad que tenga la sociedad y el Estado de recibir, escuchar y conocer la verdad entregada por la Comisión”, pues este año se recibe el informe de la Comisión de la Verdad, un aporte significativo en la lucha contra la impunidad y en la construcción de una verdadera reconciliación y respeto pleno de los derechos humanos.
Para conocer el informe completo, sigue el enlace al documento PDF:
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2020