La urgente necesidad de prorrogar la Ley 1448 de 2011
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[Fotografía Semana]. (Nación, 2013). Archivo Semana.
En el momento de creación de la ley 1448 del 2011 se estimaba que el problema de despojo en Colombia involucraba un total de seis a ocho millones de hectáreas. El Estado colombiano se propuso como objetivo restablecer dos millones de ese universo a las víctimas de despojo y desplazamiento forzado. Hasta el momento solo ha podido restituir poco menos de 350 mil hectáreas en todo el país, lo que no alcanza a ser ni una cuarta parte del objetivo planteado. El 10 de junio del 2021 finalizarán los 10 años de vigencia de dicha ley y al ritmo que lleva, la Unidad de Restitución de Tierras -URT- no habrá podido resolver la totalidad de las solicitudes de restitución presentadas por las víctimas del conflicto armado.
A escasos dos años de terminar la vigencia de la ley 1448 de 2011, no se han tomado las medidas necesarias para satisfacer y restablecer de manera integral los derechos de las víctimas. Pues según el informe de la Comisión Colombiana de Juristas, Cumplir metas, negar derechos: balance de la implementación del proceso de restitución de tierras en su fase administrativa 2012-2017, la Unidad de Restitución de Tierras, inscribió un total de 22.711 solicitudes en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), pero negó la inscripción de 40.254, es decir, que el 63% de las solicitudes no fueron estudiadas de fondo y se rechazaron de plano.
Además de ese amplio margen de negación de justicia, los reclamantes de tierras no cuentan con las garantías necesarias de retorno y las familias que han retornado como consecuencia de la política o por cuenta propia, padecen un escaso acompañamiento por parte de las instituciones; en un elevado porcentaje de casos, no se ha dado efectivo cumplimiento a las órdenes de fallos favorables.
En este contexto, preocupa la ausencia de una propuesta por parte del Estado que permita la prórroga del tiempo de ejecución de dicha ley. Por el contrario, la URT se ha esforzado por entregar resultados en desmedro de la calidad de sus análisis y de un enfoque de derechos; el Gobierno de Juan Manuel Santos evidenció su voluntad de acabar lo más pronto con la política de restitución al emitir el decreto 1167 de 2018 que dio por finalizadas las solicitudes por vía administrativa yendo en contra del propio diseño original de la ley. Así, se otorgó un último plazo de tres meses a las personas que quisiesen ser incluidas en el RTDAF, plazo que feneció varios meses atrás.
Uno de los principales obstáculos del proceso de restitución ha sido la ocupación de los predios por parte de terceros, quienes deben demostrar la buena fe en la adquisición de esos territorios, acreditando el desconocimiento de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las comunidades. No obstante, lo que se ha venido identificando es que muchas empresas agroindustriales, de hidrocarburos y terratenientes, se vieron beneficiados por el conflicto armado y emprendieron proyectos económicos en sectores donde la violencia ha sido aguda y permanente; así mismo, es importante resaltar que no hay avances significativos en las investigaciones que se han iniciado en contra de funcionarios y servidores públicos que adquirieron predios a precios insignificantes o que contribuyeron a la legalización de este tipo de despojo.
En el caso particular de Mapiripán, cuyas víctimas han sido acompañadas por Humanidad Vigente, se ha podido evidenciar que la multinacional de palma de aceite, Poligrow, se ha visto beneficiada del despojo del que fueron víctimas los habitantes del municipio, quienes se vieron obligados a vender a bajo costo sus terrenos. De tal forma, la multinacional puso en marcha un megaproyecto agroindustrial, el cual también ha traído serias afectaciones a nivel socio ambiental y hasta el día de hoy niegan haberse visto favorecidos por el conflicto armado, desconociendo de manera tajante la consecuencias y las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se cometieron en contra de la sociedad civil gracias a la colaboración entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares.
Además de ello, los gobiernos de turno han venido gestionando proyectos de ley que buscan otorgarles un salvoconducto jurídico en el acaparamiento de tierras para continuar con la agroindustria palmera como el modelo tipo de desarrollo para el campo colombiano, sin que asuman su responsabilidad o rindan cuentas frente a su presunta participación en el conflicto armado.
Ante tal panorama, rodeado por el asesinato, la persecución y las amenazas en contra de las y los reclamantes de tierras, las organizaciones sociales y de derechos humanos que hemos acompañado los procesos de restitución de tierras, hemos solicitado de manera urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exhorte al Gobierno colombiano para que decrete la prórroga de la ley, a fin de garantizar los derechos de las víctimas y las comunidades afectadas por el conflicto armado, en aras de satisfacer los derechos de quienes se vieron obligados a abandonar forzadamente sus territorios, y que constituyen la tragedia humanitaria más aguda del país en las últimas décadas.