Acceso a la justicia y restitución de tierras
Debido al acompañamiento que realiza Humanidad Vigente al proceso de restitución de tierras en el departamento del Meta y específicamente en el municipio de Mapiripán, se ha podido comprobar que el principal embudo en la restitución de tierras se encuentra en la fase administrativa, evidenciando el altísimo nivel de negaciones al derecho a la restitución de tierras en dicha fase que a nivel nacional ronda el 64% de las solicitudes.
El pasado 27 de septiembre la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- presentó el informe Cumplir metas, negar derechos realizando un análisis de la implementación de la fase administrativa de la restitución en el período 2012-2017. Con rigurosidad, la CCJ demuestra que hubo un cambio abrupto entre un primer período 2012-2014 y un segundo período 2015-2017. Básicamente, en el segundo período la Unidad de Restitución de Tierras dobló el cumplimiento de sus metas. No obstante, detrás de los “buenos resultados” se esconde un cambio inusitado en los indicadores de cumplimiento al tiempo que las negaciones al derecho de la restitución aumentaron y fueron asumidas por la URT como una forma exitosa de darle trámite a las solicitudes. Es decir, se procesaron más rápido las solicitudes pero hubo un incremento sustancial en las diferentes modalidades que niegan la restitución a los reclamantes (no inicio de estudio formal, no inscripción en el Registro y desistimiento tácito).
En el lanzamiento del informe, la Procuraduría compartió algunas cifras que serán publicadas próximamente y que coadyuvan las afirmaciones de la CCJ. Según sus indagaciones, 23 municipios del país tendrían un porcentaje de negación por encima del 50%. Mapiripán es uno de ellos, cuyo índice de negación rondaría el 77%. Es decir, aproximadamente ocho de cada diez reclamantes de tierras en Mapiripán no han superado la fase administrativa.
El 19 de noviembre de 2018 se realizó un Foro Académico en Villavicencio sobre la restitución de tierras en el Meta, organizado por varias organizaciones de víctimas y de derechos humanos[1], en donde nuevamente se puso de presente los obstáculos que encuentran las víctimas en el trámite ante la Unidad de Restitución. Dentro de las causales más comunes de negación se identifican: (i) la relación entre el despojo/abandono con el conflicto armado; (ii) la relación jurídica de los solicitantes con la tierra; y (iii) los desistimientos tácitos.
Humanidad Vigente puso de presente el caso de un reclamante de Mapiripán que fue víctima de secuestro y tortura en una incursión previa de los paramilitares a la Inspección de La Cooperativa y que luego, con posterioridad a la masacre de julio de 1997, salió desplazado de esta misma localidad. Tan sólo dos meses después del desplazamiento, una persona con pleno conocimiento de su situación le ofrece comprar su tierra a lo que la víctima accede ante la premura económica que atravesaba.
Para la Unidad de Restitución este caso constituyó una “libre transacción” porque el comprador no hacía parte de los grupos armados y tampoco amenazó o violentó a la víctima para que le vendiera el predio. Sin embargo, esto constituye un análisis restrictivo de la categoría de despojo que desconoce esfuerzos previos como los de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, según los cuales el despojo se configura con independencia del uso de violencia directa. Específicamente categoriza un tipo de despojo de “acto ilegal de enajenación entre particulares” cuyo rasgo distintivo es el vicio de consentimiento al momento de celebrar el contrato.
Para Humanidad Vigente este caso constituye despojo porque hay una situación de violencia previa a la compraventa, un aprovechamiento de esta situación de violencia, también se le privó arbitrariamente el derecho que tenía la víctima sobre el bien, y además el negocio fue contrario a su voluntad o expectativa, lo cual se demuestra por la constatación de que dicha compraventa no se hubiera realizado si no hubiera existido la violencia y un contexto de amenaza que le imposibilitaba retornar a su territorio.
Para las víctimas reclamantes de restitución, este caso es ilustrativo de una situación reiterada. La Unidad de Restitución está resolviendo la inscripción en el Registro sobre criterios restrictivos, con escaso o nulo material probatorio y, en algunos casos, dirimiendo problemas jurídicos que serían propios del escenario judicial y no del administrativo. De otro lado, en el afán de presentar resultados, se declaran desistidas tácitamente solicitudes luego de llamar al celular en dos oportunidades a las víctimas, quienes incluso se enteran del desistimiento uno o dos años después de haber sido declarados, tiempo durante el cual sus procesos han sido congelados.
El decreto 1167 de 2018 que limitó unilateralmente el tiempo en que las víctimas pueden presentar solicitudes de restitución (para zonas ya microfocalizadas feneció el pasado 11 de octubre), representa un obstáculo para corregir los errores de las víctimas o de la propia unidad al momento de resolver las solicitudes. Si la Unidad de Restitución pretende revocar una resolución que negó arbitrariamente el derecho y ya se venció el término para la revocatoria directa (cuatro meses), sólo podía hacerlo a través de la radicación oficiosa de una nueva solicitud, pero esta vía habría sido clausurada a raíz del decreto 1167.
La negación generalizada de la restitución en etapa administrativa y el bloqueo de las posibilidades para corregirla, constituye una abierta vulneración al derecho de acceso a la justicia para las víctimas de desplazamiento forzado, cada vez más escépticas frente a un proceso novedoso de justicia transicional que generó grandes expectativas pero que a tres años de su terminación formal parece estar más cerca de la profecía de una legalización del despojo, un borrón y cuenta nueva.
[1] Corporación Retoños, -Corporación Jurídica Yira Castro, Mesa Departamental de Participación Efectiva del Meta, Programa para la población desplazada, Humanidad Vigente. Con el apoyo de GIZ.