¿“Cariño” para las víctimas?
Foto tomada de: Fundación Forjando Futuros
Dentro de las 203 propuestas de gobierno que hicieron Iván Duque y Marta Lucía Ramírez no aparece una sola mención a las víctimas del conflicto armado y mucho menos a la restitución de tierras[1]. Las únicas menciones al campo insisten en la articulación de los pequeños productores a la agroindustria (el ratón y el queso) y en la seguridad jurídica para la inversión y la propiedad. Y si se recuerda que durante los dos mandatos de Álvaro Uribe se llegó al absurdo de negar la existencia misma del conflicto armado y de la responsabilidad del Estado en la comisión de graves crímenes. Todo pareciera indicar que el “pupilo” dará continuidad al negacionismo de su mentor en estas materias.
La Ley de víctimas y de restitución de tierras está lejos de ser una política para la transformación estructural de la realidad de las víctimas y de los territorios afectados por el conflicto. Un rápido análisis a las cifras que sobre el tema ofrece el propio gobierno, permite evidenciar que menos del 10% de las 8’695.848 víctimas registradas han sido reparadas administrativamente[2] y que sólo alrededor de 300 mil hectáreas han sido restituidas, pero de estas el 60% corresponden a 10 fallos que favorecieron a comunidades étnicas[3]. Lo anterior indica que la meta inicial de dos millones de hectáreas restituidas no podrá alcanzarse, pues al programa apenas le restan tres años para cumplir el término de los diez años de vigencia establecido en la ley de víctimas y restitución de tierras.
No obstante, la política de víctimas y restitución representa un pequeño avance en el reconocimiento de la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con las víctimas que este produjo por acción directa de sus agentes o por la grave omisión frente a su deber de garantía de los derechos humanos de la población, a la que simplemente abandonó a su suerte. También la restitución abrió una ventana de posibilidad a miles de familias que vieron en ella una esperanza para recuperar lo que violenta e injustamente les fue despojado.
De ahí que resulte preocupante el arribo al poder del Centro Democrático, abanderado por personajes con profundo arraigo en los sectores latifundistas, muchos de ellos con probados vínculos a estructuras del paramilitarismo, quienes han manifestado públicamente su oposición a la restitución de tierras y que incluso aún sin asiento en el poder, se atrevieron a desafiarla abiertamente en 2016. A mediados de ese año, en Sabanas de San Ángel (Magdalena) y San Alberto (Cesar), epicentros de la violencia paramilitar en el Caribe, se impulsaron audiencias públicas presididas por José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, y acompañadas por el entonces Procurador Alejandro Ordoñez, quien todavía no había sido destituido. En la primera audiencia, ante la presencia del Ministerio de Agricultura y de la Unidad de Restitución de Tierras, estos adalides del “respeto a la institucionalidad” se declararon en abierta rebelión contra la restitución, tildándola de ser una estrategia de gobierno para entregarle los territorios a la insurgencia[4].
Tras el maquillaje ideológico del respeto a la propiedad, se advierte una intención concreta de modificar el procedimiento de restitución de tierras y eliminar las salvaguardas vigentes en favor de las víctimas, como la inversión de la carga de la prueba y las presunciones de despojo. De manera que no es sólo una preocupación porque la restitución se extinga en una sequía de financiación, sino que sea alterada fatalmente a través de un Congreso controlado totalmente por el Ejecutivo. Justamente corrió el rumor de que Lafaurie integraría la comisión de empalme del nuevo gobierno con la Unidad de Restitución de Tierras.
No obstante, la posición de Iván Duque como senador no era la misma que la de sus copartidarios. En un debate de control político de septiembre de 2015, el entonces senador reclamaba al gobierno una visión integral frente a la restitución, que en sus palabras: “tiene que verse como una intervención integral en el sector rural… ligada con las oportunidades que se den en materia de bienes públicos en el sector rural. De nada sirve entregar la tierra y que ese propietario no tenga acceso a educación, a salud, a servicios públicos, a empleo y por supuesto a seguridad”. Incluso, calificó de populista a Santos por hacer grandes promesas a las víctimas y al sector rural al tiempo que reducía en un 39% el presupuesto del Ministerio de Agricultura para la vigencia del año 2016 (señalando que era incluso menor al del año 2014) y dedicaba apenas “el 1.2% de los recursos del Plan de Desarrollo [2015-2018]… para la garantía y goce de las víctimas”.
Por supuesto, estos reclamos hacen parte de la cómoda y cínica “oposición” que ejerció el Centro Democrático a un gobierno cuyas políticas económicas neoliberales y extractivistas fueron la continuidad de las delineadas por Alvaro Uribe. Los dos gobernaron en favor de los más ricos y de las grandes corporaciones, al tiempo que redujeron de manera significativa la inversión social. Aun así, sus palabras quedaron grabadas y servirán para que las organizaciones de víctimas exijan al gobierno entrante un compromiso y una visión integral con la restitución y con el incremento del presupuesto para el Ministerio de Agricultura. No para repetir la experiencia de Agro Ingreso Seguro, sino para dotar de bienes y servicios los territorios, avanzar decididamente en la restitución e implementar los PDET.
Finalmente, aunque no estuviera en su programa, Iván Duque sí se dirigió a las víctimas durante su campaña: “le vamos a dar cariño a las víctimas”, anunció. Lo escabroso del asunto es que después del 17 de junio, fecha en la que Duque resultó ganador, han sido asesinados entre 15 y 22 defensores de derechos humanos y cada día se siguen contando más[6]. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –INDEPAZ- 116 líderes sociales han sido asesinados en lo transcurrido del presente año, al tiempo que la Defensoría del Pueblo tiene registradas 311 víctimas desde enero de 2016 hasta junio de 2018, donde ser líder de restitución de tierras figura como uno de los tres perfiles que concentran el 60% de la victimización[7]. La pregunta que surge entonces es: ¿A qué se refería el próximo presidente de Colombia cuando afirmó que “le vamos a dar cariño a las víctimas…”?
[1] https://s3.amazonaws.com/ivanduquewebsite/static/propuestas.pdf
[2] “Menos del 10% de las víctimas del conflicto han sido reparadas”, Caracol Radio, 05 de julio 0218, disponible en: http://caracol.com.co/radio/2018/07/06/nacional/1530834753_712839.html.
[3] “Incertidumbre rodea proceso de restitución de tierras”, Portal Verdad Abierta, 10 de julio de 2018, disponible en: https://verdadabierta.com/incertidumbre-rodea-proceso-restitucion-tierras/.
[4] “La pelea entre Ordóñez y Santos por la restitución de tierras”, El Espectador, 10 de abril de 2016, disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/politica/pelea-entre-ordonez-y-santos-restitucion-de-tierras-articulo-626376
[5] “Senador Ivan Duque hablando sobre restitucion de tierras”, Youtube, publicado el 15 de septiembre de 2015, Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=wI6kK9R_VwE.
[6] “Asesinato de líderes sociales: una crisis humanitaria”, Portal Verdad Abierta, 06 de julio de 2018, disponible en: https://verdadabierta.com/asesinatos-de-lideres-sociales-una-crisis-humanitaria/
[7] “Defensoría y ONG lanzan dura alerta por asesinatos de líderes sociales”, RCN Radio, 05 de julio de 2018, disponible en: https://www.rcnradio.com/colombia/defensoria-y-ong-lanzan-dura-alerta-por-asesinatos-de-lideres-sociales.