Verificación de Cese al Fuego viaja a Magui Payan
Desde hoy hasta el 8 de diciembre el Comité de verificación al cese del fuego entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional -ELN- estará en el municipio de Magüí Payán, departamento de Nariño, lugar donde el pasado 27 de noviembre se presentó una masacre que dejó al menos 14 muertos. Colombia Informa está allí y en su primer reporte advierte que la Comisión reclamó la acción preventiva del Gobierno Nacional ya que esta madrugada hubo una incursión paramilitar cerca a la zona de ingreso de Magüí Payán.
El anuncio fue realizado en conjunto por 75 organizaciones sociales que hacen parte de la Red de Veeduría al cese del fuego entre el Gobierno y el ELN. La Comisión de verificación tiene como propósito “recoger testimonios de la sociedad civil y organizaciones sociales sobre lo sucedido el pasado 27 de noviembre en dicho municipio, en donde en hechos confusos, se presentaron un número indeterminado de víctimas, entre ellos Edinson Ortiz, representante legal del consejo comunitario Manos amigas”.
Su objetivo, además, acompaña en el departamento de Nariño a una comunidad que en los últimos dos meses ha presentado 18 asesinatos a indígenas, afrodescendientes y campesinos. Situación que según la Comisión “va en contravía de los compromisos que el Gobierno Nacional adquirió con la construcción de la paz y las garantías y condiciones para el desarrollo de la vida digna en los territorios”.
La preocupación incrementa debido a una incursión paramilitar que se presentó en la madrugada de este lunes, en el municipio de Patía, departamento del Cauca, donde la comunidad de Sidon fue amenazada por un grupo de hombres armados que se hicieron llamar “antiguos paras de ‘Nueva Generación’” al mando de Ramiro Caicedo -condenado por paramilitarismo y ahora en libertad-.
La zona de la incursión paramilitar está relativamente cerca a la de ingreso de la Comisión de verificación, por lo que se temen retaliaciones y violaciones a los Derechos Humanos en los próximos días. La Comisión reclamó “para que el Gobierno Nacional, las entidades departamentales, así como las organizaciones sociales, nacionales, internacionales y a la sociedad en su conjunto, esté atenta al desarrollo de la misión humanitaria de veeduría”.