Grave crisis de derechos humanos en Tumaco – Nariño.

Humanidad Vigente Corporación Jurídica, BEMPOSTA Nación de Muchach@s, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH – Nariño, y OXFAM, en calidad de organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan a las comunidades de Tumaco en el marco del proyecto “Fortaleciendo entornos protectores para los derechos y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes en alto riesgo en Catatumbo, Meta, Buenaventura y Nariño”, apoyado por la Unión Europea, rechazamos con vehemencia las agresiones de las que han sido víctimas los habitantes rurales del municipio de Tumaco, los asesinatos cometidos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en la zona y las afectaciones que este tipo de hechos generan en la vida de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Expresamos nuestra preocupación por la negligencia e indolencia con la que el Gobierno Nacional actúa frente a la delicada crisis humanitaria y de derechos humanos que se sufre en la región, especialmente en el municipio del Tumaco, producto del abandono histórico, la exclusión y la pobreza en la que mal viven estas comunidades.

En la zona de Alto Mira y Frontera en Tumaco, Nariño, en donde se cometió la masacre del pasado 5 de octubre,  y  ocho días después la Fuerza Pública hostigó a una comisión humanitaria que pretendía verificar lo sucedido, han aparecido nuevos grupos armados ilegales que ocupan los territorios anteriormente controlados por las FARC-EP, confinan a las comunidades, reclutan y utilizan forzadamente a los niños, niñas, adolescentes y  jóvenes, amenazan, desplazan y asesinan a quienes se oponen o consideran contrarios a sus intereses. La crisis de derechos humanos se agrava con el asesinato de José Jair Contreras, líder social, miembro de la junta de gobierno del Consejo Comunitario de esta misma comunidad, ocurrido el 17 de octubre.

La violencia ha impedido a las comunidades el normal desarrollo de todas sus actividades, entre otras, el desarrollo de las actividades escolares de los niños y niñas de la comunidad, ya que en razón a la situación de orden público las clases se han visto suspendidas vulnerando el derecho a la educación. La institución educativa de Alto mira y frontera tiene una cobertura con 24 sedes educativas en el territorio dejando esta grave situación  aproximadamente a más de 878 estudiantes sin clase y en medio de la zozobra y la indefensión.

Al tiempo que la respuesta del Estado es el incremento del pie de fuerza, dando tratamiento de enemigo interno a las comunidades y criminaliza el legítimo y constitucional derecho a la protesta y movilización social, lo que a la postre solo incrementa la violencia, mientras se soslayan las medidas sociales y estructurales que permitan solucionar de fondo la problemática.

Repudiamos y condenamos los hechos de sangre y violencia,  en los que fueron asesinadas siete personas, entre ellas, dos indígenas del pueblo Awá, y resultó herido un menor de edad, quien se encuentra recluido en un centro hospitalario de la región, pues dada la gravedad de la herida los médicos debieron amputarle una pierna y su estado de salud es reservado, así como el ataque realizado por parte de unidades policiales en contra de la misión humanitaria que el día domingo 8 de octubre pretendía verificar lo ocurrido en el lugar de la masacre.

Reclamamos a todas las instituciones del Estado que cumplan con su deber de garantes de los derechos de todas las personas y activar los mecanismos necesarios para proteger de manera especial a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en las veredas en las que se ejecutó, en su condición de sujetos de protección constitucional reforzada.

Solicitamos a la comunidad Internacional, establecer mecanismos de acompañamiento y constituirse en garantes de la implementación del acuerdo de la Habana, en especial frente al cumplimiento de los compromisos resultantes de los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Verdad y justicia es lo que hoy reclama el pueblo colombiano, que se esclarezcan los hechos, se sancione a los responsables y se repare a las víctimas.

Nos solidarizamos con las familias, organizaciones y comunidades en su dolor, y en la exigencia de garantías para sus derechos, al tiempo que exigimos acciones inmediatas y efectivas por parte del Estado, para que hechos como estos NUNCA MÁS vuelvan a presentarse.