El alcance del enfoque de género en el acuerdo de paz.

Uno de los puntos más controversiales para la firma final del Acuerdo de Paz alcanzado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC – EP, para la finalización del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera  firmado el 2 de octubre de 2016 en el teatro Colón de la ciudad de Bogotá fue el enfoque de género. Diferentes grupos políticos y religiosos se opusieron a este rebatiendo que este atenta contra la institución familiar y las creencias religiosas por lo cual se vio sujeto a varias modificaciones. Se puede decir que el enfoque de género fue algo destacable y novedoso respecto al Acuerdo de Paz, pero ¿qué es lo novedoso del enfoque de género? y ¿qué transformaciones sociales se espera lograr en términos de género o de violencia de género?

Con el nuevo enfoque de género se espera poder garantizar el acceso y la participación activa de las mujeres en lo pactado en el Acuerdo de Paz y establecer en la práctica el derecho a la igualdad y la no discriminación sin importar el sexo, la edad, las creencias religiosas, opiniones o identidad étnica; pero debido a los cambios, el enfoque de género se entiende de una manera muy reduccionista, ya que prioriza a las mujeres dejando de lado a la población LGBTIQ+.

Los derechos que el enfoque de género pretende garantizar ya están establecidos en la constitución política de 1991, en su artículo número 13, donde se ratifica que el Estado debe promover las condiciones para que se cumpla con este derecho eficazmente. ¿Podría garantizar el enfoque de género las condiciones para el cumplimiento de estos derechos?

La discriminación es una problemática en la que mujeres, hombres, y la población LGBTI+ están inmersos, pero esto ocurre debido a la existencia de la violencia cultural (patriarcado), la cual es el espacio en donde se han creado todos estos imaginarios diferenciadores entre hombres y mujeres en los que cognitivamente hombres y mujeres hemos limitado las capacidades del otro, generando un encasillamiento de lo que debería ser y hacer de acuerdo a nuestro identidad de género u orientación sexual.

Este tipo de violencia permea todos los espacios sociales en los que exista la interacción de sujetos y de poderes, según las Naciones Unidas “comparadas con los hombres, las mujeres colombianas tiene hoy un mayor nivel de formación: 9,4 años de educación en áreas urbanas por 9,2 de los hombres, y 6 años de escolaridad en zonas rurales por 5,4 de ellos. A pesar de esta ventaja, las mujeres en Colombia tienen menores tasas de ocupación, mayor informalidad y menos ingresos que los hombres. Estas diferencias se agravan en las zonas rurales y entre las mujeres en pobreza moderada y extrema”. Las mujeres a pesar de tener un nivel educativo más alto, ganan menos que los hombres y tienen menos oportunidades de conseguir un trabajo, al igual se cree que son ellas las que deben asumir las labores del hogar y del cuidado familiar, existe un desequilibrio evidente de poder y de funciones.

Los diferentes tipos de violencias culturales, no permiten que haya un cambio social significativo hacia esta problemática a pesar de la existencia de leyes que castiguen y penalicen este tipo de conductas y acciones. “Medicina Legal, informa que en lo corrido de 2017 se han registrado 204 casos de asesinatos de mujeres en diferentes regiones del país”, lo que demuestra que esta problemática no puede ser resuelta con el Acuerdo de Paz y unas leyes en las que muchas víctimas no se sienten representadas.

Es válido lo que el Acuerdo de Paz propone para permitir la participación de las mujeres y a otros sectores como la población LGBTIQ+, pero es una problemática que hemos heredado y si no se interviene de manera pedagógica y estructural, el alcance del enfoque de género y del Estado, será insuficiente para garantizar el cumplimiento de los derechos y lograr transformar una problemática socialmente-histórica.