Rechazamos intento de homicidio contra defensor de derechos humanos en Arauca
Comunicado público.
Bogotá 21 de febrero de 2017
Humanidad Vigente Corporación Jurídica, repudia el intento de homicidio del cual fue víctima el abogado y defensor de derechos humanos Francisco Javier Gómez Ayala, nos solidarizamos con él, su familia, las organizaciones y víctimas que acompaña y la comunidad araucana la cual han tenido que enfrentar y resistir al conflicto armado históricamente.
En la madrugada del día martes 21 de febrero de 2017, a las 3 de la mañana el abogado defensor de derechos humanos vinculado a la Asociación Campesina de Arauca – ACA – Francisco Javier Gómez Ayala, fue atacado con arma blanca mientras dormía en su domicilio ubicado en la capital del departamento, sufriendo cuatro heridas de gravedad que lo tienen en estado crítico.
De acuerdo al nuevo informe del Programa Somos Defensores titulado «Líderes Sociales contra las cuerdas» que será presentado este miércoles, se han documentado luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC – EP, 80 asesinatos y 49 atentados en contra de defensores de derechos humanos en el país.
Del total de casos 45 son atribuidos a grupos paramilitares; 3 a las guerrillas; 28 a desconocidos; y 4 a miembros de la Fuerza Pública. Estas alarmantes cifras y la sistematicidad de las agresiones no han sido reconocidas por el gobierno nacional y cada día la situación de defensores de derechos humanos es más crítica.
Exigimos se brinden las medidas necesarias que garanticen la vida, la permanencia en el territorio y el ejercicio del defensor de derechos humanos.
Exigimos una investigación inmediata y con resultados que permita la identificación y judicialización de los autores intelectuales y materiales del intento de homicidio del cual fue víctima el defensor de derechos humanos de Arauca, y que se esclarezcan los hechos en los que han perdido la vida y han sido agredidos defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, la sociedad y la comunidad internacional a exigir al gobierno nacional garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos y la participación de la sociedad civil en la implementación y diálogos con el ELN a fin de alcanzar una paz estable y duradera.