Comunicado conjunto de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres sobre los recientes hechos de feminicidios en la ciudad de Bogotá

Bogotá D.C., 4 de diciembre de 2015

 

ONU Mujeres y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresan su preocupación por los feminicidios cometidos en contra de nueve mujeres, evidenciados en los últimos días en Bogotá. Reiteran que los feminicidios representan la forma más extrema de vulneración de los derechos de una mujer, por el hecho de serlo, consistente en causarle la muerte.  Este grave delito acaba de ser tipificado de manera específica en la legislación colombiana a través de la Ley 1761 conocida también como «Rosa Elvira Cely» de 2015. 

Estos hechos suceden en plena celebración de los 16 días de activismo por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en medio de sentidas expresiones de rechazo provenientes tanto del Estado colombiano como de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil en general, de este tipo de violencia.  En tal sentido, es tanto más relevante llevar a cabo acciones decididas y sistemáticas para prevenir que sucedan estos graves hechos. Actualmente hay al menos 617 mujeres en riesgo de ser asesinadas, de acuerdo con información proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Legal. La violencia contra las mujeres y los feminicidios son inaceptables, se pueden evitar y se deben prevenir.

 

Los feminicidios, así como cualquier forma de violencia contra las mujeres constituye una grave violación de sus  derechos humanos, un atentado contra su dignidad e integridad y una vulneración flagrante de su derecho a una vida libre de violencia, lo que limita la garantía del conjunto de sus derechos fundamentales.

 

Igualmente recuerdan que el feminicidio y la violencia sexual afecta a miles de mujeres en Colombia que al día de hoy han sido víctimas de estos graves delitos, quienes siguen enfrentado serias barreras para acceder a la justicia y para lograr una respuesta rápida, efectiva y garantista de sus derechos por parte  sistema de justicia colombiano.

 

La omisión del Estado en la protección de la vida de todas estas mujeres es un tema central en estos luctuosos hechos. Hasta la fecha se evidencia una falta de resultados puntuales de la Fiscalía en la judicialización de la violencia sexual contra las mujeres tanto en el marco del conflicto armado como fuera de él.

 

Estos feminicidios son la consecuencia de la permisividad  social de la violencia contra las mujeres y de la falta de una intervención oportuna por parte de las instituciones, para protegerlas y  prevenir la ocurrencia de estas muertes que ensombrecen los avances de la sociedad colombiana, en transformar las condiciones culturales que generan la problemática.

 

ONU Mujeres y ONU Derechos Humanos recuerdan que todo homicidio de mujeres cometido y motivado por razones de género y discriminación hacia las mujeres, es un feminicidio; y que en Colombia, se evidencia un fenómeno de violencia en contra de la mujer de tipo estructural y sistemático, que se puede presentar en cualquier contexto, incluido el íntimo de la familia, en el ámbito de la pareja, en el medio laboral o en cualquier espacio de la vida cotidiana de una mujer. Todas estas formas de violencia contra las mujeres basada en el género surgen de la desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres, de estructuras de poder y control social de tipo patriarcal, que sitúan a las mujeres como subordinadas y en vulnerabilidad a la violencia.

 

Los recientes feminicidios confesados por Fredy Armando Valencia Vargas, en una audiencia de imputación de cargos y ante los medios de comunicación, quien aceptó haber asesinado a siete mujeres en el sector del cerro de Monserrate en Bogotá, demuestran en consecuencia la realidad de la situación de vulnerabilidad que afecta a las mujeres, por el hecho de serlo y en razón de su vulnerabilidad socioeconómica y situación de adicción a sustancias psicoactivas, elementos que en los casos de las víctimas se constituyeron en facilitadores de los feminicidios. 

 

Las dos Oficinas hacen un llamado a las instituciones competentes para que se actúe con la debida diligencia para que haya justicia para las mujeres víctimas de estos nuevos y atroces casos de feminicidio, sancionando a los responsables, transmitiendo a la sociedad colombiana un mensaje de repudio por estos hechos y buscando la aplicación de medidas para la no repetición.