Niños y niñas de Colombia frente al Comité de los Derechos del Niño en Ginebra (Suiza).

La Convención sobre los Derechos del Niño, que este 20 de noviembre cumple 25 años de haber sido adoptada, exige que cada Estado parte presente ante el Comité de Derechos del Niño un informe sobre la situación de las niñas y los niños en su país y las medidas y políticas desarrolladas para garantizar sus derechos. De igual forma organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos tienen la posibilidad de presentar un informe alterno al del Estado, el cual permita trazar un panorama profundo de la manera en que la Convención se aplica en cada país. El pasado lunes 16 de junio, durante la pre-sesión del Comité de los Derechos del Niño, organizaciones de la sociedad civil colombiana junto con un niño y una niña, en representación del Movimiento infantil por la defensa de los derechos de las niñas y los niños, presentamos nuestro informe alterno.

La participación infantil en este importante espacio internacional sirvió para decirle a los expertos que integran el Comité de los Derechos del Niño que en Colombia vivimos aproximadamente más de 17 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, siendo un grupo significativo del total de la población del país que supera los 45 millones de habitantes. Que en Colombia hay niños y niñas que:

• Son estigmatizados, señalados y calificados de «peligrosos», «problemáticos», «desobedientes», «delincuentes», «inútiles» porque no producen recursos, porque juegan y no son como las personas adultas.

• Mueren de hambre por falta de comida en sus casas, pero también por efecto de la pérdida de la seguridad alimentaria en los campos y ciudades, y por enfermedades que se pueden evitar por el mal llamado «paseo de la muerte».

• Reciben mala atención en los servicios médicos y espacios del Estado porque no tienen carnet de Seguridad Social o por la falta de cuidados especiales por parte de los cuidadores, de enfermeras y médicos. También por la intolerancia de los adultos a la cultura infantil.

• Son abusados sexualmente en sus entornos familiares y comunitarios, una gran mayoría es víctima de la Explotación Sexual Comercial en las grandes ciudades turísticas e industriales, otros padecen la violencia sexual por los hombres de los grupos armados como son las Farc, los paramilitares y la Fuerza Pública.

• Sufren discriminación por razón de su diversidad sexual, color de piel, etnia, procedencia, lengua, género, discapacidad o por la pobreza en que viven.

• Son reclutados por los grupos armados como combatientes y en el caso de las mujeres como esclavas sexuales o para la realización de labores y oficios domésticos. También por efecto del conflicto armado muchos niños y niñas del campo sufren del desplazamiento forzado, las minas antipersonales, trastornos sicológicos y desarticulación familiar.

• Reciben una mala educación, especialmente en los contenidos y procesos educativos, también en las infraestructuras y los recursos e educativas que están deteriorados, se los roban y son insuficientes, sobre todo en la zona rural. Persisten los castigos, las expulsiones, el control y la incomunicación con el cuerpo directivo y profesorado.

• Tienen dificultades para participar en los espacios cotidianos porque la mayoría de los adultos no les permiten ejercer este derecho, son excluidos, no son consultados ni tenidos en cuenta para la toma de decisiones en los espacios y cosas que les interesan. Se crean mecanismos como el gobierno escolar, las personerías estudiantiles, los consejos municipales de niños, pero no funcionan y se quedan solo como parte del decorado de la participación.

• Reciben mal trato de las oficinas y dependencias del Estado y del gobierno cuando realizan denuncias o solicitan servicios de atención y protección, son juzgados, se desconfía de la niñez que además es revictimizada.

• No se aplica efectivamente la justicia para proteger sus derechos y castigar a quienes los violan, tienen dificultades para formular denuncias directamente y cuando las hacen muchas de estas quedan en la completa impunidad.

• Son explotados laboralmente en calles y avenidas, en casas y empresas, en minas y negocios ilegales porque no reciben seguridad social ni paga justa y las labores que desarrollan son en condiciones que ponen en riesgo su salud, su integridad y educación.

• Viven en contextos y ambientes de inseguridad en sus casas, instituciones, comunidades.

• No conocen las políticas, programas y planes para la infancia que crean los alcaldes y el gobierno nacional, estas no son ampliamente difundidas entre los niños y niñas y no se nos rinde cuenta sobre sus logros. Las actividades que se desarrollan son recreativas y jornadas médicas y subsidios que no logran cambiar la situación de vida de la mayoría de niños y niñas pobres del país.

El diálogo infantil con los expertos del Comité también sirvió para solicitarles a estos:
• Recomendar al Estado y al gobierno el cumplimiento efectivo de las políticas y programas que ha creado para nuestra protección, esto implica que los funcionarios sean formados, nos escuchen y atiendan con calidad y respeto, que se cumplan las rutas de atención, protección y reparación. Que cambien las ideas que tienen de los niños y niñas porque somos ciudadanos y ciudadanas.

• Que haya mayor participación de niños y niñas en los procesos y espacios sociales y políticos, es decir, que podamos co-decidir con los adultos los programas, políticas y planes que se elaboran.

• Que se respeten todos nuestros derechos.

• Que se nos escuche en los diálogos de paz con los grupos guerrilleros y que se aplique la justicia, verdad y reparación a todos los niños y las niñas que han sido víctimas de la guerra.

• Que se mejoren los escenarios deportivos en los barrios y comunidades, que se invierta más en recreación y espacios lúdicos recreativos en campos y ciudades por igual.

• Que se apliquen medidas y programas para la prevención y sanción de la violencia sexual y las violencias contra niñas y niños.

• Que se creen mecanismos para la denuncia directa de niños y niñas en los espacios cotidianos y se ratifique el tercer protocolo facultativo.